Los legajos no son el problema de la Administración de Justicia

El pasado 26 de abril de 2024 se celebró el acto de entrega de despachos a las personas que constituyen la promoción 45º de letrados de la Administración de Justicia —visible por Youtube—, tras superar el proceso selectivo por el turno libre. Este evento, como bien recordó en su memorable discurso Adrián Rodríguez Molina —que obtuvo el primer puesto del grupo después de hacerse los exámenes de la oposición—, era un acto para la totalidad de la promoción, tanto en el turno libre como en la promoción interna —que no pudo celebrar el acto como se merecían—.

La señalada exposición de Adrián representa la fuerza de una nueva terna de letrados de la Administración de Justicia a la que dar la bienvenida sabiendo que entra con mucha fuerza y motivación, como las anteriores, algo indispensable para el empeño que debe dedicarse en una labor en la que no se analizan los problemas de la tarea de los órganos jurisdiccionales como es debido, a pesar de la trascendencia de los servicios públicos que se prestan en la Administración de Justicia.

Félix Bolaños, que se encargó de la clausura del acto, situó la digitalización de la Justicia en el centro de la acción política y reformista del Ministerio de Justicia. Uno de los comentarios más curiosos del ministro se refirió a la necesidad de que desaparezcan los legajos y se logre una Administración de Justicia digitalizada y eficiente.

Félix Bolaños (Ministerio de Justicia).

La digitalización de la Administración de Justicia se ha convertido en un tema central en el discurso político. Ello va en consonancia con una tendencia general en los Estados miembros de la Unión Europea hacia la modernización de la tramitación de los procesos judiciales para hacerlos más accesibles, eficientes y transparentes. En el contexto actual, este esfuerzo se ha traducido en iniciativas legislativas y prácticas dirigidas a promover el uso de la tecnología en todos los aspectos del proceso judicial.

El concepto de digitalización en el ámbito procesal abarca una amplia gama de herramientas y prácticas destinadas a optimizar la gestión de casos, mejorar el acceso a la justicia y facilitar la comunicación entre los distintos actores del sistema judicial. Entre estas herramientas se encuentran la firma electrónica, los sistemas de gestión de casos electrónicos, la videoconferencia para comparecencias judiciales y la presentación de documentos de forma digital.

Uno de los principales objetivos de la implementación efectiva de las nuevas tecnologías en el conjunto de los órganos judiciales es eliminar la dependencia de los legajos físicos, que son conjuntos de documentos relacionados con un caso en particular. Estos legajos, aunque han sido fundamentales en el funcionamiento tradicional de los tribunales, presentan desafíos significativos en términos de gestión y almacenamiento. La transición hacia un sistema digital permite superar estas limitaciones al facilitar el acceso remoto a la información, reducir el tiempo dedicado a la búsqueda de documentos y mejorar la eficiencia en general.

La digitalización también tiene el potencial de democratizar el acceso a la justicia al hacer que los servicios vinculados a los asuntos judiciales sean más accesibles para una gama más amplia de personas. Ello se logra mediante la eliminación de barreras geográficas y la simplificación de los procedimientos judiciales. Por ejemplo, la presentación de demandas y recursos en línea puede reducir la necesidad de que las partes involucradas se desplacen físicamente a los tribunales, lo que a su vez ahorra tiempo y dinero.

Además de mejorar la eficiencia y la accesibilidad, la digitalización de la justicia también puede contribuir a una mayor transparencia y rendición de cuentas en el sistema judicial. Al permitir un seguimiento más preciso de los casos y simplificar el intercambio de información, los abogados y las partes interesadas, se reduce el riesgo de errores administrativos y malentendidos. Ello, a su vez, fortalece la confianza en la imparcialidad e integridad del sistema judicial.

(Imagen: E&J)

Sin embargo, es importante reconocer que la digitalización no es una solución instantánea a todos los desafíos que enfrenta la Administración de Justicia. La implementación de nuevas tecnologías puede encontrar resistencia por falta de formación de aquellos que están inmersos en los métodos tradicionales de trabajo y desconfían de las novedades. Además, la infraestructura tecnológica supone tener un gran coste para poder implementarse y mantener, especialmente en áreas con recursos limitados, lo cual tiene una enorme incidencia atendiendo a las grandes divergencias existentes entre Comunidades Autónomas a nivel de medios personales y materiales en los órganos jurisdiccionales, según la competencia sobre personal y elementos de la Administración de Justicia corresponda al Ministerio de Justicia o a la Comunidad Autónoma respectiva y el interés en la gestión, no pudiendo compararse la situación de Murcia con la situación de Andalucía o Extremadura, por poner un ejemplo.

Igualmente, la brecha digital sigue siendo un obstáculo importante para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso equitativo a los servicios judiciales. Aunque cada vez más personas tienen acceso a Internet y dispositivos electrónicos, todavía hay regiones digitalmente marginadas que carecen de los recursos necesarios para participar plenamente en un sistema digitalizado. Abordar esta brecha requiere un enfoque integral que combine la expansión de la infraestructura tecnológica con programas de alfabetización digital y apoyo comunitario, algo que parece difícil de solventar por la afluencia de planes y pretensiones políticas.

Otro desafío importante es garantizar la seguridad y privacidad de la información en un entorno digital. Los juzgados y tribunales manejan una gran cantidad de datos sensibles, como información personal y patrimonial, que deben protegerse contra el acceso no autorizado y los ciberataques. Ello requiere la implementación de medidas de seguridad robustas, como firewalls, cifrado de datos y protocolos de autenticación de usuarios que sean verdaderamente robustos, más allá de pedir un código ad hoc y la fecha de caducidad del DNI.

(Imagen: E&J)

En definitiva, la digitalización de la justicia ofrece una serie de beneficios potenciales, desde mejorar la eficiencia y la accesibilidad hasta fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. No obstante, para aprovechar al máximo estas oportunidades, es necesario abordar una serie de desafíos, incluida la resistencia al cambio, la brecha digital y la seguridad de la información. Con un enfoque estratégico y una colaboración efectiva entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil, es posible avanzar hacia un sistema judicial más moderno, equitativo y eficaz, pero hay detalles que no se deben olvidar.

En términos de legislación, es fundamental que las normas se adapten para abordar los nuevos desafíos y oportunidades creados por la digitalización. Ello implica la revisión de leyes vigentes para garantizar que sigan siendo relevantes en un entorno digital, así como la introducción de nuevas normas para regular cuestiones específicas, pero eso no es suficiente si no se destinan esfuerzos a fin de lograr que los operadores jurídicos encuentren los cauces para la correcta aplicación de la legislación.

Debe tenerse presente que los legajos no son el problema de la Administración de Justicia. El núcleo de la cuestión se halla en la actual carencia de medios personales y materiales suficientes y en el acometimiento de una implantación progresiva y equitativa de la digitalización en los órganos jurisdiccionales, que tiene que ir acompasando reformas legislativas con avances logísticos efectivos, sin los cuales la normativa no será más que papel mojado en una ingente cantidad de cambios realizados para que todo siga igual. Aprobar leyes o decretos-leyes sobre avances tecnológicos no hace magia y tampoco conlleva una implementación por generación espontánea de los instrumentos que se requieren para la digitalización de la Administración de Justicia.