Lo que no dicen los concursos iniciados en la primera mitad de 2024

Las estadísticas, en su esencia, son herramientas poderosas para la interpretación y comprensión de fenómenos sociales, económicos y científicos. Pueden presentar una imagen cuantificable de la realidad, ayudándonos a desentrañar patrones y a tomar decisiones informadas en diversos contextos. No obstante, como señaló el economista Aaron Levenstein con su famosa metáfora, «son como los bikinis: lo que revelan es sugerente, pero lo que ocultan es vital». Esta afirmación subraya una advertencia importante: aunque las estadísticas puedan ofrecer datos reveladores, lo que no muestran o lo que se omite en su análisis puede ser igualmente, si no más, relevante para comprender la totalidad del fenómeno que pretenden describir.

Debe tenerse presente que el uso de estadísticas en el discurso público y académico es, a menudo, una espada de doble filo. Por un lado, permiten la simplificación y comprensión de realidades complejas; por otro, su interpretación depende en gran medida del contexto en que se presenten, así como de la intención de quienes las utilizan. En muchas ocasiones, los datos estadísticos son seleccionados o manipulados de manera que favorezcan un argumento o refuercen una narrativa particular, lo que puede llevar a conclusiones engañosas o incompletas. Ello no significa que las estadísticas sean intrínsecamente engañosas, sino que el proceso de selección de datos y el enfoque interpretativo juegan un papel fundamental en cómo se perciben y utilizan los resultados.

En el ámbito económico, las estadísticas son fundamentales para la toma de decisiones tanto a nivel gubernamental como empresarial. Las instituciones financieras, los bancos centrales y las personas jurídicas dependen de datos cuantitativos para realizar pronósticos, evaluar riesgos y planificar estrategias. Sin embargo, incluso en este contexto, es esencial recordar la advertencia de Levenstein sobre lo que las estadísticas ocultan.

Por ejemplo, los índices de inflación, que son uno de los indicadores económicos más seguidos, pueden ofrecer una visión limitada del coste de vida si no se consideran otros factores complementarios. La inflación se mide a través de un conjunto de bienes y servicios representativos en una economía, pero las experiencias individuales de los consumidores pueden variar considerablemente. Si el precio de productos básicos como alimentos o vivienda aumenta de manera desproporcionada en comparación con otros bienes, la percepción pública de la inflación puede ser mucho mayor que la que reflejan las cifras oficiales. Aquí, las estadísticas revelan una imagen general de la inflación, pero ocultan la distribución desigual de los aumentos de precios y el impacto desproporcionado que ciertos bienes tienen en los distintos sectores de la población.

El precio de los combustibles ayuda a que se dispare la inflación. (Foto: E&J)

Otro ejemplo de este fenómeno es el uso de promedios para describir ingresos o riqueza en una sociedad. Si se informa que el ingreso promedio de una población ha aumentado, eso podría interpretarse como una señal de mejora económica general. Sin embargo, este promedio puede ocultar una realidad en la que la mayor parte del incremento de ingresos se concentra en el grupo más rico, mientras que el resto de la población no ha experimentado mejoras significativas. En este caso, las estadísticas ofrecen una imagen atractiva, pero al no desglosarse por grupos de ingresos o distribución de la riqueza, se ocultan desigualdades que son cruciales para entender la verdadera situación económica.

El informe sobre la «Estadística del Procedimiento Concursal» correspondiente al segundo trimestre de 2024, según una nota de prensa de Registradores de España publicada a mediados del mes de agosto, presenta un panorama complejo sobre la situación económica, reflejando una escalada significativa en el número de deudores concursados.

El aumento del 63,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior y el incremento del 18,3% con respecto al trimestre anterior son datos que ponen de manifiesto la creciente presión financiera que enfrentan tanto individuos como personas jurídicas. Este aumento no solo revela una próxima crisis económica subyacente, sino que también permite observar cómo las estructuras legales, financieras y económicas reaccionan y se adaptan ante circunstancias desafiantes.

Un aspecto particularmente llamativo es el predominio de las personas físicas en los procedimientos concursales, las cuales representan casi el 85% del total de deudores concursados. Esta cifra apunta a un problema sistémico en el que la fragilidad financiera no está restringida a las personas jurídicas, sino que afecta profundamente a los individuos.

La preponderancia de los procedimientos voluntarios y sin masa entre las personas físicas refleja una situación en la que muchos de los deudores no poseen activos suficientes para satisfacer sus obligaciones financieras. Ello plantea serios interrogantes sobre el nivel de endeudamiento en los hogares españoles y la capacidad del sistema financiero para evaluar adecuadamente el riesgo al otorgar crédito a estos individuos.

Este fenómeno es indicativo de que el crédito, un elemento fundamental en cualquier economía moderna, está siendo mal gestionado. Si bien el acceso al crédito es necesario para fomentar el consumo y la inversión, los elevados niveles de insolvencia personal sugieren que los mecanismos de evaluación de riesgos no están funcionando como deberían.

El hecho de que una parte significativa de los procedimientos concursales de personas físicas se refiera a situaciones en las que no existen bienes para liquidar muestra que una gran parte del crédito concedido es irrecuperable. Este hecho genera un importante impacto en el sistema financiero, dado que una mayor cantidad de insolvencias personales significa pérdidas para las entidades financieras y, a largo plazo, puede traducirse en mayores restricciones en el acceso al crédito, incrementando así la precariedad económica de quienes más lo necesitan.

Desde el punto de vista del sistema concursal, el incremento en los procedimientos sin masa resalta un problema estructural que va más allá de los números fríos. Los procedimientos concursales están diseñados para ofrecer a los acreedores una oportunidad para recuperar parte de sus préstamos a través de la liquidación de los activos del deudor, pero cuando la mayoría de los deudores no tienen activos, el proceso concursal pierde en gran medida su propósito original. Ello no solo representa un problema para los acreedores, sino que también plantea una reflexión crítica sobre el tipo de economía que se está gestando, donde el endeudamiento personal se convierte en una carga imposible de sostener, y los deudores carecen de medios para reestructurar su situación financiera de manera efectiva.

Expedientes acumulados en un juzgado. (Imagen: E&J)

En cuanto a las personas jurídicas concursadas, el informe subraya que, aunque solo el 15,2% de los deudores concursados son personas jurídicas, el incremento del 17,4% en comparación con el mismo trimestre del año anterior es una señal clara de los retos económicos a los que se enfrenta el tejido empresarial. La mayoría de estas personas jurídicas concursadas son pequeñas y medianas, con volúmenes de negocio reducidos, lo que refleja la vulnerabilidad de las pequeñas personas jurídicas frente a las condiciones económicas adversas.

Casi la mitad de las personas jurídicas concursadas tienen volúmenes de negocio que no superan los 250.000 euros, lo que indica que las personas jurídicas con recursos limitados son las más expuestas a las fluctuaciones del mercado. Esta realidad económica subraya la fragilidad inherente a muchas pequeñas y medianas personas jurídicas, que a menudo no cuentan con las reservas financieras ni la capacidad de adaptación necesarias para resistir crisis prolongadas o cambios abruptos en el entorno económico.

El impacto de las quiebras de pequeñas personas jurídicas trasciende las meras cifras. Estas personas jurídicas no solo representan una parte importante del empleo en España, sino que también son esenciales para la actividad económica a nivel local. El hecho de que una gran proporción de estas personas jurídicas no cuenten con asalariados o tengan un número muy reducido de empleados pone de manifiesto que muchas de ellas gestionan, en realidad, microempresas o negocios unipersonales.

Estos negocios, aunque pequeños en tamaño, son fundamentales para el sostenimiento de las economías locales y para la creación de empleo en sectores como el comercio, la hostelería y los servicios. Su insolvencia no solo afecta a los dueños de los negocios, sino que también tiene un efecto dominó en el empleo y en la cadena de suministros de las economías locales.

En cuanto a la distribución sectorial, los datos del informe indican que el comercio, la construcción y la industria manufacturera son los sectores más afectados por las insolvencias. El comercio, en particular, representa el 24,8% de las personas jurídicas concursadas, lo que es una señal alarmante, dado que este sector es fundamental para el consumo interno y la estabilidad del empleo en España.

Las dificultades financieras en el comercio pueden tener un impacto negativo en el consumo general, que es un motor clave de la economía. La industria manufacturera, aunque representa un porcentaje menor de los concursos, es otro sector estratégico para la economía española, ya que está vinculado no solo al mercado interno, sino también a las exportaciones y al crecimiento económico a largo plazo.

El hecho de que el 55,5% de las personas jurídicas concursadas tenga ocho años o menos de antigüedad es otro punto crítico. Las personas jurídicas más jóvenes suelen ser más vulnerables a las fluctuaciones del mercado debido a su falta de consolidación y a sus limitadas reservas de capital. Sin embargo, el informe también revela que una parte significativa de las personas jurídicas concursadas tiene más de 20 años de antigüedad, lo que demuestra que incluso las personas jurídicas más consolidadas no son inmunes a las crisis económicas prolongadas.

La vulnerabilidad de estas personas jurídicas más antiguas puede deberse a varios factores, entre ellos, la dificultad para adaptarse a nuevas realidades del mercado, como la digitalización o los cambios en los patrones de consumo, lo que pone de relieve la importancia de la innovación y la flexibilidad en la supervivencia empresarial.

Por otro lado, el análisis geográfico del informe revela que Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía concentran casi el 70% de los deudores concursados. Esta distribución no sorprende dado el tamaño de la población y la actividad económica en estas regiones. Sin embargo, resulta interesante observar que comunidades más pequeñas como Islas Baleares, Asturias y Murcia experimentaron los mayores incrementos porcentuales en el número de deudores concursados. Este fenómeno podría interpretarse como una señal de que las economías regionales más pequeñas son más susceptibles a los impactos económicos negativos, debido a su menor capacidad para absorber choques económicos y a su mayor dependencia de sectores específicos, como el turismo en Islas Baleares.

(Foto: E&J)

El aumento de los concursos en comunidades autónomas que dependen en gran medida de sectores específicos como el turismo y la construcción pone de manifiesto la volatilidad inherente a estas actividades económicas. Las industrias altamente cíclicas tienden a experimentar fluctuaciones importantes debido a su sensibilidad a factores externos, como variaciones en la demanda internacional, cambios estacionales o alteraciones en los patrones de inversión. Estas economías regionales, sustentadas en sectores que responden con rapidez a los vaivenes del entorno macroeconómico, se ven especialmente afectadas en tiempos de crisis, mostrando una vulnerabilidad que exacerba su exposición a la incertidumbre.

El caso de las Islas Baleares es un claro ejemplo de esta dinámica. Al depender principalmente del turismo, la economía local se encuentra íntimamente ligada a factores exógenos, como el volumen de llegadas de turistas, la demanda de servicios asociados y las variaciones en el gasto de los visitantes. Estos elementos no solo impactan de manera directa en los ingresos de la región, sino que también generan un efecto multiplicador en el resto de las actividades económicas.

Las fluctuaciones en los flujos turísticos, ya sea por causas sanitarias, económicas o incluso geopolíticas, tienen un impacto inmediato en el sector hotelero, la restauración, el comercio y otros servicios complementarios. Esta interdependencia genera un ciclo de vulnerabilidad que se traduce en mayores niveles de incertidumbre para las personas jurídicas locales, las cuales, al enfrentarse a dificultades financieras, ven en los procedimientos concursales una vía inevitable ante la imposibilidad de sostener sus operaciones.

La construcción, por su parte, también presenta una dinámica cíclica similar, aunque con matices distintos. Este sector está profundamente influido por la disponibilidad de crédito, la inversión pública y privada, así como por las políticas de desarrollo urbano y territorial. En épocas de bonanza económica, la construcción suele experimentar un auge, pero en tiempos de contracción o incertidumbre, los proyectos suelen ralentizarse o detenerse, lo que conduce a una reducción en la demanda de mano de obra y servicios relacionados. Ello se traduce en una caída significativa de los ingresos de las personas jurídicas que dependen de esta actividad y, por ende, en un aumento de los procedimientos concursales.

Un aspecto crucial a considerar es el impacto que la pandemia de COVID-19 ha tenido en este contexto. Las moratorias concursales que se implementaron en 2020 y 2021, como respuesta a la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria, jugaron un papel fundamental en la contención temporal de la insolvencia de numerosas personas jurídicas. Estas medidas, diseñadas para proteger a los actores económicos de las consecuencias inmediatas de la paralización de la actividad, lograron mitigar el efecto devastador de la crisis, permitiendo a las personas jurídicas ganar tiempo mientras se recuperaba la normalidad económica. No obstante, este aplazamiento no resolvió los problemas subyacentes, sino que simplemente los postergó. A medida que las moratorias se levantaron, las dificultades financieras que habían sido contenidas temporalmente comenzaron a emerger con mayor fuerza, revelando una acumulación de problemas estructurales en muchos sectores.

El incremento actual en los procedimientos concursales no es solo un reflejo de la finalización de estas medidas de protección, sino también de la falta de una recuperación económica robusta en varios sectores clave. Muchas personas jurídicas, particularmente aquellas cuya rentabilidad depende de la estabilidad de la demanda externa, no han podido adaptarse a las nuevas condiciones del mercado.

La demanda internacional sigue siendo volátil, y sectores como el turismo aún enfrentan la incertidumbre sobre los comportamientos de los consumidores en un escenario postpandémico. Asimismo, la construcción ha experimentado problemas relacionados con el encarecimiento de las materias primas y la falta de mano de obra especializada, lo que ha agravado la situación para muchas personas jurídicas que dependían de un entorno económico más estable.

El carácter provisional de los datos sobre los concursos, tal como señala el informe mencionado, debe interpretarse como una advertencia sobre la naturaleza cambiante y dinámica de la situación económica. La crisis financiera que atraviesan muchas personas jurídicas no puede considerarse como un evento aislado ni como una situación transitoria, sino como parte de un proceso más amplio y prolongado de ajuste económico. En este sentido, las autoridades económicas y financieras, tanto a nivel nacional como internacional, deben estar preparadas para enfrentar los desafíos estructurales que subyacen a esta crisis.

(Imagen: E&J)

Además de las medidas inmediatas para paliar los efectos de la insolvencia, es necesario promover reformas que fortalezcan el marco económico y financiero a largo plazo. Una parte esencial de esta tarea es fomentar un entorno que permita a las personas jurídicas adaptarse con mayor facilidad a los cambios en las condiciones del mercado, reduciendo su exposición a factores externos y mejorando su resiliencia ante las fluctuaciones cíclicas de sectores clave. Por ejemplo, en regiones como las Islas Baleares, una mayor diversificación económica podría reducir la dependencia exclusiva del turismo, creando nuevas oportunidades de desarrollo en áreas como la tecnología, la investigación o la sostenibilidad medioambiental.

El contexto global actual exige un enfoque integral que contemple no solo la resolución de las crisis inmediatas, sino también la creación de un marco económico más sólido y resistente. La pandemia ha dejado al descubierto las fragilidades de muchas economías que dependen excesivamente de sectores cíclicos y volátiles. En este sentido, el incremento en los procedimientos concursales es un síntoma de un problema más profundo que requiere una respuesta estratégica y coordinada por parte de las instituciones públicas y privadas. La recuperación económica no puede limitarse a una vuelta a la normalidad anterior, sino que debe ir acompañada de una transformación estructural que permita a las personas jurídicas y economías locales enfrentar mejor las crisis futuras.

Finalmente, el papel de las instituciones financieras será clave en la construcción de esta nueva normalidad. La banca, las entidades crediticias y las agencias de calificación deben ajustar sus políticas para facilitar la reestructuración de las personas jurídicas en dificultades, ofreciendo líneas de crédito y apoyo financiero adaptados a las nuevas circunstancias del mercado. Sin este tipo de apoyo, muchas personas no podrán superar los desafíos actuales y seguirán aumentando las cifras de insolvencia y concurso.

Ha de reseñarse que la evolución de los procedimientos concursales debe entenderse como una manifestación de las tensiones subyacentes en sectores económicos altamente sensibles a factores externos. Las medidas temporales adoptadas durante la pandemia, aunque necesarias, no han resuelto los problemas estructurales, y el incremento de los concursos es el resultado de una acumulación de dificultades financieras. Ante este escenario, se requiere un enfoque integral que promueva una mayor resiliencia económica, apoyado por políticas que favorezcan la diversificación, el acceso al crédito y la adaptación de las personas jurídicas a un entorno cambiante. Solo así será posible mitigar el impacto de futuras crisis y fortalecer el tejido económico a largo plazo.