El papel clave de las mujeres en la huelga de los LAJ

Son numerosas las juristas que, siendo mujeres, han realizado grandes aportaciones al mundo del Derecho en España. Así, resaltan numerosos ejemplos, si bien destacan: Victoria Kent, que fue la primera mujer en ingresar en el Colegio de Abogados de Madrid en 1925 y una de las primeras mujeres diputadas del Congreso de los Diputados en 1931; Clara Campoamor, que fue abogada y política española que luchó por el derecho al voto de las mujeres en la Segunda República Española; Concepción Arenal, que fue abogada y escritora española que defendió la abolición de la pena de muerte y la reforma del sistema penitenciario español; y Mercedes Formica-Corsi Hezode, abogada, novelista y ensayista. Hay otros nombres ilustres entre Jueces, Fiscales y profesionales del sector privado, aunque procede, en estos días de huelga indefinida de los Letrados de la Administración de Justicia, por la relevancia de las mujeres en el referido Cuerpo de profesionales, que son un cuerpo superior jurídico, que se encuentran al servicio del Ministerio de Justicia, centrarnos en la significativa presencia de las mujeres entre los Letrados de la Administración de Justicia.

Para situarnos en la cuestión, es interesante preguntarnos: ¿por qué la denominación de Secretarios Judiciales se cambió por la de Letrados de la Administración de Justicia? ¿por qué se produjo dicho cambio de denominación, adoptando una nueva nomenclatura, sobre la que se puede estar más o menos de acuerdo?

La contestación a las preguntas anteriores es compleja, y su trasfondo está por encima de apreciaciones léxicas o semánticas. Fue en 2015 cuando culminó un movimiento para el cambio de denominación, con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la que los Secretarios Judiciales pasaron a denominarse Letrados de la Administración de Justicia. El referido movimiento se vio intensificado con el aumento de la incorporación de las mujeres a este colectivo. Tanto es así que cerca del 70 % de la totalidad de los Letrados de la Administración de Justicia son mujeres.

Originariamente, los puestos de Secretarios Judiciales venían siendo ocupados mayoritariamente por hombres. Cuando se fue produciendo la incorporación de la mujer al cuerpo de Secretarios Judiciales, se topaba con la situación de denominarse Secretaria Judicial, y en muchas ocasiones quedaba en la expresión “la Secretaria” o “la Secretaria del Juez”. Quizás con ese tufo rancio en el que su puesto de responsabilidad se tomaba más bien a la ligera dada su condición de mujer, sumado a una denominación que traía confusiones o situaciones, que hasta en la ficción se han reproducido, por las cuales se las trataba como “secretarias o asistentas del juez”. No son muy lejanos los tiempos en que los puestos de responsabilidad eran cosa de hombres, y que lo normal era que las mujeres ocupáramos puestos de menos enjundia porque además debíamos “llevar una casa”, “cuidar de los niños” y realizar otros comportamientos vinculados a esas conductas, cuestiones que no están tan apartadas de la realidad social actual a la que se le asoma el patriarcado por las costuras.

Los hombres y mujeres incluidos en el colectivo de Secretarios Judiciales entendieron que era necesario un cambio de denominación que mejorara la percepción del trabajo que desempeñan las mujeres en este colectivo, que ni es decorativo ni de mera asistencia al trabajo de otros, sino que por el contrario comportaba y comporta responsabilidades, incluyendo la dirección de la oficina judicial. Como concluyó José Luis Roig Valdivies en 2015, “el cambio de nombre resulta más acorde con las funciones que desempeña y los tiempos que corren”. Este avance de los Letrados de la Administración de Justicia provino del propio cuerpo de secretarios judiciales, lo cual ahora, con el día de la mujer muy reciente, hay que señalar que fue un gran avance para los derechos de la mujer, que a veces no sólo sufren brecha salarial sino brecha de respeto y consideración en su trabajo.

A este respecto, ha de tenerse presente cuál es el gran peso de la mujer en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, que es mayor al que tiene en las carreras judicial y fiscal. Ello se puede comprobar fácilmente a la luz de los datos que exponen el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia, que se presentan a continuación.

En primer lugar, se puede apreciar el porcentaje de mujeres en la Judicatura: en el año 2013, las mujeres representaban el 50% del total del colectivo; en el año 2014, constituían el 51% del total del colectivo; en el año 2015, conformaban el 52% del total del Cuerpo; en el año 2016, significaban el 52% del total del colectivo; en el año 2017, representaban el 52% del total del Cuerpo; en el año 2018, constituían el 53% del total del colectivo; en el año 2019, conformaban el 54% del total del Cuerpo; en el año 2020, significaban el 54% del total del colectivo; en el año 2021, representaban el 54% del total del Cuerpo; y en el año 2022 constituían el 56% del total del colectivo.

(Gráfica: Laura Marín/E&J; Fuente: CGPJ).

En segundo lugar, se puede contrastar el porcentaje de mujeres en la Fiscalía: en el año 2013, las mujeres representaban el 62% del total del colectivo; en el año 2014, constituían el 63% del total del colectivo; en el año 2015, conformaban el 63% del total del Cuerpo; en el año 2016, significaban el 63% del total del colectivo; en el año 2017, representaban el 64% del total del Cuerpo; en el año 2018, constituían el 64% del total del colectivo; en el año 2019, conformaban el 64% del total del Cuerpo; en el año 2020, significaban el 65% del total del colectivo; en el año 2021, representaban el 64% del total del Cuerpo; y en el año 2022 constituían el 65% del total del colectivo.

(Gráfica: Laura Marín/E&J; Fuente: CGPJ).

En tercer lugar, se puede observar, desde el prisma del Consejo General del Poder Judicial, el porcentaje de mujeres entre los Letrados de la Administración de Justicia: en el año 2013, las mujeres representaban el 65% del total del colectivo; en el año 2014, constituían el 66% del total del colectivo; en el año 2015, conformaban el 66% del total del Cuerpo; en el año 2016, significaban el 66% del total del colectivo; en el año 2017, representaban el 66% del total del Cuerpo; en el año 2018, constituían el 67% del total del colectivo; en el año 2019, conformaban el 68% del total del Cuerpo; en el año 2020, significaban el 68% del total del colectivo; en el año 2021, representaban el 68% del total del Cuerpo; y en el año 2022 constituían el 69% del total del colectivo, al igual que en el presente año.

(Gráfica: Laura Marín/E&J; Fuente: CGPJ).

Tras haber explicado lo anterior, debe añadirse información sobre estos aspectos, en la medida en que el Ministerio de Justicia presenta, sobre los Letrados de la Administración de Justicia, datos diferentes. En 2019, con 2564 mujeres en el colectivo, había 1.232 hombres —es decir, un 68% por la primera cifra y un 32% por la segunda— y, en 2021, junto a 2.931 mujeres, había 1.310 hombres —con un 74% frente a un 26% entre los titulares—.

El logro que los Letrados de la Administración de Justicia consiguieron en todo lo concerniente a la consideración de la mujer en el papel que desempeña en puestos técnicos de la Administración de Justicia, ahora se olvida porque el Ministerio está inmerso en una campaña de desprestigio de los que somos sus propios trabajadores y trabajadoras, como lo son los Letrados de la Administración de Justicia, que según su propia definición legal, se trata de un cuerpo “dependiente del Ministerio de Justicia”. Ministerio que ahora se olvida de lo pactado, de cuidar a los que vertebran a nivel nacional el funcionamiento de la Administración de Justicia, sobre el que el Ministerio se apoya para la implantación de los avances y modernización de la Administración de Justicia; y que en las siete semanas de huelga no ha mantenido ningún diálogo constructivo y honesto con nuestro colectivo, olvidándose del daño que está produciendo a miles de ciudadanos y profesionales su falta de diligencia en la resolución de un conflicto creado por el mismo Ministerio al incumplir sus propios acuerdos.

Asimismo, los Letrados de la Administración de Justicia tenemos entre nuestras reivindicaciones una pieza clave de trasfondo social, inclusivo y conciliador de vida familiar, como son “los grupos de población”, que en resumen consiste que en localidades o municipios donde se encuentran ubicados juzgados que no son de capital, las retribuciones de nuestros compañeros se vean adecuadamente compensadas a la responsabilidad de los puestos que ocupan. Son los compañeros, entre los que muy mayoritariamente hay mujeres, que están en “puestos de tercera” en pueblos y municipios pequeños, o no tan pequeños, siendo sus retribuciones en no pocas ocasiones superadas por la de los propios integrantes de la oficina que ellos mismos dirigen como directores de la oficina judicial.

Nuevamente, el cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia asume como suya una lucha de la España de dos velocidades, o de tres, en la que los lugares donde los Letrados de la Administración de Justicia perciben retribuciones que no se corresponden con la enorme sobre carga de trabajo y responsabilidad que asumen, acaba necesariamente en que se produzca una continua movilidad en esos puestos deteriorando la prestación del servicio público.

En nuestras reivindicaciones se piden mejoras estatutarias y retributivas para el cuerpo en general, y, en especial, para aquellos cuyas condiciones son peores. Es decir, que se mejore más intensamente la situación del que está peor, sin olvidar al resto del colectivo, para el que también se interesan mejoras en atención a la categoría profesional A1 que ostentamos.

Esta es otra lucha social que los Letrados de la Administración de Justicia queremos defender, para que en los municipios en los que los Juzgados se consideran de “tercera categoría” no sufran la continua ida y venida de los compañeros, que tras un tiempo ocupando un puesto al que entregan horas sin límite, las retribuciones no se corresponden ni de cerca con el trabajo y responsabilidad asumido, lo cual provoca que los ciudadanos de los indicados municipios y localidades vean como el servicio de la Administración de Justicia no es de igual calidad que en capitales de provincia o en localidades consideradas de “segunda categoría”.

Así, por tanto, mejorar las condiciones de los compañeros que prestan sus servicios en localidades o municipios de “tercera” fomenta sin duda la mejoría de la calidad de la justicia que recibe el ciudadano en dichos lugares. Y además infiere un beneficio sobre la conciliación familiar de los compañeros que prestan sus servicios en juzgados de dichas localidades, porque no se ven “obligados” a abandonar esos puestos, desplazándose a municipios más grandes, “de segunda”, donde pueden optar a mejores condiciones económicas; rompiéndose así una dinámica de construcción de vida personal, que afecta directamente a la conciliación laboral y familiar.

Sobre la lucha por los derechos de la mujer y la lucha social de este colectivo no quiere hablar el Ministerio Justicia; en realidad no quiere hablar de nada que no sea difamar y menospreciar el trabajo que miles de profesionales adscritos al Ministerio de Justicia venimos realizando, con una categoría profesional de A1, que muchas veces se olvida que hemos conseguido con mucho esfuerzo y sacrificio. Precisamente, la categoría profesional A1 equivale a responsabilidad, pero antes de eso hay que superar unas pruebas a la altura de dicho nivel profesional, que suponen dedicar muchos años y recursos económicos.

Es curioso que cuando un opositor pasa los días, semanas, meses y años estudiando, distanciado de su familia y amigos, haciendo tremendos sacrificios, no se le llame “privilegiado”, pero que, desde el momento en que se superan las sumarísimas pruebas para el acceso al cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, este Ministerio ya nos considera privilegiados por boca de su Secretario de Estado de Justicia.

Parece que la Sra. Pilar Llop no se acuerda de que ella es la Ministra de Justicia y que debe asumir la responsabilidad de lo que sucede en su Ministerio

La perspectiva de género en el acceso a la función pública existe de una manera decidida, más aún en las oposiciones del Grupo A1, como son las que permiten el acceso al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, en las que los años de dedicación e inversión a fondo perdido de tiempo y recursos, para las mujeres supone romper las barreras de “lo que se espera de ellas”, y en esos años no son pocas las veces que se oye “se te va a pasar el arroz”, “si tú ya estás bien estudiando algo menos complicado”, comentarios injustos que las estigmatizan y ponen el foco en algo muy alejado de su desarrollo profesional. No obstante, al Ministerio no le interesa hablar de este asunto.

Durante cuatro meses, el Ministerio de Justicia ha mirado para otro lado mientras que la Ley del Sí es Sí dejaba en la calle a decenas de agresores sexuales y rebaja las penas a cientos de ellos, propiciando que los delitos que se han cometido y se están cometiendo contra la libertad sexual de la mujer en este tiempo les puedan salir más baratos a los agresores, pero el Ministerio de Justicia esperó a que hubiera una buena coyuntura política y estar cerca del 8M para iniciar una reforma que haga de torniquete sobre la sangría de rebajas y excarcelaciones; entre tanto muchas mujeres, víctimas, Abogadas de la acusación particular, Juezas, Abogadas Fiscales y Letradas de la Administración de Justicia, tienen que ver en primera fila como los efectos de una ley nefasta provocan una hecatombe de casos de revictimización, mientras se culpa de los mismos a Jueces y Juezas que se limitan a cumplir lo implantado por las Cortes Generales.

Ahora nos preguntamos después de siete semanas de huelga indefinida, cuándo le parecerá conveniente al Gobierno solucionar un conflicto que tanto daño está causando a la salud de la justicia de este país. Conflicto de un colectivo, Letrados de la Administración de Justicia, en el que las mujeres somos mayoría, mujeres que vienen manteniendo esta lucha con toda la intensidad de quienes saben bien lo que es luchar por sus derechos, y que no van a decaer en su propósito ni con amenazas ni desconsideraciones; colectivo en el que todos y todas luchamos juntos por unos derechos reconocidos por el Ministerio de Justicia a los Letrados de la Administración de Justicia y que no se han podido cumplir, según el propio Ministerio, por el Gobierno y el Ministerio de Hacienda. También nos preguntamos cuándo la Ministra dejará de estar detrás del Secretario de Estado y asumirá su papel como Jefa del Ministerio de Justicia, porque hasta ahora ha actuado como segunda de un señor que con cada una de sus declaraciones desprestigia nuestro colectivo y el sistema judicial español, persona que no cuenta ni con un sólo día de trabajo en un órgano judicial.

Frecuentemente, parece que la Sra. Pilar Llop no se acuerda de que ella es la Ministra de Justicia y que debe asumir la responsabilidad de lo que sucede en su Ministerio, de atender y escuchar a sus trabajadores y trabajadoras, y que nuestras reivindicaciones, que además de económicas, hablan de dignidad, y de logros sociales que son los que nos hacen avanzar como país como personas y como mujeres. Sin embargo, es posible que Pillar Llop no sea más que una persona interpuesta, pues en ocasiones parece que quien manda realmente es Antonio Rodríguez, alias “Tontxu”, que dice no negociar bajo amenazas mientras irónicamente busca intimidar con la idea de arrebatar funciones a los Letrados de la Administración de Justicia.