Los jueces no queremos hacer huelga, pero no sería la primera vez
"Es el único instrumento que nos ha dejado el Ejecutivo para conseguir lo que merecemos"
(Foto: E&J)
Los jueces no queremos hacer huelga, pero no sería la primera vez
"Es el único instrumento que nos ha dejado el Ejecutivo para conseguir lo que merecemos"
(Foto: E&J)
Los jueces ya hemos hecho cuatro huelgas. El 18 de febrero de 2009, el 8 de octubre de 2009, el 21 de febrero de 2013 y el 22 de mayo de 2018. Como puede verse, a gobiernos del PP y del PSOE.
Estas huelgas, que ya dejan claro que no hay debate posible y que los jueces sí podemos ejercer este derecho constitucional, tuvieron en común que fueron de un solo día, y respondían a una situación de hartazgo acumulado: deterioro general de la Justicia, malas condiciones laborales y politización de nuestro órgano de gobierno.
Pero sobre todo se caracterizaron porque, expresa y conscientemente, dejaron fuera la que es reclamación por excelencia de toda huelga que se precie, la de mejoras salariales. No es que no tuviésemos demandas retributivas, claro, pero entonces se decidió por las asociaciones convocantes que lo que procedía era reclamar más y mejores medios y la consabida despolitización del poder judicial. Es como si los pilotos de Iberia hubiesen hecho huelga para tener mejores aviones, con más plazas, más sitio para que los pasajeros estiren las piernas, mejores horarios de vuelo, más rutas, etc.
Esta exclusión del tema retributivo en las huelgas pasadas fue aplaudida y criticada dentro de la carrera judicial, según a quien preguntases. Y aunque demuestra altura de miras y sentido de Estado por parte de la carrera judicial, los políticos y la ciudadanía lo ignoraron abiertamente. Incluso se transmitió por algunos medios que queríamos más sueldo, cuando eso no figuraba entre nuestras reclamaciones.
Ahora bien, como decía, que entonces no fuera un motivo de huelga, no significa que no se reclamen mejoras salariales. En absoluto.
Descontento y sobrecarga de trabajo
Desde que se aprobó la Ley de retribuciones para jueces y fiscales el 27 de mayo de 2003, y obviando la mejora habida ese año en nuestra paga extraordinaria, ni la carrera judicial ni la fiscal hemos visto incrementar nuestros salarios. Veinte años sin mejoras salariales, a pesar de que la Ley prevé que cada cinco años se reúna la Mesa de Retribuciones para actualizar nuestros emolumentos. Papel mojado. Y peor aun, pues en el año 2010, con la crisis, se nos bajó el sueldo en mayor proporción que al resto de la función pública, bajada de la que aun no nos hemos recuperado. En ese periodo de tiempo, con guardias cada vez peor pagadas (muchos compañeros a menos de un euro la hora), hemos perdido de media cerca del 22 % de poder adquisitivo. Casi nada.
A la vez, mientras que un exagerado régimen de incompatibilidades nos impide otras vías de remuneración, nuestro trabajo y nuestra responsabilidad han ido creciendo exponencialmente.
Cada vez tenemos más pleitos sobre la mesa, fruto de la falta de inversión e interés en la Justicia por parte de los políticos; pleitos cada vez más complicados, debido a la mayor complejidad de la sociedad actual, a la existencia de más y peores instrumentos legales y a la necesidad de aplicar la normativa europea, cada vez más profusa; pleitos que desarrollamos dentro de organizaciones judiciales que se han ido modificando sin tener en cuenta el trabajo del juez y que, no solo dificultan nuestra labor con herramientas informáticas inacabadas e incompatibles unas con otras, sino que empeoran nuestra salud laboral.
Todo este sobreesfuerzo que llevamos lustros realizando y con el que sostenemos el deficiente sistema judicial, nunca se nos ha reconocido. Y está claro que el reconocimiento profesional más básico es el salarial. Es más, el sueldo forma parte de nuestra dignidad profesional y es una parte de nuestra independencia: la económica.
Por ello, aunque no lo hayamos reclamado mediante el ejercicio de medidas de conflicto colectivo, siempre hemos demandado mejoras salariales.
Concretamente, las asociaciones judiciales (AAJJ) llevamos trabajado, conjuntamente con las fiscales, en esta dirección. Así, en febrero de 2022, la cuatro AAJJ nos reunimos en Albacete y alcanzamos una serie de acuerdos sobre aspectos de nuestras condiciones profesionales: salud, carrera profesional, jubilación, promoción, igualdad y sí, salarios.
Petición
Consecuente con ello, pedimos al Ministerio de Justicia que convocase la señalada Mesa de Retribuciones, para así cumplir con la Ley. Justicia respondió creando con las AAJJ diferentes grupos de trabajo sobre distintas materias: carrera profesional, jubilaciones, salud laboral y retribuciones. Desde marzo de 2022 se estuvo trabajando en esos grupos, con más o menos intensidad y más o menos éxito.
En octubre de 2022, el Ministerio de Justicia alcanzó con las AAJJ un principio de acuerdo en materia de retribuciones. No era lo reclamado, pero ahí estaba. Y por fin convocó la Mesa. Pero Hacienda, que tiene que estar en ella porque es quien tiene la llave de la caja fuerte, dijo que no se sentaba. Así que, a los pocos días, la desconvocó.
Las AAJJ hablamos entonces de hacer huelga. Pero la falta de unidad entre nosotras sobre tan importante medida llevó a contentarnos con demandar a Justicia ante los tribunales por incumplir la Ley y no convocar la Mesa en plazo. Aún no se ha celebrado el juicio.
Huelga paralela
Ahora bien, paralelamente, los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que también llevaban mucho con sus reclamaciones salariales, convocaron huelga indefinida. Y, aunque tal vez no muy bien manejada, la huelga dio resultado: Hacienda se sentó con ellos y les aumentaron linealmente el sueldo.
Con ello el Ejecutivo ha mandado un mensaje claro: da igual que trabajes con seriedad, rigor y datos, da igual que lo hagas con lealtad negociadora y responsabilidad institucional, que es lo que ha caracterizado a jueces y fiscales en todo este proceso. Al final, solo si eres un problema político, te atiendo.
Así que en eso estamos los jueces, afilando los colmillos para reclamar lo que llevamos años demandando en silencio. Con el agravante de que, además de todo lo dicho, últimamente hemos sido objeto de una intensa campaña de desprestigio por quienes, desde el poder, tienen precisamente en su mano arreglar la Justicia, pero que solo la utilizan para sus fines partidistas.
Enfado en la profesión
En definitiva, ya estamos hartos. No queremos una huelga. Somos una profesión vocacional y nos duelen los ciudadanos que se verán perjudicados. Pero creemos que es el único instrumento que nos ha dejado el Ejecutivo para conseguir lo que merecemos. Así que habrá que usarlo.
Sí, por una mejora salarial, sobre todo. Pero no nos olvidamos de nuestras tradicionales demandas. De hecho, también reclamamos un aumento significativo de plazas judiciales, dada la ingente cantidad de pleitos que hay y las próximas jubilaciones, que diezmarán a la carrera. Más jueces mejorarán nuestras condiciones de trabajo, pero sobre todo permitirán reducir el retraso endémico que parece nuestra Justicia. Prestaremos un mejor servicio al ciudadano.
Mientras escrito estas líneas, la Mesa ya es una realidad. Por fin se ha reunido. Estamos en plena negociación con el Ejecutivo y puede, quien sabe, que todo acabe bien y que no sea necesario materializar una huelga. Lo esperamos todos, en serio. Pero está en manos del Gobierno.
Ya se sabe: espérate lo mejor y prepárate para lo peor.