La discriminación salarial

Un año más, quienes tenemos el privilegio de disponer de tribunas públicas como ésta, nos vemos en la tesitura de poner de nuevo en evidencia que las denuncias formuladas los años anteriores apenas han servido para recorrer unos pocos pasos en la distancia que separa la situación más reciente de lo que denominamos la igualdad real.

Sabemos por los muchos estudios realizados a lo largo de los últimos años que la desigualdad es fruto de muchos factores sociales y, lógicamente, de la tendencia a perpetuar los roles que el hombre y la mujer han desempeñado durante muchos siglos. Todas esas investigaciones han resultado muy útiles no solo para constatar una realidad poco cuestionable, sino para concretar aquellos aspectos en los que se materializa esa desigualdad.

Son, efectivamente, muchos los ámbitos en que esa distancia entre hombres y mujeres es más que evidente y atajarlos todos a la vez parece una tarea inabordable, pero no debemos renunciar a ir recortándola en aquellos que resultan de mayor trascendencia. Y, aunque no se trata de establecer una clasificación de cuáles son los vectores donde la desigualdad tiene consecuencias de mayor trascendencia, sí podemos afirmar que el que debemos solucionar con mayor urgencia es el de la discriminación salarial.

De izqda a dcha: Isabel Winkels, vicedecana del ICAM; Victoria Ortega, presidenta del CGAE; Ángela Cerrillos, presidenta de la Comisión de Igualdad del ICAM; y Lola Fernández Campillo, tesorera del ICAM (Foto: ICAM)

Ese castigo a las mujeres ofrece una doble perspectiva: la primera es la de la cualificación laboral y la calidad de los empleos. Por cada tres mujeres que trabajan a tiempo parcial solo hay un hombre en el mismo régimen de contratación. La segunda es la más gravosa circunstancia de mujeres cobrando un sueldo inferior al que reciben sus compañeros masculinos por desempeñar el mismo trabajo. Ambas circunstancias se concretan en unas cifras que se han dado a conocer esta misma semana y que exponen que mientras el sueldo medio de las mujeres españolas está entorno a los 22.000 euros brutos al año, el de los hombres alcanza los 27.000 euros.

La primera de esas realidades nos va a llevar algún tiempo transformarla, pues pasa necesariamente por que las mujeres se incorporen en igual medida que los hombres a la formación y al mundo laboral. Todavía son muchos los obstáculos que lo dificultan, especialmente entre quienes tienen mayores dificultades económicas. Este objetivo pasa por la implicación del conjunto de la sociedad. Las autoridades deben comprometer más y mejores ayudas a las familias con dificultades y las empresas deben promover oportunidades para las jóvenes que no han tenido oportunidad de formarse adecuadamente.

El segundo de los aspectos aludido me parece mucho más grave. Que sigan existiendo empresas que discriminen salarialmente en función del sexo de sus trabajadores no solo va contra la ley sino contra el más elemental sentido de la justicia social. Aunque son numerosas las sentencias en favor de mujeres discriminadas, es preciso que la abogacía reclame sanciones más agravadas para quienes, a pesar de conocer la relevancia de sus conductas, siguen escamoteando a las mujeres derechos esenciales con criterios que la sociedad ha dejado de asumir hace mucho tiempo. Tal vez no estaría de más que el legislador contemplase sanciones de mayor peso para las conductas de este tipo.

Decenas de miles de mujeres saldrán hoy a las calles de las ciudades españolas para volver a reclamar con su presencia y sus voces una verdadera igualdad entre hombres y mujeres. La exigencia tiene el sentido histórico y legal que todos conocemos y su respuesta no puede ser otra más que el cumplimiento de la ley. Empecemos ya mismo tratando de solucionar aquellos aspectos que revisten mayor importancia como es el caso de la discriminación salarial.