La Justicia no puede esperar más

Con la inminente finalización del año han vuelto a publicarse algunas cifras estadísticas que muestran cómo la Justicia española sigue perdiendo eficiencia y ralentizando los plazos de resolución. Cuando, como sucedió cuando nos arrasó el Covid, pensamos que las cosas no podían empeorar, llegó la realidad para hacernos conscientes de que sí.

Es por ello por lo que el pasado 28 de junio, abogados y abogadas de toda España salimos a las plazas y las calles para revindicar una acción decidida de los poderes públicos que nos ayudase a remontar y nos proporcionase el servicio público de calidad que la ciudadanía merece. Cuando la protesta nacional se llevó a cabo, ya estaba en curso la convocatoria electoral, sin que fuera posible anticipar que la formación de gobierno se demoraría cuatro meses.

Apenas unas semanas después de la toma de posesión del nuevo Ejecutivo, el Consejo de Ministros ha aprobado, mediante Real Decreto Ley, buena parte de la ley de Eficiencia Procesal y la casi totalidad de la ley de Eficiencia Digital de Servicio Público de Justicia. Esta última engloba todo el trabajo de modernización tecnológica que se ha venido realizando y al que se quiere dar continuidad en los próximos años. Además, el Ministerio ha anunciado que pronto le seguirá la ley de Eficiencia Organizativa.

La urgencia en aprobar este amplio paquete, al que también está previsto que se incorpore en los próximos meses la Ley del Derecho de Defensa, viene a darnos la razón a quienes sostenemos desde hace tiempo que la Justicia es un servicio a cuya reforma debía otorgársele la máxima urgencia.

Y es que, aunque son muchos los sectores que reclaman reformas, desde la abogacía sostenemos que la Justicia no es un sector más. No lo es porque todo el proyecto de transformación del sistema judicial se configuró en los años precedentes, se estructuró en torno a las conocidas como leyes de eficiencia del Servicio Público de Justicia e incluso se debatieron en el seno del Congreso. La convocatoria anticipada frustró un proceso que estaba a punto de concluir y que, por tanto, ya había consumado casi todas sus fases.

Pero, además, la Justicia no es un sector más, porque su funcionamiento incide de forma directa e inmediata en el funcionamiento del resto de sectores económicos y sociales de nuestro país. Un sistema judicial ágil y de calidad es una garantía para cualquier iniciativa empresarial y un pilar básico en la toma de decisiones a la hora de emprender nuevos proyectos o ejecutar nuevas inversiones. Prueba de ellos es la inclusión de los proyectos de modernización de la Administración de Justicia en el conocido como PERTE.

También es un indicador clave en los índices de igualdad, pues resulta esencial para defender con eficacia los derechos de las personas. A modo de ejemplo, apuntar que de poco nos sirve una normativa muy protectora con los derechos del trabajador si tras un despido, el juzgado de lo social tarda varios años en celebrar el juicio y restituir los derechos quebrantados.

Acierta, por ello, el Gobierno priorizando el servicio público de Justicia como una de las reformas más urgentes que necesita nuestro país. Si esta directriz se sostiene, 2024 puede ser finalmente el año en que pongamos en marcha un nuevo modelo de Justicia dotado de los recursos suficientes en torno a una organización más eficaz. Un sistema que, además, está incorporando la inteligencia artificial para, por ejemplo, resolver trámites administrativos sencillos que hasta ahora consumían miles de horas de funcionarios que pueden dedicarse a tareas más complejas.

Continuará en la columna de asuntos pendientes de los poderes públicos para con la abogacía una respuesta firme y definitiva a las innumerables goteras que aquejan a la Asistencia Jurídica Gratuita. Un servicio del que es garante la Administración Pública no puede ofrecerse de forma que el prestador se convierta en colaborador a pérdida, tal y como está sucediendo en innumerables casos en la actualidad.

La ley de 1996 ha quedado desfasada y el sistema pide a gritos la reforma legislativa anunciada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el pasado día 21. Una reforma en profundidad que confiera a la Justicia Gratuita el carácter ejemplar con el que la abogacía lo ha prestado históricamente para hacer que quienes menos tienen no queden indefensos ante las situaciones más adversas.

Es obligación, igualmente, continuar con el trabajo emprendido en el desarrollo e implantación efectiva de las medidas para facilitar la conciliación de la abogacía. 

Pedir que se ponga fin a la interinidad del Consejo General del Poder Judicial parece a estas alturas más un sueño que un deseo alcanzable. Confío en que, con el reciente acuerdo alcanzado para la mediación y verificación de la Comisión Europea en este proceso nos encontremos ante el principio del fin de una provisionalidad que nunca debió llegara donde hoy nos encontramos.

En definitiva, 2024 debería ser el año de la materialización. Ya hemos pasado mucho tiempo analizando y planificando. Hemos sobrepasado la fase de la elaboración de los textos y estamos, en algunos casos, en el instante de la consumación y puesta en marcha. Es el momento de hacer que el trabajo de mucho tiempo se convierta en realidad. Muchos confiamos en que así será.