La independencia judicial

Las personas somos titulares de derechos y para que éstos sean efectivos, que se cumplan en la realidad, las sociedades de todos los tiempos han decidido que una tercera persona pueda recibir las quejas de quienes ven lesionados estos derechos. Esta persona se llama juez. En definitiva, el juez es quien va a decir sobre “la verdad”, judicial, en los asuntos sometidos a su jurisdicción.

Un juez debe tener la confianza de las personas a quienes van dirigidas sus decisiones. Los jueces ya no están escondidos dentro de oscuras cámaras y las sentencias no son secretas: deben ser redactadas utilizando los argumentos más adecuados para llegar a un resultado adecuado, que esté de acuerdo con lo que dicen las leyes. Un juez que impida la aplicación de la ley no es justo, porque no actúa de acuerdo con los principios democráticos. De ahí, la necesidad de que el Poder Judicial formado por todos los jueces debe ser independiente.

Las afirmaciones generales se reflejan en las condiciones en que la independencia se plantea: un juez debe ser antes que nada independiente de sí mismo. Cuando el Tribunal de Estrasburgo condenó al Estado por la vulneración de la independencia e imparcialidad en el Caso Otegi, en el que uno de los jueces expresó su ideología antes del juicio, se estaba sancionando que el concreto juez obedeciera únicamente a sus prejuicios. Esto quizá sea inevitable, pero existen remedios y sólo hay que aplicarlos.

Lo que en realidad preocupa más al ciudadano son las influencias ideológicas que concurren no tanto en quienes deben decidir, sino en quienes nombran a los que deben decidir en tribunales con alto nivel de conflictividad política. Los jueces son personas humanas y pueden recibir inputs de los medios de comunicación, tan dados a especular sobre culpas y responsabilidades; de las redes sociales, tan propensas a inventar noticias de dudosa veracidad y de los políticos, sobre todo cuando está en sus manos el nombramiento de jueces y magistrados en tribunales como el Constitucional y el Supremo. Entonces la conclusión será que si han sido nombrados por quienes se dedican a la tarea de gobernar, los nombrados deben ser afines, porque de otra manera los propósitos de un gobierno pueden ser obstaculizados por las decisiones de unos jueces demasiado independientes.

Y cuando ya no estamos en el ámbito de la política partidista, sino de los casos de corrupción, que por desgracia abundan en todos los partidos políticos, los que tienen la competencia para nombrar a un juez de estos tribunales, tenderá a llamar a quien pueda ser influido o sea más afín. Al fin y al cabo, es humano, aunque sea reprobable.

La Unión Europea hace ya tiempo que se ha dado cuenta de la necesidad de proteger la condición de juez, a raíz de los casos de Polonia y Hungría como más espectaculares.

La politización de la justicia será lo que se producirá a continuación, porque habrá un alto interés por parte de quienes se dedican a la política para resultar indemnes de posibles acciones de responsabilidad por errores, malas prácticas o incluso delitos cometidos durante un mandato. Se necesitarán jueces afines, con el consiguiente desprestigio de los tribunales. Se habrá conseguido una continuidad: el Parlamento aprueba lo que le dice el Gobierno y si alguien intenta que los Tribunales revoquen esta decisión, ya se habrán encargado quienes tienen la competencia de integrar los órganos judiciales con las personas más cercanas. Se ha cerrado el círculo.

Por ello, los ciudadanos han perdido la confianza en los jueces; no porque sus casos no se resuelvan correctamente, sino porque piensan que los jueces están vendidos. Y no se dan cuenta de que los corruptos, los violadores, los asesinos y otros delincuentes van a la cárcel; que los divorcios se llevan adelante y que los deudores son condenados a pagar. En definitiva, se cumple la función del juez. A pesar de todo.