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La firma

La Justicia en España: entre el ruido de la palabrería y la inanidad de los hechos

“Estamos acostumbrados a este escenario de desidia, colapso y abandono”

(Imagen: Poder Judicial)

Álvaro Perea González

Letrado de la Administración de Justicia




Tiempo de lectura: 3 min

Publicado




La firma

La Justicia en España: entre el ruido de la palabrería y la inanidad de los hechos

“Estamos acostumbrados a este escenario de desidia, colapso y abandono”

(Imagen: Poder Judicial)



Otro curso judicial más. Otro, después del correspondiente a los años 2023-2024, y de forma antecedente al próximo: el 2025-2026. ¿Qué podemos esperar del curso judicial 2024-2025? Probablemente, muy poco. Siendo optimistas, algo que no será mucho. Un poco más de ruido parlamentario, alguna medida anestésica para las legítimas pretensiones de abogados y procuradores, y, como siempre, la pertinente ley anunciada con bombos y platillos que, por carencia completa de despliegue presupuestario, no tardará en acompañar a sus hermanas mayores al banquillo del fracaso y la irrelevancia. ¿Alguien recuerda el Real Decreto-ley 6/2023? ¿Las medidas de eficiencia digital? Hállense las respuestas por sí solas.

Quienes trabajamos en Justicia —entiéndase de forma amplia: abogados, jueces, procuradores, etc.— estamos tan acostumbrados a este escenario de desidia, colapso y abandono que si no somos pesimistas —intentamos no serlo— es porque sabemos que la rueda seguirá girando, lenta y despaciosamente, como en todo este tiempo, pero de manera indefectible, hasta el final de los días. ¿Por voluntad meritoria y esforzada de ministros o parlamentos? No. Desde luego que no. Lo saben ellos y lo sabemos nosotros. La Justicia —públicamente convertida en apéndice del Ministerio de la Presidencia— no puede esperar nada del resto de poderes que, cuando no tratan de socavarla explícitamente —véase la inefable Ley de Amnistía— lo hacen a través del tacticismo tácito del ahorcamiento por insuficiencia de medios —véase la también indescriptible Ley de Vivienda—.



Ningún texto debería escribirse con el propósito de la crítica sin, al mismo tiempo, arrojar algo de esperanza con la presentación de propuestas. Y esta tribuna no debe ser una excepción. ¿Qué podemos hacer ante el aciago invierno de esta Justicia sin abrigo? Desde luego que no resignarnos. Sea únicamente por el mantenimiento de la tradición, todos los operadores —¿algún día todos juntos? — hemos de perseverar en la reivindicación de los medios necesarios y suficientes para poder seguir desempeñando nuestro trabajo en condiciones suficientes de dignidad, pero, sobre todo, para que el ciudadano no vea morir su legítima y razonable aspiración de justicia en la letanía de las dilaciones procesales, en la ignominia de la burocracia deshumanizada de los números.

Expedientes acumulados en un juzgado. (Imagen: E&J)



A corto plazo la Administración de Justicia enfrenta dos problemas considerables: uno relativo a las jubilaciones de su personal; otro referido al sobresaliente incremento de asuntos (en el orden civil, de un 30% en un año). Más trabajo, menos personas, y una digitalización que todavía no es plena. Esto es el futuro a corto plazo y esto es lo que deben conocer los ciudadanos. Debemos hacer pedagogía, debemos ser claros, debemos trasladar a quienes nos legitiman lo qué ocurre y por qué ocurre. Transparencia absoluta.



Tal vez la cuestión sea esta. Los problemas judiciales no se conciben como problemas de la ciudadanía, no se sitúan en la agenda pública, y como esto no acontece, la insuficiencia de jueces, la saturación de órganos o los señalamientos de juicios con años de retraso son asuntos que se metabolizan como normales y asumibles. No lo son. No pueden serlo. No deben serlo. No en un Estado de Derecho, si realmente quiere ser tal.

No cabe esperar nada —o muy poco— del Ministerio dirigido por Félix Bolaños. Las prioridades son otras. Tampoco cabe esperar demasiado del Congreso de los Diputados, inane y constreñido a la aprobación de normas que, sin embargo, o bien se supeditan a desarrollos reglamentarios luego inexistentes, o bien precisan de coberturas presupuestarias que no se firmarán.

El problema es de fondo. O la ciudadanía entiende la gravedad de la situación y lo acuciante de adoptar medidas urgentes, o, simplemente, la rueda seguirá girando, lenta y despaciosamente, otro año más, otro curso más. Hasta el próximo 2025-2026, entre el ruido de la palabrería y la inanidad de los hechos.

En realidad, depende de nosotros, mucho más de lo que imaginamos.