La carrera judicial, con gran precariedad de medios, al servicio de los ciudadanos

La carrera judicial, por fin y tras nada menos que dos décadas de espera, ha conseguido un aumento retributivo paciente y responsablemente demandado y aunque no es, desde luego, un acuerdo satisfactorio, estamos, qué duda cabe, ante un hito histórico para la carrera judicial.

La insatisfacción de la que hablo no es meramente retórica ni tampoco un sencillo recurso dialéctico, es la expresión de un lamento sincero que expresa un estado de ánimo por el estado de abandono en el que, año tras año, gobierno tras gobierno, se encuentra la administración de justicia de este país.

Les pondré algunos ejemplos que muestran bien a las claras los agravios comparativos que existen entre la situación de la carrera judicial y la administración de justicia y la de la cualquier empresa privada, a fin de que puedan comprobar las graves diferencias entre uno y otro escenario.

Imagínense en la privada, un corte de luz… es una pérdida económica importante porque no se puede llevar a cabo el servicio. De hecho, he tenido juicios en los que se reclamaba una indemnización económica descomunal como consecuencia de haber parado la producción. No obstante, esta misma semana cuando iba a tomar una declaración durante la guardia, nos encontramos que el cuarto donde se realizaba, y otras oficinas, no tenían luz y no se podía prestar el servicio hasta que se arreglara.

Imagínense que usted se compra un pantalón en una empresa española textil en Madrid, resulta que esto aparece en su sección como cliente y ello le puede permitir devolver la prenda que no resultó de su agrado en otra sede de dicha entidad en Cádiz. Ahora bien, en la Administración de Justicia, la información de la que dispone un juzgado sobre una persona (por ejemplo, haber sido penalmente condenada a la privación de la patria potestad), no será conocida por el juzgado que regula la situación de la familia a la que pertenece esa persona, salvo que se lo digan las partes.

Los juzgados trabajan con falta de medios. (Foto: E&J)

Imagínense que, en la empresa privada, como consecuencia de su innovación y desarrollo, se ofrecen nuevos servicios, lo que sí o sí, determinará una progresiva introducción de aquellos previa formación del personal de la empresa dedicado a ofrecerlos a su clientela. Desde 2013, como consecuencia de la evolución de nuestra sociedad, el legislador establece más y más reformas normativas y en muchas de ellas, como violencia de género, discapacidad y familia, ello hace necesaria la intervención del juez en cada una de ellas, aumentando la carga de los juzgados.

Fue irónicamente épico la entrada en vigor de varias normativas que afectaban a los procedimientos de familia, instrucción y discapacidad, en el mismo día. No habría generado mayores problemas si todos los juzgados estuvieran especializados, pero lo cierto es que los juzgados mixtos se encargan de todas estas materias de forma simultánea sin planificación formativa previa alguna por parte de nuestros empleadores.

Imagínense que un trabajador de cualquier empresa realizara funciones propias de una categoría superior a la que venía prestando. Nadie dudaría que su retribución haya de verse incrementada en correlación con su mayor responsabilidad.

Los fiscales lo reclamaron y ya lo cobran. La carrera judicial, en un inexplicable e inexplicado agravio comparativo, sigue esperando a recibir esa resolución porque la Abogacía del Estado, a pesar de compartir la doctrina para la carrera fiscal, no entiende que deba ser aplicado para la carrera judicial y ha recurrido las sentencias que reconocen este derecho a favor de los miembros con categoría de juez que están destinados en un trabajo inicialmente asignado a un miembro de la carrera judicial con categoría de magistrado.

Imagínense que un trabajador tiene establecido en su contrato el cobro de una productividad como consecuencia de los resultados obtenidos. Nadie dudaría que su retribución haya de verse incrementada en correlación con su mayor aportación al patrimonio de la empresa. No ocurre lo mismo con la carrera judicial: no se está cobrando lo que se debería por productividad (se paga entre el 1% y 2% del sueldo cuando la cifra debería situarse entre el 5% y el 10%). De nuevo, la Abogacía del Estado no entiende que deba ser aplicado para la carrera judicial y ha recurrido en casación las sentencias que reconocen este derecho a favor de quienes han acudido a los tribunales al efecto.

Imagínense que la empresa atraviesa dificultades económicas y se decide disminuir el sueldo. Cuando la situación mejora, se decide recuperar las retribuciones anteriores al recorte. Imagínense ser el único trabajador que no lo recupera. Esto es lo que le ha pasado a la carrera judicial: no se ha recuperado el 4,73% de las retribuciones básicas de 2010.

Reunión del Pleno del CGPJ. (Foto: CGPJ)

Imagínense que el IPC aumenta, de forma que reduce los sueldos, la patronal y los sindicatos se reunirían y acordarían, buscando llegar a un punto en común. Esto ha ocurrido este mismo mes. La carrera judicial ha esperado 20 largos años, varias amenazas de huelgas y entonces, hemos conseguido sentarnos con el Ministerio de Hacienda y recibir una oferta.

Imagínense que un directivo de una empresa, que siguiera siendo pagada por la misma, hablara mal de sus trabajadores, afectando a la reputación de dicha entidad. Esto sería inefable: tan solo pensar en esta posibilidad. Sin embargo, esto es lo que ocurre con la carrera judicial, en la que, gracias a otros poderes del Estado, se tilda irresponsable y frívolamente a los jueces como machistas, invitando a la víctima de un delito a no denunciar y no usar el servicio de la justicia.

Imagínense ustedes que la junta de accionistas de una empresa privada tiene por objeto lucrarse, por lo que buscan estrategias de financiación, marketing… a fin de ofrecer el mejor servicio de venta y postventa. En nuestro caso, nuestra junta de accionistas, el Consejo General del Poder Judicial es nombrado por el parlamento. Sin embargo, son los partidos políticos, los que, a día de hoy, se reparten el consejo, como si se tratara de un juego de cartas, donde los méritos y capacidad, sin explicación ni motivación, son el disfraz con el que se cubre después a la persona designada.

La cosa empeora si se pone en el contexto actual: llevan, casi, cinco años sin cumplir con su función, pese a las advertencias de la Unión Europea, lo que da mala imagen al CGPJ, pero también a la carrera judicial. Esto sería impensable en la empresa privada, donde la marca, es decir, el sello de calidad debe primar, como una forma de atraer a la gente para utilizar sus servicios.

Esta es la situación de la carrera judicial. El servicio se presta con unos medios que no funcionan o no son compatibles entre sí y con un aumento del número de casos a resolver, mientras que la capacidad adquisitiva de los miembros de la carrera judicial disminuye.

No obstante, somos conscientes de la importancia del servicio público que desempeñamos, como poder del Estado y, antes de causar daños en los juzgados y, en consecuencia, en los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos, hemos aceptado un acuerdo insuficiente.

No se equivoque: eso no significa que no sigamos buscando nuevas formas de mejora de las condiciones profesionales de la carrera judicial, ni que sigamos participando en protocolos para prestar un servicio de calidad, con los medios de los que disponemos.

Esto no es un punto final.

Seguimos.