España no ha llegado todavía a los niveles de Hungría y Polonia, pero es evidente que es solo cuestión de tiempo

El fenómeno de la rule of law backsliding, la involución del Estado de Derecho, se ha extendido de este a oeste. Así, desde los Estados de Europa centro-oriental, como Polonia, Hungría y Rumania, ha llegado también a España. No obstante, respecto a la regresión en los Estados del Visegrado, hay dos importantes diferencias. En primer lugar, la especificidad del caso español consiste en que no estaríamos ante un sistema iliberal de derecha, sino más bien de izquierda, representando este un supuesto inédito en el panorama europeo. Esto hace mucho más difícil que la ciudadanía comprenda la gravedad de la situación, porque muchos no consiguen ver la realidad.

En segundo lugar, afortunadamente España no ha llegado todavía a los niveles de Hungría y Polonia, pero es evidente que es solo cuestión de tiempo. En este sentido, ya no se puede hablar de la existencia de simples tendencias que son expresión del “momento populista” actual, al que se suele imputar la culpa de todos los males de la sociedad; tampoco se trata de meros indicios puntuales, derivados de medidas o decisiones desafortunadas. Ya tenemos un cumulo de actuaciones que nos indican la dirección hacia la que se está yendo.

Si se analiza la situación de España, se puede observar la presencia de todos los indicadores de la rule of law backsliding, es decir, del proceso involutivo que produce el deterioro del Estado de Derecho, de su estructura básica, como el principio de separación de poderes o la existencia de un sistema de justicia independiente e imparcial.

El Estado español se caracteriza por una debilidad intrínseca, que no le ha permitido superar determinadas contradicciones y deficiencias estructurales internas, en primer lugar, la cuestión territorial derivada de las tendencias secesionistas, que lo hacen particularmente vulnerable. Asimismo, se puede observar que en los últimos años se han adoptado medidas que han producido cambios silenciosos, progresivos, cuya intensidad ha ido creciendo, como resultado de los acuerdos del gobierno con partidos de corte populista y nacionalista.

Reformas populistas, demagógicas y propagandísticas

Esto se observa de forma clara en la gestión de la cuestión catalana: se ha pasado de los indultos a los líderes del procés, y de la derogación del delito de sedición y la reforma de la malversación, hasta la Proposición de Ley Orgánica de amnistía, que ha culminado este proceso, mostrando de forma palpable cómo la erosión había conseguido afectar a las estructuras básicas del ordenamiento.

Asimismo, se han adoptado reformas populistas, demagógicas y propagandísticas —supuestamente para favorecer a los colectivos especialmente vulnerables, como por ejemplo las mujeres— las cuales en realidad están produciendo graves perjuicios no solo a estas personas sino a la sociedad en su conjunto. Es suficiente pensar en lo que ha ocurrido con la Ley del Solo Sí es Sí.

Y por último, se puede observar el intento de “captura” de las instituciones y la consiguiente fractura de los mecanismos de recíproco control, sirviéndose de los instrumentos típicos del Estado democrático para transformarlo desde dentro. Esta técnica produce una contradicción entre forma y substancia, que afecta a los derechos fundamentales y los principios estructurales del ordenamiento.

A tal fin, los gobiernos iliberales suelen poner en marcha una obra de “colonización”, nombrando a familiares, a amigos y personas afines al partido para eliminar todo tipo de oposición. En todo esto el mérito se convierte en un concepto jurídico muy indeterminado. El Gobierno aún no ha conseguido secuestrar el Poder Judicial, que, a pesar del desgaste que ha sufrido por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (GGPJ), las consecuencias de la LO 4/2021, que ha reducido las funciones del CGPJ ad interim, y los continuos ataques, se ha mantenido firme.

Lamentablemente, este proceso erosivo del modelo de Estado se coloca en una tendencia más generalizada que está interesando a todos los Países. En el caso concreto de España dos son los caminos que hay que trabajar para salir de esta situación. Por un lado, es necesaria más cultura y pedagogía constitucional, pues los ciudadanos tienen que darse cuenta de lo que está ocurriendo. Y por otra parte, es muy necesaria y urgente la intervención de la Unión Europea (UE), que podría funcionar como límite.