Huelga de jueces: ¿Condena a la pena capital de la señora ministra?

“Asumo la responsabilidad absoluta del texto de la reforma que se ha preparado”. Con estas palabras la ministra de Justicia, Pilar Llop, en una entrevista concedida al diario El País el 8 de febrero de 2023, se confesaba como la exclusiva culpable de las acusaciones por la última modificación del Código Penal conocida como la ley del “sí es sí” que, a la altura del 14 de abril de este año 2023, y según datos del propio Consejo General del Poder Judicial, había beneficiado nada más y nada menos que a 978 delincuentes sexuales.

Diríase que pretendía una sentencia de conformidad ante el Tribunal de la opinión pública y, de este modo, taponar la hemorragia de votos que le está costando al Gobierno la polémica reforma. En realidad, no solamente por este escabroso asunto, sino por una gestión en materia de Justicia que no está produciendo los frutos apetecidos.

Recordemos, no obstante, que el artículo 406 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no dispensa al juez de “practicar todas las diligencias necesarias a fin de adquirir el conocimiento de la verdad”. Por tanto, no nos contentaremos con la inculpación de la señora ministra. Investiguemos, pues, para ver qué hay detrás de las apariencias.

Ciertamente, los indicios incriminatorios se amontonan, pues el pasado 24 de abril de 2023, las asociaciones judiciales y fiscales alumbraron un comunicado intersociativo en el que anunciaban una huelga indefinida a partir del 16 de mayo.

Como sabemos, precedieron los paros de los letrados de la Administración de Justicia (secretarios judiciales) y de los funcionarios de los tribunales. Es más, este 27 de abril se congregaron frente al Congreso de los Diputados cientos de abogados para reivindicar la dignificación de las condiciones del Turno de Oficio en un acto que, en alusión a la convergencia con las citadas protestas anteriores, Eugenio Ribón, decano del Colegio de Madrid, calificó como “detonante conjunto”. En efecto, da la impresión de que la señora ministra está sentada sobre una bomba de relojería a punto de estallar.

Manifestación de abogados en Madrid. (Foto: ICAM)

Pero, ¿quién es el verdadero autor? La doctrina penal alemana ha acuñado el concepto jurídico del “hombre de atrás” (Hintermann) para referirse al sujeto bajo cuyo control se halla la ejecución criminal. A este respecto es muy interesante fijarnos en la exacta reivindicación de los magistrados cuando hicieron pública la fecha de la huelga, a saber: “la falta de dotación suficiente” de nuestra Administración de Justicia. Al fin y al cabo, la misma razón que, de una manera u otra, esgrimen todos los colectivos que se movilizan ante el Ministerio.

Ahora bien, la última palabra en la dotación presupuestaria no la pronuncia la señora Llop, sino que hay que mirar más arriba, a la cúspide de los poderes ejecutivos y legislativos.

Tal vez la ministra se vea a sí misma como una enfermera que cura con esmero las heridas sangrantes de su Gobierno, incluso ofreciéndose ella misma a la autoinmolación sacrificial, como abnegadamente demostró en la crisis de los agresores sexuales.

Más le cuadra, sin embargo, la imagen de cabeza de turco, pues reclina sumisamente su cuello político ante la guillotina electoral para que sus verdugos, cuando llegue el momento que más les convenga, la hagan rodar para acallar unas críticas que, a la postre, van dirigidas contra ellos.

A fin y al cabo, la pena “capital” se denomina así por el término latino caput, que no significa otra cosa sino “cabeza”. Y, entonces, ¿qué harán cuando, condenada y ejecutada, yazca en la cesta la testa turquesa? Muy sencillo, buscar otro culpable para colocarlo bien delante (Frontmann) y que quede a salvo el sujeto de detrás.

Con un número de jueces por debajo de la media europea (según la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia del Consejo de Europa) y con un sistema de gobierno judicial politizado (tal como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del de Justicia de la Unión Europea) los alegatos defensivos del Ministerio, sencillamente, no son creíbles.

Así lo ha denunciado en reiteradas ocasiones la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (@PCIndepJudicial) asociación que, dedicada a la despolitización de nuestro Poder Judicial, agrupa transversalmente, entre otros profesionales, no sólo a magistrados, sino también a abogados, fiscales, letrados de la administración de justicia y, en definitiva, a muchos de los mismos grupos protagonistas de los actuales paros.

Y es que el remedio pasa por propiciar un pacto de Estado impulsado por la sociedad civil para reclamar soluciones estructurales, no meros parches.

En cualquier caso, no lo olvidemos, si aspiramos a descubrir al genuino culpable, hay que apuntar más alto.