La ley de Eficiencia será lo que consigamos hacer con ella

Apenas tiene unos días de vida y muchos se han apresurado a reconocer en ella cuál será su trayectoria. Me refiero a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Fue la primera ley aprobada este año, pero sus aspectos procesales no han entrado en vigor hasta el pasado 3 de abril.

Antes de que llegara esa fecha, miles de compañeros se apresuraron a registrar sus demandas para eludir el trámite negociador previo que impone la nueva regulación. No ha sido porque hasta ahora no existiesen tentativas de acercamiento y acuerdos entre los letrados de las partes antes de acudir los tribunales. Al contrario, la tentativa negociadora siempre ha existido y, sin que sea posible contabilizar el número de casos, los abogados y abogadas han evitado miles y miles de tediosos procesos judiciales para sus clientes. La avalancha de papel se ha producido principalmente por el temor a lo desconocido y por la incertidumbre generada.

Quizá exceso de precaución. Tal vez un gesto de prevención ante posibles retrasos añadidos que pudieran producirse hasta que todos tengamos certezas sobre cómo funcionará el nuevo modelo. Que la utilización de los MASC hubiese estado definida en la ley de una forma más concreta quizá habría ayudado a disipar muchas dudas.

Pero el caso es que ya estamos donde estamos. No tiene mucha utilidad lamentarse de oportunidades perdidas cuando no se puede volver atrás. Y por eso todo nuestro esfuerzo debe centrarse en contribuir a clarificar esos criterios y obtener las mejores ventajas que pueda proporcionarnos la ley.

La Abogacía Española se ha pasado dos meses escuchando a reputados magistrados, fiscales y abogados que han explicado en esta institución sus interpretaciones sobre la norma. Ha condensado ese conocimiento y ha confeccionado una “Guía sobre la Regulación de los MASC” que cuando escribo estas líneas ya se han descargado más de 16.000 compañeros.

En cuanto sobrepasemos la Semana Santa nos disponemos a programar un nuevo ciclo formativo que, en este caso, ya no ofrecerá interpretaciones, sino que explicará cómo están actuando los juzgados y tribunales tras la introducción de las aludidas modificaciones procesales que impone la ley.

(Imagen: E&J)

No sé si los pesimistas son muchos o solo son muy ruidosos. Tal vez suceda, como en muchas otras ocasiones, que el que descalifica obtiene más visibilidad que el resto. No me extrañaría que sucediera que algunos de quienes ahora destacan los muchos perjuicios que la Ley de Eficiencia encierra sean quienes alardeen de haber solucionado un importante número de casos en la fase prejudicial.

Durante la tramitación de esta ley hemos promovido numerosas propuestas de mejoras, unas aceptadas y otras no acogidas en el actual texto. Pero no es ni mi papel ni el de la Abogacía Española bendecir o descalificar las leyes que ya forman parte de nuestro cuerpo legal. El mío como presidente y el de las instituciones colegiales en las que me he honrado y me honro en servir es el de contribuir a mejorar el servicio público de Justicia que la Administración y el conjunto de operadores jurídicos prestamos a la sociedad.

Lo que nadie puede negar es que llevamos décadas reclamando una reforma en profundidad de la Justicia que ponga fin a los males crónicos de nuestro sistema judicial. Tampoco que el problema es de tanto calado y tan complejo de resolver que una ley por sí misma no puede dar todas las respuestas que como juristas y como ciudadanos reclamamos al Estado. Y, sin embargo, lo que tampoco podemos hacer es cruzarnos de brazos, porque entendemos que las respuestas que se nos ofrecen no son las que creemos más adecuadas.

Lo que parece más oportuno y sensato es esforzarnos por conocer la nueva regulación, mantenernos actualizados sobre los pronunciamientos de los juzgados, adaptarnos a los cambios procesales y tratar de aprovechar las oportunidades que la nueva ley nos proporciona para resolver los litigios antes de la fase judicial. Sea o no esta ley la mejor posible, cada caso que se resuelva antes de alcanzar el registro de los tribunales será una victoria para nuestros clientes, para nosotros y también para el conjunto de la sociedad española.