Mentira sobre mentira contra el Estado de Derecho

Esta semana, la asociación Hay Derecho ha trasladado al Congreso de los Diputados la recogida de más de 100.000 firmas en contra de la mal llamada ley de amnistía -en realidad, de impunidad-. Decenas de miles de ciudadanos españoles se han organizado para elevar a la Comisión Europea denuncias particulares ante la vulneración flagrante del artículo 2 del Tratado de la UE al Estado de Derecho. La movilización cívica de la sociedad española es una realidad loable. Esta contestación ante las decisiones del Gobierno, igual que el goteo de sondeos que reflejan la oposición mayoritaria de los españoles a la amnistía, prueban que Pedro Sánchez ha conseguido su investidura gracias a una gran mentira.

El electorado socialista acudió a las urnas no desconociendo que esto iba a ocurrir, sino con la promesa de sus líderes de que jamás regalarían la impunidad a Puigdemont. Sin embargo, una vez realizada la transacción a cambio de siete míseros votos, Sánchez no ha corregido su senda de mentiras, sino que ha emprendido una huida hacia adelante sofisticando la mentira: si antes se trataba de engañar al electorado a propósito de sus intenciones, ahora se trata de distorsionar los fundamentos de la democracia española para deslegitimarla y seguir adelante con el plan de sus socios para dinamitarla.

En los últimos días y semanas hemos tenido sobrados ejemplos de ello. La propia exposición de motivos de la ley presentada por el Partido Socialista retuerce sentencias del Tribunal Constitucional y de los tribunales de justicia europeos para hacer pasar por digerible lo que es ni más ni menos que anular la separación de poderes. También cita ejemplos de otros países europeos donde, según el oficialismo de Moncloa, se habrían aprobado amnistías homologables: la catedrática Teresa Freixes ha precisado que esos ejemplos nada tienen que ver con olvidar el delito, que es lo que quiere hacer Sánchez, a pesar de que cada país, como a veces sucede en Derecho, puede nombrar igual instituciones jurídicas de contenido distinto.

Por seguir con Europa, hemos comprobado recientemente cómo el ministro Bolaños ha sido capaz de decir que el Comisario europeo Didier Reynders, por cierto, de la familia liberal, manifestó “cero preocupación” ante la impunidad a los golpistas, provocando un desmentido inusitado de las instituciones comunitarias. Por si fuera poco, el miércoles Sánchez expresó en una entrevista que la amnistía es acorde a los valores europeos, cuando es evidente que la igualdad ante la ley se ve profundamente socavada por esta medida. Lo peor de esto, sin embargo, es la intención con la que se miente: hacer creer al conjunto de los españoles que la Unión Europea es una cosa distinta a la que es y donde caben delirios como la creación de una casta separatista de intocables.

Lo mismo están haciendo con la democracia española: ahora resulta que el lawfare existe, y que España lleva años siendo una suerte de régimen autoritario que persigue a la gente por sus ideas, concretamente a los independentistas. Por esa regla de tres, entonces los constitucionalistas catalanes seríamos los culpables de querer ejercer nuestros derechos y, los jueces y fiscales que pararon el golpe del 2017, los que tienen que pedir perdón.

Ante tanto despropósito, no por novedoso pero sí por flagrante, sigue siendo digno de reseñar el silencio del PSC. Los socialistas catalanes y sus guiños al electorado no separatista en Cataluña han sido enterrados por Pedro Sánchez, que ha trasladado la acción política del PSC a Ginebra sin que nadie haya rechistado. ¿Hay mayor traición al electorado catalán que pedirles el voto por la convivencia y acabar aplicando el programa del prófugo que la hizo pedazos? Salvador Illa, si creyera en lo que él ha dicho a sus votantes, no tendría que dejar a García-Page y compañía las críticas a Sánchez: debería liderarlas él. Pero, como llevamos denunciando en Ciutadans desde que nacimos, el PSC y su afán en copiar hasta la mímesis al nacionalismo están en el origen de los males que hoy asuelan a toda España.

Claro que hay esperanza. La recibimos a diario cuando vemos cómo el poder judicial reivindica su derecho a ejercer su trabajo al margen de las presiones políticas del Gobierno. La vemos en Europa. El inicio de este artículo reseña también las movilizaciones necesarias. Pero, sobre todo, la mayor esperanza depende de los ciudadanos y de nuestra mayor influencia, que es el voto. En democracia, somos responsables en sentido amplio del tipo de gobierno que tengamos. Es importante que ejerzamos la memoria cuando nos toque ir a las elecciones para penalizar la mentira si no queremos limitarnos a lamentarla después.

Carlos Carrizosa Torres es presidente de CS en Cataluña