El Estado de alarma no fue un cisne negro

Ahora, cuando ya es tarde, da una bofetada de realidad jurídica al Gobierno

Hace días conocimos la decisión, ya firme, del Tribunal Constitucional de declarar contrario a la CE el primer Estado de alarma decretado por el Gobierno, allá por el mes de marzo del año anterior. Dejando al margen cuestiones sobre la censura a una resolución que llega tras año y medio, así como la incongruencia de un Tribunal que primero se declaró reticente a actuar cuando el Decreto aún estaba vigente; y ahora, cuando ya es tarde, da una bofetada de realidad jurídica al Gobierno, vamos a examinar las posiciones que tratan de combatir dicha resolución y tratan de defender su constitucionalidad

Primeramente, a bien tengo recordar que el que escribe, se ha mostrado contrario a la constitucionalidad del estado de alarma -lo que no fue óbice para considerar, puesto que vivíamos en un Estado de excepción de facto, proporcionada la famosa actuación de aquellos policías en una fiesta ilegal, aplicando siquiera el artículo 14. 3 CP, con una invencibilidad absoluta del error al apreciar que la situación existente por entonces hacía excusable la actuación de los agentes-. De todos modos, era consciente entonces, y soy ahora, que en cuestiones de este tipo sólo 12 (11) opiniones importan, y la mía no es una de ellas.

Igualmente en estos días se han ido vertiendo los votos particulares de los cinco magistrados que votaron en contra de la declaración de inconstitucionalidad, al mismo tiempo que destacados juristas se han pronunciado a favor de la constitucionalidad de la declaración; obviamente, como firme defensor de la tesis contraria, resulta de particular interés examinar cómo intentan defender lo que considero indefendible. De todo este sinfín de argumentos, al final uno percibe y entiende, que los supuestos argumentos jurídicos no son más que literatura.

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