El pacto del CGPJ: Más de lo de siempre

Aún recuerdo el caso de aquel magistrado de enorme prestigio y trayectoria intachable, considerado por todos con antigüedad y méritos sobrados para acceder al Tribunal Supremo, al que se hizo saber discretamente que solo si se afiliaba antes a una determinada asociación de jueces podría llegar a ser nombrado. Cosa, por otro lado, completamente lógica dentro del enrarecido ecosistema político-judicial español, pues, en otro caso, no llevaría marcado el hierro de ganadería necesario para hacer su candidatura reconocible y computar adecuadamente en el reparto de cargos entre las distintas corrientes y afinidades  ideológicas y personales.

Durante décadas, desde 1985, ese ecosistema ha tenido varios protagonistas. En primer lugar, el PSOE y el PP, dos partidos que han promovido incansablemente la politización de la Justicia, el primero por convicción ideológica y el segundo por pura conveniencia.

Dicha politización se basa en dos aspectos: uno, la elección de todos los vocales del CGPJ por las pequeñas camarillas que dirigen los partidos políticos –ni siquiera por el Parlamento–; y dos, la elección discrecional, por ese Consejo de designación política, de los magistrados del Tribunal Supremo y de las presidencias de salas.

Los dos partidos están muy interesados en mantener este sistema, que les permite tanto nombrar magistrados que consideran afines como mantener al Poder Judicial bajo la permanente sospecha de la politización para, así, poder desacreditar cómodamente cualquier decisión judicial que les sea contraria.

Si ningún juez ni magistrado se presentase para ser designado vocal del CGPJ por los partidos políticos, el sistema caería por su peso

El segundo protagonista de este teatro es la propia Carrera Judicial, cuya dignidad nunca le ha impedido participar sin problemas en tan viciado sistema. No cabe olvidar que si ningún juez ni magistrado se presentase para ser designado vocal del CGPJ por los partidos políticos, el sistema caería por su peso, inmediatamente. Pero esta es una posibilidad impensable, mucho más cuando las asociaciones judiciales, todas salvo una, no solo participan en el sistema de designación política del Consejo, sino que se han adaptado perfectamente a este entorno viciado, en el que cumplen con eficacia la función de agencias de colocación de sus asociados; lo que hace que su interés real por cambiar algo, fuera de las declaraciones altisonantes, pueda ser puesto en duda con toda  verosimilitud. Dicho sea sin ánimo de ofender a nadie.

Sede del CGPJ. (Imagen: CGPJ)

El pacto que se acaba de suscribir entre PP y PSOE para reformar el Consejo se inserta perfectamente en la mejor tradición de dominio político y partidista del Consejo. Se hace un reparto por cuotas –inconstitucional según la STC 108/1986– con la más absoluta opacidad, en el seno de las camarillas de los partidos y con completo desprecio a las funciones de las Cortes Generales. Causa especial sonrojo el punto sexto del acuerdo, que reza así: “Sexto.- El Presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo será aquel que decidan los miembros del CGPJ, tal y como dispone la ley”.

Así pues, los partidos dan permiso expreso a los vocales para que cumplan la ley. No como en otras ocasiones, faltaba solo decir. Pero no lo duden: esta cláusula sexta no es sino un camuflaje y un intento de tapar el “wasap de Cosidó” de turno. Olvidémonos de que se cumpla: los vocales elegirán a la persona que –ya se ha filtrado– es parte del pacto. Ya lo dijo Juan María Bandrés, autor de la famosa enmienda de 1985: sin la guinda del presidente, simplemente no hay tarta. Desde luego, sería una excelente noticia que me equivocase.

Pero no nos olvidemos de la disposición adicional. Dicha disposición establece que el Consejo, en el plazo de seis meses, elaborará un informe y propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales en el que se contemple la participación directa de jueces y magistrados y pueda ser evaluada positivamente por la Comisión Europea, de acuerdo con los mejores estándares continentales; sobre la base de dicha propuesta, se impulsará un proyecto o proposición de ley al efecto. Recordemos que los mejores estándares continentales recomiendan la elección de los vocales judiciales por los propios jueces. ¿Veremos algún día semejante reforma?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que este es un pacto entre Pedro Sánchez –excuso decir nada más– y un partido que, por dos veces, prometió implantar ese sistema y por dos veces engañó a sus votantes. Dicho esto, a mi juicio, y me encantaría también equivocarme en este punto, lo que puede suceder en estos seis meses de plazo es lo siguiente, por orden de probabilidad:

• Que el CGPJ no logre la mayoría de 3/5 para aprobar ninguna propuesta. Si realmente algún grupo dentro del Consejo pretende proponer la elección de los vocales judiciales por los jueces, cosa que está por ver, es más que probable que otro grupo bloquee semejante propuesta. De este modo, pasarían los seis meses y las Cortes no tendrían nada sobre lo que pronunciarse.
• Que se apruebe un informe descafeinado, introduciendo algunos puntos de puro maquillaje. Algo así como la reforma Gallardón, que se prometía monte y resultó ratón.
• Que se apruebe un informe proponiendo un sistema de elección judicial de los vocales judiciales realmente acorde con los estándares europeos. Para este improbable caso ya se ha anunciado por el ministro de Justicia y por el portavoz del grupo socialista en el Congreso en el que tal modelo no es aceptable, y sin el voto favorable de dicho grupo no se aprobará la ley, al menos en la presente situación político-parlamentaria.

El presidente en funciones del CGPJ, Vicente Guilarte, flanqueado por el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. (Creatividad: Martín Otaño/E&J)

En principio, no veo más posibilidades, y las tres abocan a la continuidad del actual sistema de elección política de los vocales judiciales.

Pero, ¿y Europa? Europa se supone que es la garante de que el resultado final sea exitoso. Desde luego, si un atisbo de esperanza puede albergarse, reside aquí. Sin embargo, la clamorosa pasividad de Europa frente a la ley de amnistía –se dijo que a su entrada en vigor se pronunciaría, y seguimos a la espera cuando ya han empezado a ser amnistiados delincuentes por razón de su ideología– permite sospechar que, cuando el Estado incumplidor está dentro del paraguas político de la “gran coalición” de conservadores, liberales y socialdemócratas, las cosas dejan de ser tan claras como se suponen.

El hecho de que Europa haya propuesto renovar el CGPJ con el antiguo sistema es un augurio de la peor especie

El mero hecho de que Europa haya propuesto renovar el CGPJ con el antiguo sistema, en vez de exigir con firmeza la reforma previa, es un augurio de la peor especie.

Y no duden de que mientras los ojos están puestos en la posible propuesta de reforma, y en Europa, el sistema de designación de cargos judiciales por afinidad asociativa, ideológica y personal, donde el mérito y la capacidad cuentan, pero no igual para todos, se pondrá en marcha de inmediato, si no se ha puesto ya, pues viene con hambre atrasada.

Para las designaciones de tales cargos no duden de que se alcanzará sin problemas la mayoría de 3/5, una vez que empiece a rodar y se engrase adecuadamente el sistema de designaciones por turnos y cuotas.