El Ministerio de Justicia y la política de la tierra quemada

Julio César cuenta en su De Bello Gallico que Vercingetórix empleó contra él la táctica de la tierra quemada, arrasando todos los cultivos en sus retiradas para que las legiones romanas que lo perseguían no se pudieran alimentar. Esa estrategia militar ha sido empleada muchas más veces en la Historia, ocasionalmente con más éxito que el que obtuvo el jefe galo, pero siempre se ha tratado de un método cruel que ha castigado sobre todo a los civiles no beligerantes.

La gestión realizada este último año por el Ministerio de Justicia y por extensión el Gobierno de España tiene difícil explicación con arreglo a criterios racionales. El Ministerio ha encadenado una serie de conflictos con diferentes colectivos, empezando con el de los letrados de la Administración de Justicia, con los que alcanzó un acuerdo hace algo más de un año, en abril de 2021, que incumplió luego flagrantemente.

Ello llevó a una huelga parcial en noviembre y diciembre y a una indefinida que duró desde el 24 de enero hasta el 28 de marzo, prolongándose de forma innecesaria por la negativa del Gobierno a negociar durante la mayor parte de ese periodo. Ya en marzo, la intervención de otro Ministerio, el de Hacienda y Función Pública, pudo desencallar el conflicto y llegarse a una solución, en la que los letrados renunciamos a partes importantes de lo que se nos había concedido en abril de 2021.

La gestión realizada este último año por el Ministerio de Justicia y por extensión el Gobierno de España tiene difícil explicación con arreglo a criterios racionales

El acuerdo se firmó en un acto público. Los ciudadanos tuvieron pleno conocimiento de aquello a lo que el Gobierno de España se comprometió, con plazos y fechas. El conflicto con los LAJ estaba encauzado y ya solo faltaba esperar el cumplimiento por el Gobierno.

Comité de Huelga de los LAJs a la salida de la reunión. (Foto: Comité de Huelga)

Desde entonces, el Ministerio se ha enfrentado a otros conflictos sucesivos. Uno lo arregló satisfactoriamente, al parecer, con jueces y fiscales. Con los Cuerpos Generales y con los abogados del Turno de Oficio sin embargo no ha dado aparentemente pasos para remediarlos.

Y mientras tanto las fechas han ido pasando. En un principio el Ministerio parecía estar cumpliendo el acuerdo con los LAJ. Se redactó el texto de la reforma de nuestro Reales Decretos retributivos; se declaró la tramitación de urgencia; se obtuvo la Memoria de Impacto Normativo; se recabó el informe del CGPJ. Quedaban el paso por la mesa de negociación sindical y, con todo ya hecho, la remisión al Consejo de Estado para informe y finalmente la aprobación en Consejo de Ministros. El compromiso era tenerlo aprobado en julio.

Pues bien, no se ha avanzado más. El Ministerio retuvo durante semanas el proyecto sin pasarlo a mesa sindical hasta el miércoles pasado para reunión de viernes. Por fin se iba a cumplir ese trámite y seguíamos en tiempo de aprobar la reforma en el plazo comprometido.

Pero no. El Ministerio desconvocó la reunión y ya no sabemos cuando se cumplirá el trámite y cuando se podrá aprobar la reforma. Probablemente ya no se pueda hacer antes de las Elecciones Generales, y ya entraremos en un periodo de incertidumbre sobre el cumplimiento del acuerdo.

¿Qué sentido tiene volver a incumplir un compromiso con los LAJ? ¿Qué sentido tiene reabrir un conflicto cerrado cuando ya tienen dos abiertos? Es algo que no se puede entender desde una perspectiva lógica.

Espero sinceramente equivocarme. Espero que no sea porque Pedro Sánchez da el Gobierno de la Nación por perdido y le haya dado instrucción a su Secretario de Estado de aplicar la política de la tierra quemada.

De dejar toda la Justicia hecha un erial, para que el futuro Gobierno tenga mil incendios que apagar. Espero sinceramente equivocarme. Espero que el Secretario de Estado Sr. Rodríguez evidencie mi error de criterio llamando a los sindicatos este mismo lunes para la negociación de los decretos.

La política de la tierra quemada no le ha servido a Vercingetórix. Y los ciudadanos y profesionales del derecho no se merecen más castigo.