Inteligencia artificial, abogacía y brecha digital
“La intervención de un abogado será siempre imprescindible”
(Imagen: E&J)
Inteligencia artificial, abogacía y brecha digital
“La intervención de un abogado será siempre imprescindible”
(Imagen: E&J)
Los nuevos avances tecnológicos han revolucionado la forma de trabajar en el ámbito jurídico y la automatización de procesos (prefiero llamarlo así y no inteligencia artificial), lo que está permitiendo una mayor eficiencia en nuestro trabajo profesional. Un ejemplo de ello lo encontramos con el ChatGPT, que nos permite acceder a una información jurídica impensable hace unos años. Pero la información no está actualizada ni contrastada.
Del mismo modo que en el derecho, en la medicina los avances tecnológicos han revolucionado el sistema sanitario y han permitido que intervenciones quirúrgicas que hace años eran invasivas y de alto riesgo, hoy en día se puedan realizar a través de sofisticados instrumentos tecnológicos, dándose al paciente de alta hospitalaria en escasos días. Pero, en mi opinión, la intervención del cirujano especialista es esencial e irremplazable por una máquina.
Cuando acudimos al especialista en una determinada rama de la medicina, buscamos seguridad y confianza en la opinión del o la facultativa correspondiente. Aunque finalmente nos aconseje una intervención quirúrgica, en la que los instrumentos tecnológicos harán una parte esencial de la intervención, la presencia del cirujano, sus conocimientos y pericia es esencial y fundamental para el buen fin de la intervención quirúrgica.
Por muy desarrollada que esté la tecnología en un determinado ámbito sanitario, la opinión previa del doctor o la doctora, su intervención manejando el instrumental tecnológico de última generación y el seguimiento del posoperativo, son imprescindibles para el paciente, sin que pueda ser sustituido por una máquina (por muy avanzada que esté en la automatización de procesos).
Esta reflexión es aplicable, mutatis mutandis, a la abogacía. Por muy avanzado que se encuentre un aplicativo basado en el lenguaje por IA y por muy desarrollado que estén los parámetros que permiten la utilización incalculable de textos (que van desde la traducción hasta la generación de un texto), la intervención de un abogado o una abogada será siempre imprescindible, como garante de la tutela judicial efectiva y como garante de la defensa de los derechos de la ciudadanía.
La empatía, como la define la RAE, y que supone el sentimiento de identificación con algo o alguien y la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos, es esencial en la profesión de la abogacía y no puede ser reemplazada en modo alguno por la IA, como tampoco lo puede ser la opinión y pericia del profesional en la medicina.
El ciudadano o la ciudadana y la defensa de sus derechos siempre necesitará de un abogado o abogada a quien poder consultar sobre su caso concreto y sobre la mejor manera de ver amparados sus derechos, ya sea en sede administrativa o judicial, o mediante cualquier vía de resolución alternativa de conflictos.
Sin duda las nuevas tecnologías permiten y permitirán una mayor eficiencia a la hora de instrumentar esos derechos, pero, al igual que en la medicina (o en cualquier otra actividad profesional que requiera presencialidad como la psicología), la intervención personal del representante de la abogacía con el cliente será siempre imprescindible.
A pesar de las muchas ventajas que conlleva la instrumentalización de las nuevas tecnologías, éstas han traído también un hecho incuestionable que requiere atención: la irrupción de lo que se denomina IA, esta abriendo, cada vez más, una brecha digital, especialmente respecto de la ciudadanía en su relación con la Administración y el acceso a la Justicia.
El equipamiento en tecnologías de la información y la comunicación en los hogares, así como el uso de ordenador, Internet y comercio electrónico, condiciona en gran medida la vida diaria de las personas, en el lugar de trabajo, en los centros de educación y en los hogares. En la información que facilita el Instituto Nacional de Estadística, se hace especial referencia a que si bien es cierto que el uso de las TIC en los hogares ha crecido en los últimos años, sigue existiendo una brecha entre los usuarios y no usuarios (brecha digital) que se atribuye a una serie de factores: la falta de infraestructuras digitales o de conectividad (en particular en las zonas rurales); la falta de conocimientos de informática y habilidades necesarias para participar en la sociedad de la información; o la falta de interés en lo que la sociedad de la información puede ofrecer.
En el ámbito de la Justicia, las Administraciones están obligadas a facilitar las vías para garantizar el acceso a la Justicia de las personas vulnerables, que son los que estadísticamente tienen menos competencias digitales. Una obligación del legislador y de todos los responsables en materia de Justicia es habilitar los medios necesarios para superar ese abismo entre ciudadanía y tecnología, es decir la brecha digital. A tenor de este punto, en la monografía De la Justicia a la Ciberjusticia, (Editorial Atelier, 2022), el Catedrático de Derecho Procesal Vicente Perez Daudi analiza el acceso a la justicia y la brecha digital (págs. 56 a 58), proponiendo, entre otras alternativas, que la fractura digital se pueda superar a través de los Colegios de Abogados o Procuradores (ap. 3.3.1 in fine -pg. 58).
En mi opinión, la Abogacía y la Procura también en el ámbito procesal, debe desempeñar un papel esencial para canalizar los derechos de la ciudadanía y reducir esa brecha digital y contribuir de esa manera a alcanzar uno de los objetivos de la Agenda 2030, el ODS 16: paz, justicia e instituciones sólidas. Los Colegios de la Abogacía, el CGAE y los Consejos Autonómicos de la Abogacía, deben contribuir en reducir esa brecha digital y trabajar para una imprescindible transición de la Abogacía a la “ciberjusticia”.
Referencias
El 25 de abril de 2018 se aprobó la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, sobre Inteligencia Artificial para Europa (SWD 2018, 137 final) (“De la Justicia a la Ciberjusticia, Vicente Perez Daudi, Atelier-2022, pg. 26).
El Parlamento Europeo nos informa que la UE se encuentra preparando actualmente el primer conjunto mundial de normas generales para gestionar las oportunidades y amenazas de la inteligencia artificial (en adelante IA), siendo su objetivo convertir a la UE en un centro mundial de la IA fiable.
El Parlamento Europeo explica qué es la inteligencia y cómo se usa, definiendo la IA como la “habilidad de una máquina de presentar las mismas capacidades que los seres humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planear”.
Monografía del profesor Vicente Perez Daudi “De la Justicia a la Ciberjusticia”. Editorial Atelier, 2022.