No todo vale en nombre del Estado

La floración primaveral anuncia un nuevo ciclo de la vida en el ámbito de la naturaleza con toda la belleza que ello comporta. Sin embargo, en el ámbito jurídico-social, la primavera anuncia la cercana llegada de la obligación de cumplimentar la declaración de la renta. Esta obligación implica ceder en favor del Estado parte del resultado económico positivo de nuestro esfuerzo diario durante el último ejercicio fiscal. Esta cesión está generalmente asumida y entendida por la mayoría de la población de los países occidentales, organizados en Estados democráticos de derecho con ordenamientos que garantizan la seguridad jurídica y la consecuente libertad de sus ciudadanos, con respeto a su dignidad, a su propiedad y a un mercado libre que les permite crecer desde una plataforma inicial, persiguiendo ofrecer igualdad de oportunidades a todos sus ciudadanos, sin castigar por ello el éxito de aquéllos que lo alcanzan gracias a su legítimo esfuerzo respetando el ordenamiento vigente.

La mayoría de los ciudadanos de estos países, con independencia de su ideología, que  suele oscilar mayoritariamente entre la socialdemocracia y el conservadurismo liberal, no están dispuestos a renunciar al denominado Estado de bienestar. Se exige a las naciones que garanticen a todos sus ciudadanos con independencia de su situación económica y su origen, el disfrute de unos derechos que se consideran irrenunciables para cualquier persona. Entre ellos, el derecho a la educación, sanidad, alimentación, vivienda,  trabajo, etc. Es decir, un conjunto de derechos que permiten respetar y cuidar la dignidad del ser humano. Este noble objetivo, asumido globalmente por las sociedades occidentales, requiere para su consecución, entre otros requisitos, recursos económicos y éstos solo pueden venir de la solidaridad social a través de los impuestos.

Las sociedades democráticas han asumido la necesidad de establecer un sistema tributario obligatorio para poder conseguir el noble objetivo de garantizar los mencionados derechos para toda la población. Por ello, lo más importante de cualquier ordenamiento tributario es que su configuración, además de respetar los principios de seguridad jurídica y justicia, esté diseñado para conseguir su objetivo fundacional, que no es otro que conseguir los fondos necesarios para ser destinados al cubrimiento de las necesidades básicas indicadas.  Por ello, en la gestión tributaria, más que entrar en debates ideológicos sobre la imposición directa o indirecta, proporcional o progresiva, se deberían aplicar técnicas eficientes que tengan en cuenta las características particulares de cada territorio, en aras de conseguir el objetivo perseguido con máxima eficacia.

Si lo que realmente se persigue es conseguir el máximo de recursos para cubrir los derechos universales expuestos, es obvio que la fiscalidad no puede ser homogénea, igual en todos los países. Muy al contario, el ordenamiento fiscal se ha de adaptar a la sociedad de cada territorio para conseguir la máxima eficacia en cada uno de ellos. Siempre respetando la seguridad jurídica y la justicia equitativa por supuesto, pero con la especificidad que recomienda la eficiencia en máximo grado.

Partiendo de la base de que el Estado de bienestar es innegociable en Europa occidental, hay que decir sin rubor que la gestión de la fiscalidad por parte de los Estados ha de ser competitiva. Hay que exigir a los responsables políticos que consigan los mejores resultados, con el menor coste posible para la población. No es de recibo que haya gobiernos que consigan menos ingresos fiscales que otros que exigen un esfuerzo tributario mucho menor a sus ciudadanos. También es lamentable la falta de seguridad jurídica en esta materia. Muchos ciudadanos, en muchos territorios, tienen muchas dificultades para cumplir sus obligaciones tributarias, pero no por falta de voluntad en el cumplimiento, sino por la dificultad de averiguar qué se debe hacer para cumplir.  Hay que valorar y premiar a los gobernantes que brindan seguridad jurídica y distinguirlos de los que no lo hacen.

Un buen gestor consigue la misma cobertura social que un mal gestor, exigiendo menos impuestos a sus ciudadanos. Si miran a su alrededor está lleno de ejemplos tanto a nivel local, autonómico o estatal. Hay que premiar a los políticos que gestionan bien e impedir que los políticos ineficaces pretendan impedir la comparación y la competencia fiscal para evitar que se evidencie su ineptitud. La libre competencia pone a todo el mundo en su sitio. El dinero de los ciudadanos honrados hay que tratarlo con respeto y eficiencia. No todo vale en nombre del Estado .