Más ansias de transparencia y buen gobierno en 2023

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha publicado su memoria de actividades correspondiente al año 2023, un documento que ofrece una visión detallada sobre el desempeño de sus funciones a lo largo del ejercicio. Uno de los datos más destacables es el significativo incremento en su actividad, particularmente en lo que respecta a la tutela del derecho de acceso a la información pública, con un 36,7 % más de reclamaciones resueltas en comparación con el año anterior.

En total, se han gestionado 2.259 reclamaciones, un indicador que refleja el creciente interés y necesidad de los ciudadanos de acceder a la información pública, así como la responsabilidad del Estado de cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia.

Este aumento en las reclamaciones y su resolución es sintomático de una ciudadanía que ha adquirido una mayor conciencia sobre sus derechos de acceso a la información pública. La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en vigor desde 2013, tiene como objetivo garantizar que la información pública esté al alcance de todos, fomentando así un entorno de mayor responsabilidad y escrutinio sobre la gestión de los recursos públicos.

Sin embargo, este incremento en las reclamaciones también es un reflejo de que las Administraciones Públicas, tanto estatales como autonómicas y locales, aún no logran cumplir plenamente con las expectativas que establece la ley.

El informe también arroja luz sobre la labor del Consejo como supervisor del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, otro aspecto fundamental de la transparencia. En 2023, el Consejo evaluó si 254 entidades públicas y privadas cumplían con estas obligaciones, lo que representa un aumento del 35,1 % respecto al año anterior. La publicidad activa implica que las entidades públicas y aquellas privadas que gestionan recursos públicos deben publicar de manera proactiva información relevante sobre su actividad, para que esta pueda ser objeto de análisis y escrutinio por parte de la sociedad civil.

El hecho de que se hayan evaluado a más entidades que en años anteriores indica un avance en la capacidad del Consejo para hacer cumplir estas obligaciones. No obstante, el simple incremento en el número de entidades evaluadas no debe ocultar la persistencia de problemas estructurales relacionados con la opacidad en algunas

(Imagen: E&J)

Este esfuerzo por ampliar el alcance de la supervisión resulta crucial en un contexto donde la confianza en las instituciones públicas está erosionada. El informe revela un dato preocupante: un tercio de las reclamaciones sobre el derecho de acceso presentadas frente al sector público estatal se originaron a raíz del silencio administrativo. Ello ocurre cuando la Administración Pública no responde dentro del plazo legalmente establecido a las solicitudes de información.

El fenómeno del silencio administrativo es particularmente grave porque socava uno de los principios fundamentales de la ley: la transparencia proactiva. Si la Administración Pública no responde, los ciudadanos quedan en una situación de indefensión, obligados a recurrir a los órganos jurisdiccionales competentes del orden contencioso-administrativo para obtener respuestas.

En el caso de las Administraciones autonómicas y locales, este porcentaje aumenta alarmantemente hasta el 85 %, lo que evidencia una falta de capacidad o voluntad para cumplir con las obligaciones legales en esta materia.

Esta situación plantea preguntas profundas sobre el verdadero compromiso de las Administraciones con la transparencia. La inacción frente a las solicitudes de acceso a la información revela, en muchos casos, una cultura institucional que sigue priorizando el secretismo y la falta de accountability frente a la apertura y el escrutinio público. A pesar de la existencia de un marco legal que promueve la transparencia, la implementación práctica de estas normas sigue siendo deficiente en muchos niveles del gobierno.

Otro punto crítico que se destaca en la memoria de 2023 es el bajo nivel de cumplimiento de las resoluciones dictadas por el Consejo de Transparencia. Según el informe, a 31 de diciembre de 2023, un 11% de las resoluciones estimatorias no habían sido ejecutadas por las Administraciones obligadas a hacerlo.

Ello implica que, aunque el Consejo resuelva favorablemente una reclamación, la Administración Pública involucrada no siempre cumple con su obligación de entregar la información solicitada. Este porcentaje es considerablemente más elevado en el ámbito autonómico y local, donde alcanza un preocupante 49 %. Estas cifras subrayan la existencia de barreras significativas para la efectiva implementación de la ley y la necesidad de fortalecer los mecanismos que garanticen el cumplimiento de las resoluciones.

Desde una perspectiva más amplia, estos datos invitan a reflexionar sobre el papel de la transparencia en el sistema democrático. La transparencia no es solo un medio para que los ciudadanos accedan a información; es un pilar fundamental para asegurar la rendición de cuentas de los gobernantes y administradores de los recursos públicos. En ausencia de transparencia, se incrementa el riesgo de corrupción, mala gestión y abuso de poder. La información pública es, en este sentido, una herramienta esencial para la participación ciudadana y la vigilancia de las instituciones.

(Imagen: E&J)

Es evidente que queda mucho por hacer para alcanzar un nivel óptimo de transparencia en España. Las cifras presentadas en la memoria de 2023 ponen de manifiesto que, aunque se han producido avances importantes, persisten obstáculos significativos. Uno de los más graves es la falta de respuesta de las Administraciones frente a las solicitudes de información, lo que compromete la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Este fenómeno no solo dificulta el acceso a la información pública, sino que también plantea interrogantes sobre la voluntad de las Administraciones Públicas para ser verdaderamente transparentes.

Además, el incumplimiento de las resoluciones del Consejo refleja una debilidad estructural en el sistema de garantías de acceso a la información. Si las resoluciones no son ejecutadas de manera efectiva, el marco legal pierde su efectividad y se convierte en una mera declaración de intenciones. En este sentido, es urgente que se adopten medidas más contundentes para asegurar que las Administraciones Públicas cumplan con las resoluciones, ya que la falta de cumplimiento es una manifestación clara de resistencia institucional frente a la apertura y la rendición de cuentas.

En definitiva, la memoria del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para 2023 ofrece una visión compleja y matizada de los desafíos y avances en materia de transparencia en España. A pesar de los esfuerzos realizados, persisten obstáculos significativos que limitan el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública. La Administración Pública, tanto a nivel estatal como autonómico y local, debe intensificar sus esfuerzos para cumplir con las obligaciones legales y garantizar que la transparencia se convierta en una práctica efectiva y no en una excepción. Solo de este modo será posible construir un sistema de gobernanza más abierto, responsable y acorde con los principios democráticos.