El espíritu democrático y el Estado de Derecho

La importancia de la democracia es la importancia de entender verdaderamente que somos ciudadanos, que no somos animales, ni esclavos, y que la sociedad ya no es estamental ni está estructurada por clases, sino por ciudadanos. Es la importancia de entender que debemos defender nuestros derechos y nuestras instituciones y mantener los fines para las que han sido creadas, y esa es nuestra obligación como ciudadanos.

Mantenemos una admiración histórica a aquello que llamamos “el poder”. A lo largo de los tiempos hemos creado, desde el punto de vista político, instituciones que nos gobiernan ocupadas por personas a los que admirar o temer a modo de los antiguos dioses, semidioses o héroes  griegos y romanos. Mantenemos, con no poca frecuencia, una nostálgica sensación de que lo político es algo superior, y viene inspirado por lo divino o lo semihumano, que es incuestionable y que su actuación tiene como objetivo “ayudarnos en nuestras vidas”.

Se respira todavía en la sociedad una cierta nostalgia de aquella histórica admiración, una cómoda delegación de nuestras obligaciones, es sin duda más sencillo ser miembro del rebaño que un espíritu libre y democrático, que a veces se enfrente a lo “oficialmente digno” o “dignificado”. Una nostalgia que nos está ahogando poco a poco, asfixia el espíritu crítico y la capacidad de evolución, e impide romper con estructuras mentales y emocionales del pasado y abrir nuevos caminos, sobre todo cuando sabemos que el que seguimos casi por inercia, no es el adecuado. Una nostalgia que no desarrolla el espíritu democrático, no somos capaces de proteger nuestras instituciones y observamos impotentes que están siendo ocupadas por personajes muy lejanos del fin para el que se fundaron, sin que nadie haga nada por evitarlo.

No somos capaces de proteger nuestras instituciones y observamos impotentes que están siendo ocupadas por personajes muy lejanos del fin para el que se fundaron, sin que nadie haga nada por evitarlo

Es casi imposible frenar su uso fraudulento. El poder casi absoluto que hace que el Parlamento legisle a su gusto, a pesar de las criticas de importantes sectores de la sociedad, nos habla de una democracia ficticia, basada en mayorías ficticias que no responden a la realidad social, y que consiente llamar democrático a un Parlamento que desoye burdamente a un importante sector de la sociedad civil. Su tendencia a aumentar el control es percibido ya por todos los sectores de la sociedad. Sería fácil culpar a un partido político, encontrar a un único culpable o sólo a los políticos, pero el silencio y la inacción de la sociedad en general, de la prensa, de sectores de la sociedad civil que miran para otro lado hace de este sistema repleto de cómplices, un instrumento de destrucción de los principios democráticos y del verdadero Estado de Derecho.

(Imagen: Congreso de los Diputados)

Las leyes están configuradas para que los delitos que provienen de las personas que ocupan la instituciones tengan una escasa penalidad, rara vez pena de prisión, estando incluso algunos sin tipificar. No penaliza la ley por ejemplo,  la habitual desatención de los políticos de sus funciones, siendo habitual ver como no acuden a las cámaras. Recientemente fueron convocados representantes de enfermos de ELA y acudieron cinco parlamentarios, después de haberse trasladado a Madrid miembros de asociaciones y enfermos con serias dificultades de movilidad. Todo un insulto. Pues no pasa nada ni el daño causado tiene ninguna repercusión ni civil ni penal ni de ningún tipo.

Las leyes están configuradas para que los delitos que provienen de las personas que ocupan la instituciones tengan una escasa penalidad

Tampoco se penaliza el incumplimiento del programa electoral. Se les permite una insultante libertad de actuación sin ningún control del presupuesto ni del programa político, que lleva a veces al abandono de servicios públicos como la Justicia. El daño que produce la desatención de la Justicia es de una dimensión enorme. No solo a los funcionarios y profesionales, también a los ciudadanos. Es un daño que no ve ningún tipo de resarcimiento, no se va a hacer Justicia con todo lo que sufrimos por la desorganización y la desatención de la Justicia.

Podemos remitirnos penalmente a los delitos contra la Administración de Justicia contenidos en el titulo 19 del Código Penal, que lleva por título “delitos contra la administración pública”. Contiene tipos como la prevaricación, el cohecho, malversación y trafico de influencias entre otros. Contiene una escasa regulación, a todas luces insuficiente, para defender a los ciudadanos de los excesos de una administración más al servicio del poder que de la sociedad. Así, por ejemplo, el delito de prevaricación, que puede llevar a tomar decisiones con las que se puede arruinar la vida de una persona, ya no tiene pena de prisión sino de inhabilitación, favoreciendo así el caldo de cultivo de la corrupción y la impunidad ante el abuso de poder.

Tampoco hay una regulación concreta frente a los ataques a la división de poderes, se contemplan escasos supuestos, y con una baja penalidad, la realidad en nuestro país, supera la ficción. No se contempla una penalidad clara ni una definición de tipos frente a los ataques a la independencia del poder judicial, que a veces se realizan de forma general desde el propio Parlamento que, a modo de ‘Olympo de los dioses’, se cree con una dignidad moral superior al poder judicial al que ahora pretende fiscalizar, y hacer más dependiente del “verdadero poder”.

El nombramiento de magistrados por el Parlamento, como los presidentes de las Audiencias, miembros del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, la falta de dotación de medios a la Administración de Justicia, que es una forma de dificultar el desarrollo de los derechos fundamentales, las puertas giratorias y un largo, etc.,  son desde años elementos a tener en cuenta en el informe GRECO, el grupo de estados contra la corrupción, órgano del Consejo de Europa que emite informes sobre los elementos llamativos que pueden rebajar la calidad de la democracia en España y que interfieren en la división de poderes, sin que estos informes se tengan en cuenta hasta la fecha.

(Imagen: E&J)

En nuestra Constitución encontramos una serie de principios y valores superiores en su artículo 1. 2 como son la Justicia, la igualdad y el pluralismo político y la libertad, que no encuentran a lo largo de la misma, ni del ordenamiento jurídico, instrumentos eficaces para evitar la vulneración de estos principios siendo la realidad que en demasiadas ocasiones no se aplican. Ni la Constitución ni el resto de legislación han previsto un ataque desde dentro de las instituciones, al Estado de Derecho, y no prevén normas que protejan a la sociedad de graves vulneraciones a sus principios democráticos.

Hasta que no se lleve a cabo una reforma de las leyes, no se garantizará el Estado democrático. Leyes ineficaces como la ley electoral y la de partidos políticos, en la actualidad son utilizadas para vulnerar los principios democráticos, gracias a su escaso desarrollo y su errónea configuración. No hay una regulación suficiente contra los ataques a los principios esenciales de nuestro ordenamiento jurídico; por ello, su vulneración, no constituya a día de hoy ninguna infracción importante. Los políticos por otro lado, lejos de propiciar estas mejoras, están legislando para minorar las consecuencias de sus actos, como se ha visto recientemente con la reforma sobre la malversación.

Se puede decir que la jurisprudencia que es una fuente creadora a veces de legislación, ante la insuficiencia y la mala calidad en nuestras normas, en algunos aspectos podría cubrir este vacío, pero lo cierto es que no le corresponde a los jueces legislar, aunque ante situaciones de necesidad son bienvenidas sentencias que interpretan las leyes de forma más adecuada a la protección del estado de derecho.

La desatención de la Justicia está creando unos problemas enormes a los ciudadanos, que no ven resueltas sus pretensiones durante años. El retraso en los señalamientos por falta de medios causa perjuicios irreparables. A mí me ha señalado un juicio cinco años después del auto de medidas provisionales, en un procedimiento de divorcio. No solo la tardanza, también la excesiva burocratización, la falta de medios de organización, etc.

La falta de medios y dotación económica se agudiza más en el Turno de Oficio, donde la media que cobramos los abogados es de 170 euros por expediente. Y con esa cantidad debemos abonar los gastos de cobertura social, transporte, dietas…  El procurador de oficio cobra unos 30 euros. Un innecesario estrés diario se ha convertido en nuestra forma de vida, ante la falta de medios y las múltiples exigencias que provienen desde esa inhumana posición estamental que tanto añora el esclavismo y que tan lejana está de una verdadera democracia.

Este lunes abogados y procuradores de Ponferrada han iniciado sus bajas masivas del Turno de Oficio en civil, penal y social. (Imagen: Plataforma de abogados y procuradores de Ponferrada)

La situación de los juzgados por la falta de medios, la falta de jueces, la falta de organización, la falta de informatización y de inversión para sistemas informáticos que faciliten la gestión, la inhumana burocracia, la falta de formación a veces, hacen que los procedimientos duren años y que sea imposible llevar una gestión racional y razonable de los mismos. Se nota en el aire una gran desafección por el trabajo, en un sistema ya demasiado burocratizado y agonizante. A veces, encuentras algún funcionario amable, aunque son más frecuentes los malos modos. Los profesionales de oficio estamos sobresaturados, hastiados, agotados y desolados ante la falta de sensibilidad y escasa conciencia social sobre la penosa situación de la Justicia. Y pasan los años y nadie mueve ficha, ni políticos ni sociedad y aumenta la polarización ante la inactividad de unos y otros y la incapacidad de solucionar problemas.

La falta de medios y dotación económica se agudiza más en el Turno de Oficio

Sin embargo, seguimos llamando de forma digna a la clase política, tratándola como si fuera la cúspide de una sociedad estamental, muy lejos aún de un verdadero espíritu democrático. Son necesarias reformas y dotaciones que afectan a millones de ciudadanos no solo a los trabajadores en el sector de la Justicia y que supondrían un motor de desarrollo de los derechos fundamentales y de los principios democráticos en un país que se supone democrático.

La decisión que hay que tomar es si queremos realmente ser un país democrático o queremos ser un país estamental. España tiene un anhelo estamental, todavía pervive la idea de clases. Gusta el espíritu estamental, que recuerda a las sociedades del medievo donde unos son alguien y otros no son nadie, donde  los periodistas siguen hablando de “la gente de la calle”, de los varones del PP y del PSOE —nunca baronesas por cierto—, donde se habla de los de “arriba ”, donde se desprecia la Filosofía, donde se imaginan macroestructuras y poderes económicos a modo de las brujas del medievo, culpables de nuestra ineptitud para hablar con el vecino si no es a través del móvil, de desarrollar democráticamente nuestra sociedad y solucionar nuestros problemas. La época de la superficialidad, del clasismo moderno y de la ineficacia a la hora de evolucionar las sociedades, siendo la justicia un gran motor para lograr esa evolución, la tenemos aparcada, olvidada, maltratada y moribunda, en un deterioro progresivo del que culpamos exclusivamente a lo que llamamos clase política, sin hacer ningún ejercicio de autocrítica porque esto parece que lo tienen que solucionar los otros, volviendo al espíritu estamental de dependencia.

En esta mentalidad estamental, desarrollar la Justicia es eliminar este pensamiento y abrir la puerta por fin a un verdadero espíritu democrático donde, como los tribunales nos recuerdan a veces, todos somos iguales ante la ley, pero eso algunos todavía no lo tienen muy claro.