El eterno retorno a las alusiones a la España plurinacional

El proyecto de país de Yolanda Díaz para Sumar incluye un documento enfocado en crear un nuevo modelo territorial para España que reconozca la pluralidad nacional del país y concilie esta condición con una idea integradora de nación. Esta visión federal considera la dimensión comunitaria nacional como un vínculo compartido y puede compartir posiciones con formulaciones soberanistas o alternativas progresistas. El documento propone un pacto que desborde el autonomismo y postule una síntesis de autogobierno y gobierno compartido. Este nuevo contrato territorial tendría un carácter federal y permitiría articular los cambios necesarios para facilitar un encaje armónico de las legítimas reivindicaciones en torno a los procesos de reforma de los estatutos autonómicos. El objetivo es desarrollar un federalismo de bienestar que implique a todas las instituciones y niveles de gobierno en la mejora de la sociedad.

Según resaltó en su día el diario El Mundo, el documento propone ideas concretas para el gobierno compartido, como la participación de las comunidades autónomas en las instituciones de la Unión Europea u otros organismos internacionales en los que tienen competencias. También se propone darles un papel en la elección de las instituciones del Estado, como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal de Cuentas. Se hace mucho hincapié en la pluralidad lingüística, reivindicando una cooficialidad efectiva y un Estado plurilingüe en el uso de las instituciones, actos oficiales, producción cultural, medios de comunicación o sistema educativo. El documento no se pronuncia por el momento sobre un referéndum de autodeterminación, pero defiende la necesidad de dejar de lado el ruido y el enfrentamiento inútil y dedicarse a lo que importa: mejorar la vida de la gente.

En España, el término «Estado plurinacional» se ha convertido en un tema de debate político en los últimos años, especialmente en relación con la cuestión del independentismo catalán y vasco. El Estado plurinacional se refiere a la idea de que España es una nación compuesta por diferentes naciones y nacionalidades, cada una con su propia identidad, lengua y cultura, y que el reconocimiento y respeto de esta diversidad es esencial para mantener la unidad y la estabilidad del país.

Partidos políticos como Unidas Podemos han abrazado el concepto de Estado plurinacional como parte de su programa político, argumentando que es necesario reconocer la diversidad cultural y lingüística de España para poder avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. Esta posición les ha permitido atraer a aquellos territorios en los que hay un mayor sentimiento independentista, como Cataluña y el País Vasco, y ha sido una de las claves de su éxito en las elecciones generales y autonómicas.

Sin embargo, esta postura no ha estado exenta de críticas, especialmente por parte de los partidos políticos que defienden una España más centralizada y uniforme. Algunos argumentan que el concepto de Estado plurinacional socava la idea de una nación única e indivisible, y puede ser utilizado como una justificación para la secesión de algunos territorios. Otros también han señalado que el concepto de Estado plurinacional es ambiguo y no está claro cómo se aplicaría en la práctica.

El artículo 2 de la Constitución de 1978 parte del reconocimiento de la realidad nacional española y reconoce la existencia en el seno de la nación española de nacionalidades y regiones con derecho a la autonomía. El término «nacionalidades» se eligió en lugar de «naciones» para referirse a los hechos nacionales de carácter cultural que renunciaban a ser calificados como naciones y, por lo tanto, a una posible realización política en forma de Estado soberano, resultando necesario señalar que se reconoce a las nacionalidades su derecho a la realización política en forma de Comunidades Autónomas.

La Constitución de 1978 renunció a la idea de España como resultado de un pacto nacional entre las nacionalidades y regiones que pudieran haber surgido en el marco de una nación española secular, ligada al surgimiento y desarrollo del Estado español. Se debe rechazar, por ende, cualquier tesis que, amparándose en la Constitución, vislumbre a España como un pacto entre Cataluña, Euzkadi, Galicia y Castilla o el resto de España.

Resulta indispensable hacer referencia a las sentencias del Tribunal Constitucional 259/2015 y 42/2014, las cuales resolvieron impugnaciones de disposiciones autonómicas que cuestionaban algunos conceptos esenciales del Estado social y democrático de derecho constituido en 1978, como la soberanía nacional, la unidad de la nación española, el imperio de la Constitución como norma suprema, el alcance y significado del principio democrático en un sistema constitucional y la legitimidad del poder que se ejerce en un Estado de Derecho. En estas sentencias se estableció que la Constitución de 1978 admite y regula su revisión total, asegurando que sólo los ciudadanos, actuando necesariamente al final del proceso de reforma, puedan disponer del poder supremo, es decir, del poder de modificar sin límites la propia Constitución. Todas y cada una de las determinaciones constitucionales son susceptibles de modificación siempre y cuando ello no se prepare o defienda a través de una actividad que vulnere los principios democráticos, los derechos fundamentales o el resto de los mandatos constitucionales.

El Tribunal Constitucional afirmó que no tiene cabida en el ordenamiento constitucional español un modelo de “democracia militante”, es decir, un modelo en el que se imponga, no ya el respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución. Así, se reconoce que tienen cabida en el ordenamiento constitucional español cuantas ideas quieran defenderse y que no existe un núcleo normativo inaccesible a los procedimientos de reforma constitucional.

En todo caso, es posible que no sólo los ciudadanos, sino también un órgano del Estado, como un Parlamento autonómico, exteriorice su defensa del denominado «derecho a decidir» como aspiración política susceptible de ser defendida en el marco de la Constitución, siempre que no se excluya seguir los cauces constitucionalmente establecidos para traducir la voluntad política expresada en la resolución en una realidad jurídica con pleno respeto a la legalidad.

El “imperio de la Constitución como norma suprema” trae causa de que la Constitución misma es fruto de la determinación de la nación soberana por medio de un sujeto unitario, el pueblo español, en el que reside aquella soberanía y del que emanan, por ello, los poderes de un Estado. En el Estado constitucional, el principio democrático no puede desvincularse de la primacía incondicional de la Constitución.

Alimentar ideas independentistas con el objetivo de atraer apoyos electorales utilizando el término “Estado plurinacional” puede ser peligroso, pues sirve para fomentar la fragmentación territorial y la división de la sociedad en regiones que se identifican más con su comunidad autónoma que con el conjunto del país, siendo inevitable considerar que el término “Estado plurinacional” se está utilizando de forma oportunista para atraer el voto independentista, sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo que esto podría tener en la unidad territorial de España. Precisamente, el hecho de que existan partidos políticos que se definan como defensores del Estado plurinacional y que promuevan políticas que favorecen la separación de algunas regiones de España puede generar un sentimiento de inseguridad en el conjunto de la población, ya que se cuestiona la estabilidad y la unidad del Estado.

En lugar de alimentar ideas independentistas, es importante que los partidos políticos promuevan políticas que fomenten la solidaridad y el diálogo entre todas las regiones de España, y que trabajen en conjunto para abordar los problemas y retos que afectan a todo el país. Así, es indispensable encontrar un equilibrio entre el respeto a la diversidad cultural y territorial y la preservación de la unidad nacional, y esto requiere de un diálogo franco y constructivo entre todas las fuerzas políticas y sociales que conforman la sociedad española.

Si se hiciera una reforma constitucional para fijar un Estado plurinacional, se debería tener en consideración el sentido de la fórmula política empleada en 1978 para solventar la cuestión. No se debe alterar ese sentido para acoger la idea de un pluralismo nacional en que la dualidad nación-nacionalidades quede sustituida por un pacto entre naciones, pues eso no arreglaría nada y sólo ayudaría a una desintegración que precisamente perjudicaría más a las regiones en las que existe un mayor fervor nacionalista, pues este se acaba siempre que se acaba el dinero del Estado para ese tema y, si la vinculación que mantiene con el Estado en el que se ubica desaparece, solo quedará un amplio vacío que tendrá que ser cubierto por los ciudadanos, quienes se enfrentarán al riesgo de encontrarse ante una autoridad política con propensión al totalitarismo y la corrupción.