Hacia entornos laborales inclusivos y seguros: el papel del diálogo social en la protección del colectivo LGTBI

En los últimos años, se han dado pasos importantes en el ámbito legislativo para fomentar la inclusión y protección del colectivo LGTBI en los centros de trabajo. Sin embargo, los estudios y datos recopilados muestran que aún persisten actitudes discriminatorias que convierten algunos entornos laborales en espacios inseguros, impidiendo la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad.

El 50% de las personas LGTBI afirma no sentirse aceptada en su lugar de trabajo, y esta cifra asciende al 70% en el caso de las personas trans. Además, un 83% de estas personas reportan haber sido rechazadas en procesos de selección laboral debido a su identidad de género, una discriminación que, en el 15% de los casos, es reconocida abiertamente por los empleadores.

Frente a esta realidad, el legislador ha impulsado diversas normativas con el fin de transformar los centros de trabajo en entornos más seguros e inclusivos. La Ley 15/2022 de Igualdad de Trato y No Discriminación y la Ley de Empleo 3/2023 se han convertido en pilares para el fomento de políticas laborales que protejan a los colectivos más vulnerables, incluyendo a las personas LGTBI.

Además, la firma del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) en mayo de 2023 resalta la necesidad de abordar de manera específica en todos los convenios colectivos la promoción de plantillas diversas, así como la incorporación de protocolos contra el acoso y la violencia dirigidos a este colectivo, con el fin de garantizar su protección y bienestar en los entornos laborales.

El plan de igualdad es una de las normas que tienen que cumplir la empresas. (Foto: E&J)

El reciente Real Decreto 1026/2024, aprobado el pasado 8 de octubre, es un paso decisivo en la implementación de estas normativas. El reglamento, que ha sido fruto de un diálogo social profundo y constructivo entre los interlocutores sociales y el Ministerio de Trabajo, establece un conjunto de medidas concretas que deben adoptar las empresas, en especial aquellas con más de 50 trabajadores, para asegurar la creación de entornos laborales inclusivos.

Este acuerdo no solo responde a la necesidad de combatir la discriminación estructural, sino que también propone herramientas para transformar los centros de trabajo en espacios donde se favorezca el desarrollo personal y profesional de todas las personas trabajadoras, independientemente de su identidad de género u orientación sexual.

El papel de la negociación colectiva sectorial en este contexto es clave, ya que se convierte en el eje fundamental para consensuar y adaptar las medidas a las particularidades de cada sector y territorio, garantizando que las políticas sean efectivas y sostenibles en el tiempo. Las comisiones negociadoras de los convenios sectoriales deben abrir mesas de negociación específicas en un plazo de tres meses, asegurando la participación de todas las partes implicadas y promoviendo un diálogo fluido que garantice que las medidas adoptadas respondan a las necesidades reales y puedan ser implementadas de manera ágil y coherente.

En los casos donde no exista representación legal de las personas trabajadoras o un convenio colectivo de referencia, el reglamento prevé que las empresas de más de 50 empleados se coordinen con los sindicatos más representativos para consensuar e implementar estas políticas en un plazo de seis meses.

Si no se llega a un acuerdo, se establece un protocolo básico que las empresas deben aplicar, garantizando así una cobertura mínima que protege a las personas LGTBI. De igual forma, la obligatoriedad legal podrá entenderse cumplida cuando las empresas cuenten con un protocolo frente al acoso y violencia que prevea dichas medidas para este colectivo o que se amplíe específicamente para incluirlas, racionalizando así, las cargas administrativas innecesarias.

Además de promover la igualdad de oportunidades, estas políticas buscan fomentar un ambiente laboral saludable y seguro, protegiendo la salud integral de las personas trabajadoras, con especial atención a la salud mental. Se reconoce que la discriminación y la falta de inclusión pueden generar situaciones de estrés, aislamiento y problemas de salud mental, afectando negativamente a la calidad de vida y al rendimiento laboral.

Por ello, la normativa también pone énfasis en la necesidad de que las empresas desarrollen entornos donde se respeten y se valoren las diferencias, creando espacios seguros donde todos los empleados puedan desarrollar su potencial sin miedo a represalias o discriminación.

(Foto: Archivo)

La implementación de protocolos específicos para prevenir el acoso y la violencia es esencial no solo para proteger a las personas que denuncian, sino también para crear un entorno de confianza y cohesión en la plantilla. Estos protocolos incluyen medidas de seguimiento y protección, garantizando que cualquier denuncia se gestione con confidencialidad y rigor.

El diálogo social se ha consolidado, así, como una herramienta fundamental para el progreso social en el ámbito laboral, permitiendo a los interlocutores sociales y a las autoridades públicas trabajar juntos para construir un entorno más justo y seguro. La negociación colectiva sectorial, como parte de este proceso, asegura que las políticas no solo se diseñen desde una perspectiva técnica y normativa, sino que cuenten con la participación activa de las personas trabajadoras y de las empresas, logrando un equilibrio que facilita su implementación práctica.

La aprobación y desarrollo de este reglamento refleja el compromiso del gobierno y de los agentes sociales con la transformación del mercado laboral español en un modelo más inclusivo y respetuoso. Se trata de un esfuerzo conjunto para garantizar que todas las personas trabajadoras, sin importar su identidad o expresión de género, puedan desarrollar su carrera profesional en igualdad de condiciones, en un entorno donde se les respete y proteja.

De esta manera, el tejido empresarial se fortalece al promover la diversidad como un valor añadido, aumentando la cohesión social y mejorando la competitividad y productividad de las empresas. Esta apuesta por la inclusión y la seguridad en los centros de trabajo no solo impacta positivamente en las personas LGTBI, sino que beneficia al conjunto de la sociedad, creando espacios más equitativos y saludables donde todos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, puedan sentirse valorados y respetados.