La Justicia no está en funciones

El pasado día 7 de septiembre, en el denso discurso de apertura de tribunales, el presidente del Tribunal Supremo expuso la preocupante situación en la que se encuentra el Alto Tribunal en particular, y la Justicia española en general.

Permitidme destacar algunas ideas. Se definió como “desolador” el estado del Tribunal Supremo, ello pone en cuestión el funcionamiento de nuestro sistema democrático y contribuye a la progresiva erosión de las instituciones fundamentales.

Personalmente, hubiera abierto el foco y extendería estas calificaciones a toda la Administración de Justicia, incluso destacaría la velocidad de erosión. A día de hoy, la situación desoladora lo es mucho más que hace un año, tanto si nos referimos a la realidad en la que se encuentra el Tribunal Supremo, como a la Justicia en España en general.

En el último año no se ha resuelto la situación de interinidad en la que se encuentra el Consejo General del Poder Judicial, y entre sus múltiples consecuencias, junto a interesadas reformas en la LOPJ, se han generado evidentes dificultades para realizar nombramientos en el Tribunal Supremo y en otros altos Tribunales.

Probablemente, el escenario es incluso más dramático. Como refería antes, la Justicia en general ha sufrido muchísimo en el último año, se ha deteriorado como nunca y, por el camino que va, se dirige hacia el caos. Resulta evidente, aunque parece que no lo suficiente, que la Administración de Justicia está hecha jirones y nadie parece querer adoptar las medidas necesarias para resolverlo. Se debe reconducir el problema con propuestas determinantes, firmes, transparentes, colaborativas y realistas que resuelvan la confusa realidad en la que estamos inmersos, y que permita a todos los que estamos implicados, recuperar la motivación suficiente para encontrar soluciones eficaces, consensuadas y definitivas.

Desde luego que cada uno en su medida tiene su parte de “culpa”, pero la Justicia no está en funciones, debe funcionar diá a día, los juzgados y tribunales, deben continuar aportando seguridad jurídica a la sociedad, y parece que, en el actual panorama político, nadie quiere responsabilizarse de lo que está sucediendo, ni siquiera el propio Ministerio de Justicia, el primero que debería dar pasos al frente para resolver el problema que sigue teniendo.

Será que habrá que dar la razón a aquellos que dicen que “la Justicia no da votos, por eso es la hermana pequeña”. Pero a nadie debería olvidársele el papel fundamental de la Justicia en nuestro sistema democrático y de garantías. La desatención y profundo abandono, demostrándose tanto en la propia independencia del Poder Judicial, como de la Administración de Justicia en términos absolutos, pone de manifiesto que no se atiende, ni valora, suficientemente, la imperiosa necesidad de que la Justicia funcione al mismo nivel que otros servicios públicos esenciales.

En la actual situación de desgaste de la Justicia, podemos preguntarnos ¿realmente interesa resolver la situación?, ¿Cuándo piensa el Ministerio de Justicia iniciar el proceso de reconstrucción de la Justicia que está viendo caer? ¿Verdaderamente le interesa que la Justicia funcione, o es interesado el nivel de desprestigio en el que se está sumiendo?

Muchas preguntas que tienen respuesta sólo si el Gobierno de España quiere afrontar de manera determinante la situación. Así lo exigiremos. Recordemos que la verdadera víctima de esta situación es el justiciable, la ciudadanía.