¿Ha existido el ‘lawfare’ contra los independentistas catalanes?

El concepto de lawfare ha ganado notoriedad en los últimos años, especialmente en contextos políticos y judiciales donde se alega que el sistema legal se utiliza de manera abusiva con fines políticos, persiguiendo a opositores o disidentes. En el caso de los independentistas catalanes, se ha planteado la pregunta de si fueron víctimas de lawfare durante el proceso independentista catalán y sus consecuentes conflictos jurídicos. Para abordar esta cuestión, es necesario analizar en profundidad el contexto, los casos individuales y los argumentos presentados.

En primer lugar, es importante definir qué implica el lawfare. El término se refiere a la utilización estratégica de las leyes y del sistema legal para dañar a opositores políticos o disidentes. Implica el abuso de instrumentos legales con fines políticos, en lugar de seguir un enfoque imparcial y basado en pruebas sólidas. El lawfare puede manifestarse de diversas formas, como la presentación de cargos infundados, la politización de los juzgados y tribunales o la manipulación de pruebas.

En el contexto del proceso independentista catalán, algunas voces, incluyendo a líderes independentistas como Carles Puigdemont, han alegado que ciertos casos podrían considerarse lawfare. Sin embargo, esta afirmación se enfrenta a varios desafíos. Para determinar si existió lawfare en un caso específico, se requiere una evaluación detallada de la evidencia presentada, los procedimientos legales seguidos y los motivos detrás de las acusaciones.

Uno de los casos más notorios en este contexto fue el juicio a los líderes independentistas catalanes ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en 2019. En este caso, varios líderes independentistas fueron juzgados por su participación en el violento contexto del referéndum de independencia de 2017 y la declaración unilateral de independencia que siguió. Los acusados fueron condenados por delitos como sedición y malversación de fondos públicos.

Hay que reseñar que la cuestión gira sobre si estas condenas fueron el resultado de lawfare o si se basaron en evidencia sólida y en el marco legal existente. Varios juzgados y tribunales españoles han estado llevando a cabo procesos judiciales que han ido involucrando a jueces, fiscales, abogados y representantes institucionales, y se presentaron pruebas tanto de la acusación como de la defensa. El juicio ante el Tribunal Supremo fue transmitido en vivo y en directo, permitiendo una amplia cobertura mediática y la supervisión pública.

La defensa de los líderes independentistas argumentó ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo que se enfrentaron a un juicio político, mientras que la acusación sostenía que se estaban juzgando actos ilegales, sancionados por el Código Penal. No obstante, el hecho de que existan diferencias de opinión sobre resoluciones judiciales y administrativas no implica necesariamente lawfare. Para que el lawfare sea una realidad, se necesitarían pruebas sólidas de que todas o algunas medidas legales empleadas contra el independentismo catalán fueron articuladas de manera injusta para perseguir a sus líderes y seguidores y carece de sentido que las Cortes Generales puedan, según el acuerdo entre el PSOE y Junts, investigar con base en el relato de Carles Puigdemont y sus seguidores, pues ello socava la independencia del Poder Judicial y cuestiona la labor de las Administraciones Públicas, correspondiendo la función de revisión de los hechos por posible ilicitud con carácter definitivo, únicamente, a los órganos jurisdiccionales en los términos de los artículos 9, 106 y 117 de la Constitución, sin perjuicio de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas y de la labor del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De ello se deduce claramente una intromisión en la separación de poderes.

Tribunal Supremo. (Foto: EDEIM)

Es importante recordar que el proceso judicial ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo siguió el marco legal aplicable a la luz de los hechos, estudiados profundamente por grandes magistrados, como se puede deducir de la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala II) 459/2019, de 14 de octubre. Además, varios líderes independentistas han seguido activos en la política y en la sociedad catalana, reanudándose la actividad de varios de ellos tras los indultos con verdadera contundencia, lo que sugiere que no fueron silenciados por completo como resultado de un supuesto lawfare.

Otro aspecto importante a considerar es que el lawfare no es un fenómeno exclusivo de un solo grupo o causa política. Puede manifestarse en diferentes contextos y con actores políticos de distintas tendencias. Si bien los líderes independentistas catalanes han argumentado que fueron víctimas de lawfare, este fenómeno no se limitaría a su situación ni a su movimiento político en caso de acreditarse.

Por lo que se observa, la pregunta sobre si existió lawfare contra los independentistas catalanes es compleja y controvertida. Para afirmar que hubo lawfare, se requeriría un análisis minucioso de cada caso y pruebas sólidas de que el proceso judicial llevado ante el Tribunal Supremo contra importantes líderes del independentismo catalán se utilizó de manera abusiva y politizada. Hasta la fecha, no se ha demostrado de manera concluyente que los líderes independentistas catalanes fueran víctimas de lawfare, y el proceso judicial al que se sometieron siguió el marco legal fijado y fue analizado por el órgano jurisdiccional superior en el orden judicial penal con todas las garantías, igualmente predicables respecto de muchos otros procesos penales. El debate sobre este tema va a continuar, pero es importante distinguir entre la legítima aplicación de la ley y la politización del sistema legal con fines políticos.

La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala II) 459/2019, de 14 de octubre es un hito importante en el contexto del proceso independentista catalán. Esta sentencia se refiere al juicio y condena de los líderes independentistas catalanes acusados de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos en relación con su participación en el referéndum de independencia de 2017 y la declaración unilateral de independencia que siguió. La sentencia resultante del juicio fue la culminación de un proceso judicial que atrajo la atención no sólo en España, sino en todo el mundo.

En este contexto, la pregunta sobre si existió lawfare contra los independentistas catalanes adquiere una relevancia aún mayor, en la medida en que la sentencia del Tribunal Supremo, de gran calidad, es un elemento fundamental en esta discusión. A pesar de las alegaciones de lawfare por parte de los líderes independentistas, la sentencia y el juicio en sí mismo se llevaron a cabo siguiendo el marco legal español de manera exquisita.

La sentencia, en sus estrictos términos, concluyó que los acusados fueron culpables de sedición y malversación de caudales públicos. La sedición se consideró un delito grave debido a su relación con actos penalmente relevantes que llevaron a cabo los líderes independentistas para la promoción de actos de acometimiento contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La malversación de fondos públicos se basó en la utilización de recursos públicos para la organización del referéndum de independencia.

Es importante destacar que la sentencia del Tribunal Supremo no se dictó en un vacío legal ni fue el resultado de un juicio político. El proceso judicial involucró a magistrados independientes que llevaron a cabo el juicio siguiendo un procedimiento legal instalado y revisando pruebas de todas las partes, tanto de la acusación como de la defensa. El juicio se llevó a cabo con la presencia de abogados defensores y fiscales, y se transmitió en vivo y en directo para garantizar la transparencia.

Además, la sentencia del Tribunal Supremo no tuvo un impacto definitivo en la participación política de los líderes independentistas. Varios de ellos, tras ser indultados, han continuado siendo figuras influyentes en la política y la sociedad catalana, lo que sugiere que no fueron silenciados por completo como resultado de un supuesto lawfare. Esta circunstancia plantea interrogantes sobre la efectividad de tal argumento en este caso específico, pero el debate sobre si existió un aprovechamiento arbitrario del Derecho contra los independentistas catalanes continuará gracias al acuerdo entre el PSOE y Junts y seguirá siendo objeto de análisis y discusión con posibles finalidades para garantía de la impunidad.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. (Foto: Moncloa

Debe tenerse presente que el reconocimiento de lawfare por parte de los independentistas catalanes podría tener implicaciones en la posibilidad de dirigir procesos penales contra funcionarios y magistrados alegando delitos de prevaricación y prevaricación judicial, de acuerdo con el Código Penal. Ello sería posible y, desde luego, podría servir para disuadir a cualquier autoridad del Estado que se atreva a combatir los abusos en que puedan incurrir los líderes del independentismo catalán.

Por un lado, el artículo 404 del Código Penal dispone que se comete el delito de prevaricación por un funcionario público que, a sabiendas, dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo. En el contexto de la acusación de lawfare, los independentistas podrían argumentar que ciertos funcionarios públicos, incluyendo jueces y fiscales involucrados en los procesos judiciales contra ellos, han actuado de manera arbitraria y motivada políticamente. Este argumento se basaría en la afirmación de que el proceso penal fue utilizado estratégicamente para perjudicar a los líderes independentistas.

Por otro lado, el artículo 446 del Código Penal indica que se comete el delito de prevaricación judicial por un juez o magistrado que dicte a sabiendas una resolución arbitraria en un asunto judicial. En este caso, los independentistas podrían alegar que las decisiones judiciales en su contra fueron tomadas de manera arbitraria y con motivaciones políticas, en línea con la narrativa de lawfare. Argumentarían que las resoluciones judiciales no se basaron en pruebas sólidas o en la aplicación imparcial de la ley, sino que fueron influenciadas por consideraciones políticas.

Es crucial resaltar que la alegación de lawfare no garantiza automáticamente el éxito de los procesos penales por prevaricación y prevaricación judicial. Se requeriría una investigación exhaustiva y la presentación de pruebas sólidas que respalden la afirmación de que los funcionarios y magistrados actuaron de manera arbitraria y con conocimiento de su injusticia, algo que será difícil de inferir.

En cualquier caso, el reconocimiento de lawfare podría ser utilizado como parte de una programación legal y política más amplia para cuestionar la validez de los procesos judiciales a fin de implantar un clima de estrés y persecución contra aquellos que tengan la desfachatez de perseguir comportamientos ilícitos. Sin embargo, la efectividad de este argumento dependerá de la capacidad de los independentistas para presentar pruebas convincentes y de la interpretación que hagan los órganos jurisdiccionales sobre si realmente hubo un uso abusivo del sistema legal con fines políticos. De todos modos, al plantear esta acusación, los independentistas intentan aplicar tácticas que recuerdan a las estrategias legales del abogado francés Jacques Vergès, quien se destacó en la defensa de casos controvertidos y en la promoción de la desobediencia civil en situaciones de ruptura política.

Jacques Vergès fue un abogado francés conocido por su enfoque audaz y poco convencional en la defensa de clientes que a menudo eran vistos como criminales, terroristas o enemigos del Estado. Su estrategia procesal se centraba en cuestionar la legitimidad de los tribunales y el sistema legal, y en subrayar las dimensiones políticas y sociales de los casos que defendía. Vergès abogó por la desobediencia civil y la resistencia frente a lo que él percibía como sistemas judiciales injustos o politizados.

En el caso de los independentistas catalanes, las alegaciones de lawfare siguen una estrategia legal y política similar a la de Jacques Vergès. A través de esta acusación, los líderes independentistas han buscado cuestionar la legitimidad de los procesos judiciales y los órganos jurisdiccionales españoles que los juzgaron. Argumentan que fueron perseguidos políticamente y que se enfrentaron a un juicio político en lugar de uno basado en pruebas legales sólidas.

Esta estrategia de alegar lawfare es una forma de politizar los procesos judiciales y llamar la atención sobre la dimensión política de su causa independentista. Al igual que Jacques Vergès, los independentistas han buscado utilizar el sistema legal como un escenario para destacar sus argumentos políticos y su lucha por la independencia de Cataluña. En este sentido, buscan socavar la autoridad y la legitimidad del sistema legal español al plantear que se ha utilizado para fines políticos en su contra.

Jacques Vergès. (Foto: Wikipedia)

No obstante, es importante resaltar que la acusación de lawfare es conflictiva y no puede estar exenta de críticas. Para que se pueda afirmar de manera concluyente que existió un uso arbitrario del Derecho en el caso del conflicto con los independentistas catalanes, se requeriría una evidencia sólida de que hay uno o varios procesos judiciales en los que la actividad jurisdiccional se manipuló de manera injusta y politizada. Hasta la fecha, esta evidencia no se ha presentado de manera concluyente, y el proceso judicial que involucró a los líderes independentistas siguió un marco legal establecido y fue revisado por instancias judiciales independientes.

La estrategia de alegar lawfare se alinea con la táctica de utilizar el sistema legal como un campo de batalla político y de opinión pública. Al llamar la atención sobre su causa y alegar que son víctimas de un sistema legal parcializado, los independentistas catalanes intentan movilizar el apoyo a su causa y presentarse como luchadores por la democracia y los derechos civiles. Esta táctica es consistente con la visión de Jacques Vergès de la abogacía como una forma de activismo político y de resistencia contra lo que considera sistemas legales injustos.

En definitiva, los independentistas catalanes han alegado lawfare en un intento de aplicar tácticas legales y políticas que recuerdan a las estrategias de Jacques Vergès en relación con los procesos de ruptura. Al enfrentarse a la legitimidad del sistema legal español y destacar la dimensión política de su situación, buscan movilizar el apoyo a su causa y promover la desobediencia civil como una forma de resistencia. Sin embargo, la acusación de lawfare no se limita a ello, pues igualmente se busca aplicar con más profundidad de cara al futuro y seguirá siendo un tema de debate y controversia, sin que haya podido demostrarse de manera concluyente que existiera un uso abusivo del sistema legal en su contra.

Expuesto lo anterior, llegará a parecer lawfare que las Cortes Generales puedan pretender, por iniciativa de algunos parlamentarios con arreglo al tenor del acuerdo entre el PSOE y Junts, comenzar una caza de brujas contra magistrados y funcionarios que únicamente se limitaron a obrar conforme al ordenamiento jurídico, al que están sometidas las instituciones del Estado español, el mismo del que el independentismo catalán se pretende aprovechar desde hace años.