La Organización de la inmigración en España: una propuesta histórica

Desde hace ya muchos años, estamos asistiendo a un debate absolutamente crucial para la paz social que necesita España en el desarrollo de los intereses de la ciudadanía, tanto en el ámbito social, como en el político, el laboral, y el económico. Este un conflicto continuo y poliédrico que afecta a todos los ciudadanos españoles, pues su manera de interpretarlo depende de la ideología o sensibilidad de cada uno, y también de lo que surge de su corazón o de los intereses que le muevan.

Pero a pesar de las diferentes posturas ideológicas, es cierto que actualmente nadie discute que las personas extranjeras que llegan a nuestro país sean necesarias, en muchos casos bienvenidas y creo que, en la mayoría de los casos, altamente valorada, cuando quienes se integran en nuestra sociedad vienen para realizar labores esenciales para el desarrollo de nuestra economía.

Y casi todos presumimos que todos los migrantes, latinos, africanos y asiáticos principalmente, vienen a nuestro país para conseguir mejores condiciones de vida que las que sus países les ofrecen. Y eso, hay que reconocerlo, supone una renuncia a un modelo de vida en la tierra que los ha visto nacer, así como a su familia y amigos, lo cual es también un gran esfuerzo personal que debemos tener en cuenta.

Pero también es cierto que, como consecuencia de que Europa ha abierto sus frontera por motivos humanitarios a decenas de miles de personas provenientes de los países de Oriente próximo, cuyas sociedades están inmersas en graves conflictos armados, se ha producido una inmensa migración de ciudadanos de aquellos países hacía los nuestros, aunque mantengan valores y creencias distintas que en muchos casos chocan con las que mantenemos desde hace siglos, lo que ha hecho que muchos ciudadanos europeos sean críticos con tales corrientes migratorias al considerarlas un elemento distorsionador y conflictivo que lacra nuestras sociedades europeas.

En concreto, me refiero a las reflexiones que algunos medios de comunicación cercanos a los movimientos nacionalistas políticos han realizado respecto al último atentado que se ha producido en Alemania, donde un refugiado de origen sirio ha cometido varios asesinatos, probablemente porque se trataba de un yihadista infiltrado entre los miles de personas buenas y trabajadoras que han llegado a ese país huyendo de la guerra que asola la tierra donde han nacido.

Y eso está suponiendo un grave problema de conciencia para muchos ciudadanos europeos que vieron como Europa recibía a esos inmigrantes para darles cobijo y apoyo, y que así puedan rehacer su vida, y, a cambio, uno de los suyos paga ese acto de compasión asesinando cruelmente a tres personas e hiriendo gravemente a otras ocho.

Obviamente, ese atentado produce un sentimiento común entre la ciudadanía de frustración que en muchos casos se canaliza por intereses políticos, para que surja un deseo de venganza contra el responsable de tan execrable acto, que se traslada también a todo el colectivo al que el asesino pertenece, haciendo responsables del mismo a todos los miembros de la comunidad musulmana, lo cual es manifiestamente injusto.

En nuestro país, por desgracia, hemos tenido varias experiencias similares, como los atentados del 11M o los atentados de las Ramblas de Barcelona, al que tuve el disgusto de asistir prácticamente en directo, pero, a pesar de las tensiones sociales que esos hechos produjeron en nuestra sociedad, pudimos superarlos gracias al entendimiento y la sensibilidad que la inmensa mayoría de los migrantes musulmanes tuvieron para condenar los hechos y a sus autores, colaborando activamente muchos de sus líderes con las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado para el esclarecimiento de tales hechos y la condena de los culpables. Entre otros, hay que recordar a Moneir Mahmoud Aly El Messery, quien fuera Imán del Centro Cultural Islámico de Madrid durante catorce años, además de presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI) en tiempos del atentado de Madrid, con el que he tenido el gusto de hablar en algunas ocasiones, y que ha sido un claro opositor del movimiento yihadista, denunciando a sus simpatizantes e, incluso, impidiéndoles el acceso a la mezquita, negando que estos terroristas sean buenos musulmanes.

Imagen de los atentados del 11M. (Imagen: RTVE)

Pero, el caso, es que el número de personas que llegan a nuestro país de forma descontrolada es tan alto, que gestionar su acomodo ya está suponiendo un grave conflicto social por la falta de colaboración entre las distintas administraciones del Estado, cuyo desencuentro ha llevado, incluso, a que se enfrenten dos de los principales partidos políticos que gobernaban coaligados varias CCAA, rompiéndose sus pactos y acuerdos, llevando a la dimisión o el cese de muchos altos cargos de las administraciones autonómicas gobernadas por el PP con el apoyo de VOX.

Y no digamos ya lo que supone gestionar la inclusión social de esos millones de migrantes que han llegado a España en los últimos años[1] que conviven y se relacionan entre sí, generalmente en virtud de su origen, nacionalidad, religión o intereses, agrupándose en comunidades diferenciadas unas de otras que son dirigidas por sus líderes más o menos formales, e, incluso, en muchos casos, clandestinos, sobre todo en los grupos sociales en los que se han trasladado a nuestros país la cultura de la bandas y otras organizaciones ilegales.

No hay más que recorrer las calles de las principales ciudades españolas que son receptoras de esa migración, para darnos cuentas que ese fenómeno va a seguir aumentando en los próximos años, hasta desdibujar el perfil sociológico y demográfico de nuestra sociedad tradicional, cambiándola radicalmente.

Y esa es la realidad actual a la que debemos buscar soluciones para minimizar los riesgos, las amenazas y los conflictos que surgen diariamente. Pero, ¿qué podemos hacer para que esas personas que hemos recibido en nuestro país para que trabajen, prosperen y se integren y nos ayuden también a evitar que algunos de los suyos ataquen nuestro sistema social? Sinceramente, conozco que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan incansablemente para descubrir la aguja que supone esa minoría de delincuentes inmigrados que se esconden en el enorme pajar social migratorio en el que España se ha convertido, pero también sé que esa labor policial es insuficiente.

A través de mi trabajo en el servicio mediador que prestamos en las cárceles españolas he conocido algunos internos extranjeros que están cumpliendo condena por delitos generalmente muy graves, que, en vez de arrepentirse, ponen de manifiesto con orgullo el poder del grupo al que pertenecen de realizar múltiples actos delictivos, y sienten cierta sensación de impunidad al estar convencidos de que son invisibles a los ojos de los españoles de origen, ya que piensan que juegan en otra liga, la de la los bajos fondos de la sociedad. Y son los líderes de estos grupos sociales minoritarios lo que manejan esos negocios ilegales, siendo sus identidades desconocidas incluso para las fuerzas del orden.

Y no solo me refiero a los migrantes pobres que han llegado a nuestro país buscando una vida mejor, sino, también, a los que han llegado como turistas buscando sol y playa, para luego instalarse permanentemente y crear una sucursal hispana de sus organizaciones criminales internacionales.

Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos que pertenecen a esos grupos sociales minoritarios conocen a la perfección qué tipos de delitos se comenten por el grupo del que forman parte, y, lo que es más importante, muchos de ellos saben quiénes son los que alteran la paz social a través del delito.

Pero, por una mala entendida solidaridad de grupo (para no ser tildado de traidor o de chivato), nadie ofrece información sobre sus paisanos delincuentes, entre otras cosas porque también temen las represalias que pueden sufrir por informar a las autoridades de esos hechos delictivos y de los responsables de los mismos.

Es decir, que la mayoría de los miembros de esos nuevos grupos sociales, étnicos o religiosos que se han formado en España con las personas venidas de fuera, saben de la trayectoria de sus miembros más indeseables, al igual que los españoles conocemos a nuestros vecinos del pueblo o del barrio, y sabemos quiénes son los más peligrosos.

(Imagen: Archivo)

Pero eso, en los asuntos menores, no tiene demasiada importancia, pero de los delitos graves, atentados políticos, religiosos o ideológicos que puedan ser cometidos por esas minorías delincuentes que se esconden dentro de los grupos de inmigrantes. ¿Cómo nos defendemos? Es un asunto difícil, pues, aunque las fuerzas del orden trabajan sin descanso para conseguir información sobre los miembros “delincuentes” de esos colectivos para evitar esos daños, no cuentan con la colaboración de los miembros “honrados” de esas minorías, por lo que a mi juicio es necesario crear nuevos mecanismos que permitan la “autorregulación” de los propios grupos de inmigrantes ofreciendo colaboración y apoyo a los poderes públicos para minimizar las consecuencias de esos delitos.

Existen precedentes en el ámbito internacional con el desarrollo de programas financiados por la Unión Europea[2] en los países de origen de los migrados, tales como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, que buscan un enfoque integral para que contribuyan a los esfuerzos de los Estados Miembros para alertar, prevenir y reducir los delitos vinculados a la migración irregular considerando el impacto que dichos flujos migratorios pueden generar en la seguridad pública. Estos retos implican pensar en los flujos irregulares de migrantes y la aparición de otros delitos que abarcan, pero no se limitan a, la trata de personas, explotación sexual, falsificación de documentos e inclusive tráfico de armas y sustancias ilícitas, para poder conseguir los siguientes objetivos:

• Contribuir a los esfuerzos vigentes en el área de prevención de los delitos vinculados a la migración irregular.
• Fortalecer las capacidades humanas e institucionales para el combate de los mismos.
• Promover políticas para la protección de los derechos humanos de los migrantes irregulares, con particular atención en grupos en situación de vulnerabilidad.

Sin embargo, la debilidad de este programa es que se realiza en los países de origen, pero no en los Estados destinatarios de sus nacionales cuando migran hacia Europa para concienciarlos en la necesidad de ofrecer ayuda para combatir también el delito en la sociedad que los acoge, excepto en los casos de ciertos delitos específicos, como son los de odio[3], o sexuales, y cuando las víctimas son las personas migrantes.

La prevención de esta “delincuencia proyectada”, entendida como aquella que, si bien afecta a la sociedad en la que se produce, no tiene necesariamente su origen en su ámbito territorial ni despliega en el mismo todos sus efectos o consecuencias y que puede tener motivación idealista o materialista, teniendo un carácter normalmente organizado y que pueden consistir en la comisión de delitos llamados planificados por oposición a los de oportunidad[4], no he encontrado, en lo referente a España, más planes que los referentes al crimen organizado por delincuentes internacionales, que se contempla en la Estrategia Nacional contra el crimen organizado y la delincuencia grave o el Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista, ambos del Ministerio del Interior, y  que son de carácter policial.

Pero, en este artículo pretendo tratar la prevención de los delitos desde la colaboración social y el dialogo comunitario de las minorías inmigrantes para que sus miembros ejerzan el control social necesario entre sus miembros para que no se cometan este tipo de infracciones penales.

Es decir, que aceptando como inevitable el evento migratorio hacia nuestro país de personas provenientes de otros países, habrá que organizar un sistema que permita prevenir los delitos que puedan ser cometidos por las personas que se asientan en España y que no han venido para trabajar e integrarse en nuestra sociedad, sino para vivir del delito o, lo que es peor, utilizar su estancia en nuestro país para atentar contra nuestras vidas o nuestro modelo social, algo que la mayoría de los españoles no están dispuestos a soportar.

Y para ello, además de la respuesta policial, para la prevención de tales delitos la vía más idónea es la del diálogo social, actuando de forma coordinada, mediante herramientas institucionales, con los líderes reales de los distintos grupos minoritarios que residen en nuestro país, tanto formales como informales.

Eso ya se ha hecho con otros grupos nacionales tradicionalmente segregados, como ha ocurrido con la comunidad gitana, con la que se han creado órganos de diálogo tales como la Secretaría para la comunidad gitana de la Junta de Andalucía; o los convenios del Ayuntamiento de Madrid con asociaciones romanís; o el Programa de actuaciones estratégicas con la población gitana en castilla y león 2021-2030, entre otros desarrollos que tanto han beneficiado en la prevención de delitos y en la resolución de conflictos por la vía del diálogo y/o la mediación, como conocen muy bien muchos responsables policiales cuando han recurrido a los llamados “gitanos de respeto” o “tíos y tías” que aplican sus costumbres basadas en la Kriss romaní, como sistema jurídico normativo de este pueblo ancestral y que utilizan para poner fin a los enfrentamientos entre familias o clanes.

Y esos métodos de participación social de las minorías en la gestión de los conflictos sociales no son extraños a nuestro derecho histórico, pues ya, desde la Edad Media, se daba voz a los distintos grupos minoritarios que estaban asentados en la Península Ibérica para resolver los conflictos que surgían entre las distintas comunidades culturales o religiosas que convivían conjuntamente. Así, en el Derecho Romano, ya se reconocía expresamente que los miembros de la minoría judía tenían el derecho de resolver sus conflictos mediante sus jueces, lo cual suponía un reconocimiento explícito tanto de su jurisdicción sobre los asuntos propios de su comunidad, como de la validez para la aplicación de sus normas en la ejecución de las sentencias dictadas por los tribunales ordinarios.

Posteriormente, en el Fuero de Cuenca (siglo XII) y en el Fuero de Sevilla (siglo XIII) también se reconocía la representatividad de los tribunales judíos en los pleitos entre sus miembros, y, incluso, en los juicios donde una parte fuera cristiana y la otra judía, se debían nombrar sendos jueces de ambas confesiones. Eso suponía que el pueblo judío “tenía voz”, lo que los permitía reclamar sus derechos en los tribunales y apelar si fuera necesario, tal y como también se recogió explícitamente en el Fuero de Salamanca (siglo XII).

Pero al igual que se les “concedía voz”, también el rey les exigía colaboración en los asuntos del reino. Y lo mismo pasaba con la población mozárabe, pues ambas minorías debían designar un representante de cada comunidad ante el poder real, al que los judíos llamaban “Nasi” y los mozárabes “Come”, que las representaban ante la autoridad estatal. Y en base al valor de su colaboración recibían privilegios que protegían a las minorías a las que representaban.

Obviamente, ese régimen de representatividad de nuestro derecho histórico al que me refiero, chocaría frontalmente con nuestro ordenamiento constitucional actual, pero, sin llegar tan lejos, sería aconsejable crear mecanismos de diálogo continuo e institucionalizado a través de Consejos ciudadanos locales, autonómicos y Estatales representativos de las minorías migrantes para tratar los aspectos sociales más sensibles, entre ellos los ya citados de prevención de los delitos más graves que sufre toda la sociedad, y también en los asuntos referentes a  la seguridad ciudadana, mediante una colaboración sincera del Estado con los representantes de los distintos grupos minoritarios que se han establecido en España, basando ese diálogo en el principio de prevención de daños a todos los ciudadanos que conforman esta nueva realidad social que España supone, con la inclusión en igualdad de los representantes de los colectivos inmigrantes que residen en nuestro país y que ya alcanza casi el 13 % de la población total, siendo de suponer que seguirá incrementándose si no se ordena la entrada de más migrantes en base a criterios de necesidad y oportunidad.

Por eso, es necesario que nos organicemos institucionalmente para que la llegada de más individuos a nuestro territorio no genere más efectos perversos que ninguno deseamos, impidiendo que se reproduzcan en España nuevos atentados como el que ha producido en Alemania hace sólo uno días, y, para prevenirlos, además de la actuación policial, se implanten también mecanismos de diálogo institucionalizados a través de consejos ciudadanos que trabajen codo a codo con las minorías residentes para mejorar la convivencia y dar una respuesta  avanzada ante los posibles riesgos que pueden generar sus elementos más descontrolados, con la participación de los líderes sociales de los distintos grupos minoritarios que redunde en la seguridad y la mejora del Estado del bienestar.

(Imagen: E&J)

Bibliografía

[1]Según datos de la web Statista, en el año 2024 residen en España casi 6.500.000 extranjeros.

[2] Entre otros, el Programa de Prevención de los Delitos Vinculados a la Migración realizado por la O.E.A.

[3] Programa Diversidad, realizado en por Instituciones Penitenciarias para concienciar a las personas privadas de libertad sobre los delitos de odio.

[4]Delincuencia en el nivel local: delincuencia propia y delincuencia proyectada, cuyo autor es Esteban Gándara Trueba, Comisario del Cuerpo Nacional de Policía.