Legislar a la carta: otra forma de impunidad reprobable

La función del Parlamento, y en especial su función legislativa, es trabajar para el bien común, en definitiva, legislar para mejorar la vida de los ciudadanos. En una democracia esa función trasformadora, para mejorar nuestra sociedad, se construye mediante la formulación y debate en las Cortes de aquellas normas que son base del avance de nuestra sociedad.

Cuando un parlamento deja de legislar para el bien común y empieza a legislar para el bien particular de quien tiene la mayoría, e impone esa mayoría con el único fin de permanecer en el poder, se prostituye esa función, el Parlamento se convierte en un instrumento de permanecía en el poder. Y, me dirán, que en eso estriba la democracia, que quien obtiene la mayoría en las elecciones tiene la facultad de legislar utilizando esa mayoría.

El problema no es el ejercicio de la mayoría parlamentaria como instrumento legislativo de quien ha ganado las elecciones, o quien perdiéndolas consigue la mayoría parlamentaria, la distorsión surge cuando esa mayoría la utilizas no para el bien común, sino para intereses particulares, para seguir en el poder, cuando perjudicas el bien común en beneficio propio.

Ya en la anterior legislatura se modificó el Código Penal, despenalizando la sedición, sin importar que se dejara desprotegidos al Estado y al orden público de graves ataques. De igual manera se modificó la malversación con el único fin de favorecer a los condenados del ‘procés’, bajando las penas, sin importar que ello comportaría igualmente la rebaja de penas de quien malversara fondos públicos.

En la actual legislatura, el Congreso prácticamente no ha tramitado más leyes que las que interesan al Presidente del Gobierno para permanecer en el poder. Empezamos la legislatura con la modificación del Reglamento del Congreso para garantizarse el control de la Mesa, seguimos con la Ley de Amnistía que garantizó su investidura y, ante el fracaso por el voto en contra de Junts en el pleno, ahora va y ofrece una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una “reforma a la carta” para Junts, pretendiendo con ello cerrar los diferentes procedimientos que investigan a Puigdemont. Esta última reforma propuesta del artículo 324, es un claro ejemplo de lo que es “legislación a la carta”.

El Gobierno del Partido Popular, mediante la ley 41/2015, estableció un sistema de límite de plazos en la instrucción, con el fin de evitar procedimientos de investigación penal que se alargaban años.

Posteriormente, el Gobierno de Sánchez modificó dicho sistema al entender que limitaba las posibilidades de investigación judicial mediante la ley 2/2020, pues bien, después de criticar la limitación de la instrucción introducida en el 2015, incluso en su discurso de investidura, de exponerlo como objetivo del gobierno y de modificarlo en 2020, ahora ofrece a su socio Puigdemont volver al sistema anterior, aquel que él mismo había calificado como antesala de la impunidad.

Un ejemplo más de “legislación a la carta” de Sánchez en el Congreso.