La IA en el sector jurídico: formación y regulación, claves para 2025

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido, definitivamente, en parte fundamental de la realidad profesional del Derecho. En el año 2024, su impacto se ha hecho evidente, acelerando procesos, facilitando tareas repetitivas y proporcionando herramientas capaces de transformar la práctica legal diaria. Sin embargo, este avance disruptivo conlleva retos relevantes para nuestro sector: la necesidad imperiosa de una formación especializada que combine conocimientos técnicos y jurídicos, y una adaptación profunda y consciente al nuevo marco regulatorio europeo sobre IA. El desafío central que enfrentamos en 2025 no es únicamente tecnológico, sino educativo, ético y regulatorio.

2024: la IA como protagonista de la transformación jurídica

A lo largo del pasado año, los despachos, departamentos legales de empresas y administraciones públicas han acelerado su incorporación de soluciones tecnológicas basadas en IA. La inteligencia artificial generativa, la automatización documental o los sistemas de predicción jurídica han mostrado su capacidad para reducir costes y tiempos, mejorar la precisión de la información jurídica y facilitar la gestión de riesgos legales.

Paralelamente, la formación específica en tecnologías aplicadas al Derecho se ha convertido en un tema prioritario para universidades e instituciones. Sin embargo, pese a que muchos profesionales han comenzado a usar estas herramientas tecnológicas, todavía existe una notable brecha de conocimiento. Una gran parte del colectivo jurídico carece aún de habilidades técnicas suficientes para utilizar plenamente la IA en su desempeño profesional o para valorar sus implicaciones éticas y jurídicas.

Además, durante 2024 hemos presenciado cómo la Unión Europea culminaba el desarrollo del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, un marco normativo pionero que pretende regular el uso responsable y ético de estas tecnologías. Este Reglamento, aunque necesario, supone también una gran exigencia para el sector jurídico, pues requiere un profundo entendimiento de las obligaciones y responsabilidades que impone a quienes utilizan soluciones basadas en IA, especialmente en áreas sensibles como la privacidad, la transparencia o la gestión de riesgos legales.

2025: formación integral y adaptación regulatoria

El gran desafío que nos aguarda en 2025 es doble: asegurar la capacitación integral de los profesionales del Derecho en inteligencia artificial y legaltech, y garantizar la adaptación efectiva a los requerimientos del Reglamento Europeo. Es imprescindible preparar al colectivo jurídico no solo en aspectos estrictamente legales, sino también dotarlo de competencias técnicas esenciales para comprender y utilizar con responsabilidad las tecnologías emergentes.

(Imagen: E&J)

Conscientes de este reto, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Rey Juan Carlos hemos creado el laboratorio «AI-LEARN», concebido como un espacio académico neutral y multidisciplinar. Su propósito no es promover herramientas específicas, sino ofrecer un entorno de aprendizaje integral, basado en la exploración de diversas soluciones tecnológicas, desde IA generativa hasta simulaciones procesales con realidad virtual, permitiendo a estudiantes y profesores adquirir un conocimiento profundo y crítico sobre el uso responsable de la inteligencia artificial.

Nuestra experiencia nos confirma que no se trata simplemente de usar la tecnología, sino de saber cómo, cuándo y con qué garantías éticas y jurídicas hacerlo. El profesional del Derecho del futuro cercano deberá manejar la IA con la misma destreza con la que hoy maneja la jurisprudencia o la legislación. Por ello, el reto formativo y regulatorio que afrontamos no es solo técnico, sino ético y conceptual. Necesitamos juristas formados integralmente, capaces de identificar riesgos, anticipar implicaciones jurídicas, aplicar principios éticos y aprovechar el potencial de la inteligencia artificial en beneficio del interés general.

En definitiva, el año 2025 debe ser el año en el que consolidemos la integración ética y regulada de la IA en la práctica jurídica. Esta transformación dependerá en gran medida de la capacidad que tengamos para formar adecuadamente a nuestros profesionales y para asumir con responsabilidad las exigencias del nuevo marco regulatorio europeo. Solo así garantizaremos un futuro del Derecho más justo, eficiente y socialmente responsable.