El reflujo de una huelga malhadada

Por si alguien acaba de volver a España, recuerdo que en los dos últimos meses los Letrados de la Administración de Justicia hemos estado en huelga. Costó que arrancara, eso sí. Con la ayuda inestimable del secretario de Estado, Antonio Rodríguez (Tontxu), al que habrá que pensar en hacerle letrado judicial de honor −el colectivo se unió como hasta entonces nunca lo había hecho-. De todos es sabido −quizás el mejor ejemplo sea la segunda guerra médica, en la que Jerjes y su inmenso ejército de persas consiguieron aliar a Esparta y Atenas− que nada aglutina más a un grupo que un ataque externo. Si es de forma desaforada e injustificada, aún más. En los primeros compases de la huelga, Tonxtu, día sí y día también, fue un catalizador con el que nadie había contando…ni soñado.

Las causas de la huelga se acrisolan en un adagio que se utilizó como estandarte de las manifestaciones de los huelguistas: pacta sum servanda. Había unos pactos que se firmaron en marzo del 2022 por el CNLAJ y el Ministerio de Justicia los estaba incumpliendo de forma deliberada y sistemática.

Parte de los acuerdos está incluso admitida en resolución del secretario general del 31/12/2021.

Para quien no tenga la paciencia y el interés suficiente de acceder al enlace, se los resumo en tres puntos: 1º. Suprimir los grupos de población 4 y 5, reduciéndolos a 3. El aumento salarial que eso suponía para bastantes de nosotros era superior a los 500 euros. El aumento era, en todo caso y en distintas cuantías, para todos, porque se revisaban las asignaciones a las distintas sedes de cada grupo poblacional. 2º Aumento de la productividad hasta el 5% de la masa salarial. 3º Avanzar en el nuevo Reglamento Orgánico del colectivo.

A esos pactos se les sumaba otra reivindicación histórica: la negociación propia de nuestras condiciones laborales, lejos del vasallaje actual al que nos someten con los sindicatos generalistas. En resumen, la huelga que se gestó/sostuvo en las redes sociales y se gestionó por las asociaciones profesionales, tenía tres grandes objetivos. A saber: que se nos adecuara el sueldo a las muy numerosas competencias que llevamos ejerciendo desde el año 2009 y que se hiciera con una cláusula de enganche del 80% al sueldo del juez con el que se trabajara; que se nos permitiera alguna forma de negociación colectiva propia y que se avanzara en la publicación de un nuevo Estatuto Profesional para el colectivo −Reglamento Orgánico del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia vigente desde el 2005 y sin tocarle una coma en más de 15 años, lo que le lleva, en su prístina redacción,  a incumplir la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial−.

El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez. (Foto: Ministerio de Justicia)

Dos meses de huelga de los directores de las Oficinas Judiciales de nuestro país han ocasionado un grave destrozo en los juzgados y tribunales. Más de 100.000 juicios suspendidos, cientos de miles de procedimientos y expedientes sin tramitar, 500 millones de euros bloqueados, sin entrar en más detalles. Es una factura tremenda que corresponde pagar a toda la sociedad española. Hay responsables claros en la calle San Bernardo de Madrid, sede ministerial. Por lo que toca a los letrados judiciales, veníamos avisando desde hace más de uno año y nos ha costado dos meses de sueldo, lo que supone desbaratar las economías familiares de todos los que la hicieron/mos. Bien pagado, en consecuencia. Y todo ello ¿para qué?…

Veamos el contenido del acuerdo firmado por los seis miembros del comité de huelga designado por las tres asociaciones convocantes, tres del CNLAJ y otros tres de la UPSJ.

1º Implicación y apoyo leal del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia a la implantación de las leyes de eficiencia.

2º Los Letrados de la Administración de Justicia asumirán una centralidad transversal en los distintos proyectos de eficiencia, y muy particularmente en la implantación de los tribunales de instancia.

3º Por ello se acuerda un incremento de su complemento específico de 430 a 450 euros brutos, a pagar a partir de julio del 2023 y que culminará en julio del 2024.

4º El establecimiento de una serie de mesas, en el plazo de tres meses, para tratar de varias cuestiones.

Ahora solo tienen que comparar los objetivos con lo conseguido. Punto a punto. La decepción es…muy grande. Pero esa decepción se hace inmensa cuando se conoce el proceso por el que se presentó al colectivo para su votación. Hay un preacuerdo, el 24 de marzo, viernes, con el Comité de Huelga. Se mantiene en secreto todo el fin de semana y se convoca a unas asambleas en algunos partidos judiciales, no en todos, a los que hicieron la huelga −censo imposible, es evidente− para el día 27 de marzo, lunes, a las 11 horas. A las 9:30 horas se remite el preacuerdo resumido, por redes y correos electrónicos a una parte del colectivo. En 15 minutos ya es de dominio público. El miedo a que nos encontráramos en una encerrona, de imposible salida, se confirmó de la peor forma posible. No había tiempo material para estudiar el preacuerdo que, ni tan siquiera, era a texto completo. Los compañeros que presentaron el preacuerdo en las asambleas no tenían más que ofrecer, sólo una propuesta por escrito, que no era el preacuerdo, que apenas conocían y mucho menos, sabían detallar o justificar.

Comité de Huelga de los LAJs (Foto: Luisja Sánchez/E&J)

Tras un par de horas de un debate kafkiano, en la que nadie sabía bien lo que se decidía, más allá de que “nos subían” el sueldo 400 euros a todos y al mes, se procedió a la votación. La mayoría de compañeros, exhaustos de la huelga mantenida, con la única opción de aceptar esa propuesta bucanera o rechazarla y continuar en la huelga… se tapa la nariz y vota que adelante con el anzuelo lanzado… porque hay que comer y los juzgados se vienen abajo. Calificar todo esto de votación democrática es, como poco, trágico. Supone o mala fe o desconocer los principios básicos de un sistema democrático… ni los referéndum franquistas tuvieron menos garantías.

Cada cual es muy libre de confundir −o decidir verlo así, uno ve sólo lo que quiere ver− el éxito del instrumento utilizado, la huelga, con el fracaso de sus resultados −los califico así porque son de mucha menos entidad que lo que ya estaba acordado en marzo del 2022−, faltaría más. Sí, hemos conseguido ser un colectivo que sale en los periódicos y unirnos −siendo muy generosos, porque somos 4.000, y más de 2000 ni se han enterado− frente al enemigo común −Tonxtu− pero ese, desde luego, no era mi objetivo.

El mío era y es pertenecer a un cuerpo superior jurídico que tenga las competencias, funciones y retribuciones que merece y necesitan los juzgados y tribunales en los que sirve. Y mi impresión, la de otros muchos, creo que también, es que hoy, terminada la huelga y con el pacto firmado, estamos más lejos de esa situación que en marzo del 2022. Se han abandonado las reivindicaciones que motivaron la huelga y se ha firmado un acuerdo que compromete el futuro de los letrados de la Administración de Justicia. A cambio de unos cuántos euros −de pago incierto− se nos vincula a todos a defender unas Leyes de Eficiencia que suponen un cambio más radical, aún, que el que se produjo en el 2009. El futuro profesional del colectivo, es decir, cuáles van a ser nuestras funciones, competencias y nuestro lugar de trabajo, está en juego en las Leyes de Eficiencia que, de forma descuidada −como mínimo, lo que no exime de responsabilidad desde luego a sus autores−, se han comprometido a que defendamos todos.

Pertenezco al CNLAJ desde hace más de 30 años. Tres asociados hemos firmado un manifiesto para pedir explicaciones a nuestra asociación por todo lo señalado en este artículo. La Junta Directiva −y su presidencia a la cabeza− debe explicar a sus asociados muchas cosas entre otras, ¿qué pasaría si el colectivo se opusiera a la aplicación de las tres Leyes de Eficiencia en ciernes?…si… ¿ahora decidiéramos no ser los adalides de las mismas, cómo se recoge en el acuerdo firmado, porque tras su estudio viéramos que no nos convienen? ¿Podría cuestionarse el pago de esos 420 euros que, no se olvide, no son adecuación salarial por las funciones asumidas desde el año 2009? ¿Hemos malvendido nuestra capacidad decisoria en relación a las transcendentales leyes de eficiencia?

Esta huelga no será fácil de olvidar o superar. A los que ahora se han enganchado al proceso de reivindicación −dando lugar a una paradójica cláusula de enganche invertida, quién lo iba a decir−, la puerta parece que se abrió con la nuestra para funcionarios, jueces y fiscales… hasta abogados, espero que estas líneas le sirvan de aviso a navegantes.