La carta de Sánchez, ¿qué intenciones reales tiene?

No sabemos con qué intención el presidente del Gobierno publicó el 24 de abril la extraña carta de la que hoy todos hablan. Se puede especular sobre ello, pero lo de que ahí salga no pasará de ser eso, una especulación.

Lo que es un hecho es el contenido de la carta, y creo que hay que detenerse en él porque -a mi juicio- reviste una extraordinaria gravedad; tanto por la perspectiva que adopta para analizar la situación en la que nos encontramos como por el contenido sustantivo de la misiva; un contenido sustantivo que, en realidad, se limita a una sola cosa: el presidente se toma cinco días libres de actos oficiales.

Comenzaré, sin embargo, por el análisis que hace de las circunstancias por las que pasa el presidente y su esposa. De acuerdo con la carta, ambos son objeto de una operación de acoso y derribo en la que participan los líderes de la oposición, varios medios de comunicación y Manos Limpias, la entidad que denunció a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción.

Según el presidente del Gobierno, asistimos a una ilegítima operación de quienes no aceptan lo que Pedro Sánchez denomina “veredicto de las urnas”; esto es -en realidad- los pactos concluidos por el Partido socialista con los nacionalistas que llevaron al primero a adoptar medidas que había negado tajantemente durante la campaña electoral.

La explicación que ofrece el presidente de la situación política actual se aleja de lo que deberían ser común en una democracia. Ya no se trata de la tergiversación que acabo de señalar (hacer pasar por resultado de las urnas unos pactos que desdicen lo expuesto en campaña por el Partido socialista), sino de pretender que las críticas al Gobierno, acudir a los órganos de control de la Administración o a los tribunales es un ejercicio antidemocrático e ilegítimo.

Es lógico que a quien gobierna le moleste la actividad de la oposición y de la sociedad civil que no coincide con sus planteamientos, pero no es admisible que, desde el poder, se cuestione a quien critica a ese mismo poder. ¿Qué pretende Sánchez? ¿Qué la oposición actúe en el marco que a él le resulta conveniente o agradable? Como digo, esta actitud no es admisible en democracia.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. (Imagen: RTVE)

Hay que respetar la libertad de prensa

Especialmente grave resulta aquí la estigmatización de los medios que han denunciado los casos de corrupción que rodean al Gobierno y que están siendo investigados por los tribunales. El poder público ha de respetar la libertad de prensa y darse cuenta que el señalamiento desde La Moncloa no tiene la misma naturaleza que el que pueda hacer un particular o, incluso, un político que no forma parte del Poder Ejecutivo.

El presidente del Gobierno ha de ser mesurado en sus críticas a los medios; pues el pluralismo informativo y la libertad de prensa son esenciales de acuerdo con nuestro marco constitucional. Me imagino que no debe ser agradable abrir las páginas de un periódico y encontrarse con severas críticas a la actuación propia o, incluso, a su persona; pero, como se dice habitualmente, va en el cargo asumir estas críticas.

Si lo anterior es válido para cualquier personaje público como consejo ético, en el caso de quienes desempeñan cargos de la relevancia que tiene la presidencia del Gobierno esta moderación es ya una exigencia para el mantenimiento de una democracia sana.

Además, en el caso que nos ocupa resulta que las denuncias realizadas por los medios están teniendo traducción judicial. Este último dato es relevante porque, si bien Sánchez se cuida de no lanzar ninguna acusación explícita en la carta contra los jueces; lo cierto es que su diatriba no tiene mucho sentido si se queda en la crítica a Feijóo, a Abascal y a los periodistas que han sacado a la luz los hechos que están siendo investigados. El siguiente paso sería cargar contra los jueces; algo que, por cierto, ya han hecho en varias ocasiones -y con mucha contundencia- otros miembros de su Gobierno y el propio Sánchez.

Estos ataques desde el Poder Ejecutivo a los jueces, que son tan habituales en España, suponen una quiebra relevante de la independencia judicial de acuerdo con estándares internacionales. De tener una segunda parte la carta en la que lo que dice de los mencionados en ésta pasara a predicarse de los tribunales, estaríamos abiertamente en una crisis institucional que sería difícil resolver sin recurrir a instancias internacionales. Creo que conviene dejarlo indicado.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Alberto Núñez Feijóo​, presidente del Partido Popular. (Imagen: Moncloa)

Un presidente del Gobierno, activista

Así pues, nos encontramos ante un presidente del Gobierno -que no es lo mismo que otro político que no ejerce esa alta responsabilidad- que pretende explícitamente no ser criticado, que sus actuaciones no sean denunciadas y -es la consecuencia lógica- tampoco sean investigadas.

Es una pretensión absurda pero, además, antidemocrática. Una cosa es decir que es inocente y otra pretender que nadie pueda decir que es culpable. La diferencia no es sutil y debería ser consciente de ella. De hecho, creo que es plenamente consciente, pues cuando lo considera oportuno él sí que acusa sin demasiada medida a sus adversarios políticos. Ya he expuesto los riesgos que tiene para la democracia un planteamiento como ese.

Ahora bien, pese a lo anterior, lo sustancial de la carta, lo que le da sentido, son sus últimas cuatro líneas; y de ellas, específicamente las dos primeras en la parte que nos indica que “cancelaré mi agenda pública unos días para poder reflexionar y decidir qué camino tomar”.

Este es el contenido real de la carta, puesto que ni es una dimisión ni siquiera un anuncio de dimisión. El día 29 sabremos qué tiene que decirnos, pero tanto puede ser una dimisión como cualquier otra cosa y, en cualquier caso, esa será la noticia del día 29. La del día 24 es que el presidente del Gobierno suspende su agenda pública para tomarse unos días; unos días en los que no sabremos qué hace; unos días que necesita para hacer algo que es incompatible con el mantenimiento de sus compromisos.

Según él, se trata de reflexionar y decidir qué camino tomar. No conozco otros casos de primeros ministros que hayan procedido de esa forma. Obviamente, la dimisión es algo que ha de reflexionarse; igual, por ejemplo, que un adelanto electoral (algo que Sánchez ha decidido ya dos veces sin necesidad de tomarse días para ello), pero no se alcanza a comprender cómo es posible que esa reflexión no puede realizarse a la vez que se mantiene la agenda pública.

Es por lo anterior que la única conclusión que se puede extraer de la parte sustancial de la carta es que el presidente precisa cinco días alejado de los focos públicos para hacer algo que no podría hacer bajo ellos. El lunes, como muy tarde, sabremos de qué se trata.