Nuestra Justicia no debería contentarse con medidas low cost

Desde DEFENDA estamos satisfechos con los acuerdos que se han alcanzado hace unos días entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía Española, aunque los mismos llegan muy tarde y son del todo insuficientes.

Consideramos que tanto la inhabilidad del período de Navidades (que sería efectivo para el año 2022), como las suspensiones de los plazos en los procedimientos en los casos de nacimiento y cuidado del menor o de enfermedad grave y/o fallecimiento de un familiar, desde luego son un avance y un paso más para la conciliación familiar de nuestro colectivo, pero no suficientes para un gremio que está siendo tan maltratado y ninguneado en los últimos años.

Por supuesto que todas las medidas encaminadas a favorecer la conciliación familiar siempre son bienvenidas y celebramos que se hayan producido, pero estamos en la obligación de poner de manifiesto que llegan mal y tarde, y resulta hasta indignante que tengamos que celebrar estos hitos cuando son derechos inherentes a las personas.

Entrada al Consejo General de la Abogacía Española (Foto: CGAE)

La vida es dinámica: está en constante movimiento y transformación. Por este motivo el Derecho también debe saber adaptarse a esos cambios.

Durante el confinamiento se nos planteó a todos los compañeros con hijos a su cargo el problema de esa conciliación familiar. Teníamos a nuestros hijos en casa al suspenderse las clases y nosotros estábamos en la obligación de salir del domicilio para acudir a nuestro trabajo. Solicitamos una solución al respecto para poder conciliar con nuestros hijos pero, ante esta nueva situación, una vez más, no hubo respuesta, ni ayuda, ni solución. Ante circunstancias excepcionales como aquella habría que haber dado respuestas rápidas y excepcionales.

Y por supuesto que queda mucho por hacer en materia de la defensa de la Abogacía. En esto, tanto los colegios de abogados como el propio Consejo General de la Abogacía Española están perdiendo la batalla, ya que llevamos muchos años reivindicando unas mejoras en la profesión que nunca llegan. Que se anuncian a bombo y platillo en víspera de elecciones y luego todo queda en agua de borrajas. Esta misma que escribe, allá por el 31 de marzo de 2020 ya le escribió una carta abierta a la Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, a la cual obviamente ésta hizo caso omiso.

Resulta del todo necesario que exista una equiparación entre los abogados que están en las mutualidades alternativas con los que están en el RETA, así como que se pueda rescatar todo lo abonado en las mutualidades si decides cambiarte al RETA.

Los Colegios pueden hacer mucho más de lo que están haciendo en la actualidad para apoyar a sus colegiados.

Podrían habernos condonado las cuotas colegiales mientras duró el estado de alarma, si no a todos, por los menos a los que estamos en el turno de oficio, o a los que lo hubieran solicitado por su situación de vulnerabilidad, y no ofrecernos tan solo un aplazamiento de la cuota por un trimestre. Lo que siempre hemos echado en falta de nuestros colegios, y ahora más que nunca, es que nos apoyen de forma incondicional ante todas las tropelías que tenemos que soportar cada día en el ejercicio de nuestra profesión, tanto por el mal funcionamiento de la Justicia como de falsas acusaciones y denuncias sufridas por nuestros propios clientes del turno de oficio, como que hubiesen velado de forma contundente y rotunda por nuestra seguridad e integridad física como letrados en el ejercicio de nuestras funciones en los Tribunales, amparándonos y defendiéndonos en el caso de que nos neguemos a realizar una asistencia, comparecencia o juicio cuando no se estén cumpliendo el Protocolo de actuación para la reactivación de la actividad judicial y salud profesional según el Consejo General del Poder Judicial, de 29 de abril de 2020. Y que actúen de una manera clara y rotunda para solicitar al Estado que a los abogados mutualistas se nos equipare a los abogados del RETA, para que todos los abogados con independencia del régimen al cual estén suscritos, hubiéramos podido acceder al mismo tipo de ayudas estatales que concedieron a todos los autónomos del RETA.

El gran problema que tuvo nuestro ministro de Justicia, el Sr. Campo, es que no ha escuchado a nadie para tomar las decisiones que fue tomando, la arbitraria e inútil decisión de habilitar los 20 últimos días del mes de agosto, que no sirvieron para nada, ya que los 83 Colegios de Abogados de España, así como todos los abogados y procuradores estamos en contra de su habilitación, básicamente por ineficaz y porque nos dejó sin vacaciones a abogados y procuradores, así de manera gratuita, privándonos de nuestro derecho constitucional al descanso y conciliación de nuestra vida familiar.

«El gran problema que tuvo nuestro ministro de Justicia, el Sr. Campo, es que no ha escuchado a nadie para tomar las decisiones que fue tomando» (Foto: Congreso de los Diputados)

DEFENDA solicitó al Tribunal Supremo que suspendiera la habilitación de parte del mes de agosto, y se nos negó. Y ha quedado demostrado que dicha habilitación solo sirvió para aumentar el colapso judicial sino el “déficit judicial”, ya que se malgastó una ingesta cantidad de dinero público y perjudicó una vez más al justiciable, al contribuyente y a los operadores jurídicos intervinientes porque nada se resolvió en ese mes y ese “dinero tirado” bien podría haber servido para invertir en Justicia.

Para descongestionar hace falta que se invierta en contratar más personal de Justicia. Que cuando un Juez, o un funcionario o un letrado de la administración se ponga enfermo y deba estar de baja, o se produzca un traslado, no se deje ese puesto de trabajo inactivo durante todo ese período, que puede ser un mes, dos, tres o un año, con el consiguiente parón de todos los procedimientos que lleva esa persona.

Que se invierta en que verdaderamente funcione de una vez el expediente judicial electrónico, que agilizaría muchísimas horas perdidas tanto para los abogados que tenemos que desplazarnos al juzgado a instruirnos del expediente, o para fotocopiarlo, como para los propios funcionarios que no tendrían que perder su tiempo para atendernos, fortaleciendo el teletrabajo tan sumamente importante en estos momentos, y garantizando el funcionamiento efectivo, real y sin riesgos sanitarios para todos los operadores jurídicos. Que se invierta en modernización de los sistemas actuales telemáticos existentes en los juzgados. Que se aumente la capacidad actual de la plataforma de comunicaciones Lexnet, que en la actualidad tiene un límite muy pequeño para adjuntar documentación y, si lo supera, hay que ir al Juzgado a presentarlo físicamente en papel, circunstancia que igualmente retrasa el procedimiento. Que se instrumentalice de una manera efectiva las vacaciones de todos los operadores jurídicos, para que no haya más de tres meses en los que los juzgados funcionan a “ralentí”.

Un instrumento muy útil para agilizar nuestro sistema judicial, también sería invertir en sentido común, que muchas veces falta por doquier, como por ejemplo organizar de una manera efectiva y eficiente las agendas judiciales de señalamiento para los juicios, ya que es un sinsentido, por ejemplo, que se señalen juicios cada 15 minutos, cuando hay 5 testigos, 2 peritos, y un médico forense, produciéndose retrasos de horas, que tenemos que sufrir los abogados y los justiciables, perdiendo un tiempo precioso que podríamos invertir en la defensa de los derechos de los justiciables. Las horas perdidas por nosotros en los pasillos y en los mostradores perjudican directamente a las personas que necesitan el auxilio judicial. Estos retrasos interminables también se podrían evitar gestionando de una manera eficaz la comprobación de la notificación del día del juicio a todos los intervinientes para, de esta manera, evitar que se suspendan juicios por no haber sido comprobados con anterioridad a la celebración del juicio por el funcionario, que todos estaban formalmente citados. Es aplicar el sentido común y administrar y gestionar organizando las tareas que se realizan diariamente en un Juzgado.

Resulta obvio y notorio que ni los Colegios ni el propio Consejo General de la Abogacía Española han sabido estar a la altura en la defensa de la abogacía y de los letrados y que no han sabido escuchar nuestras reivindicaciones, y prueba del fracaso de las instituciones es el propio nacimiento de DEFENDA, que nace precisamente en pleno confinamiento en la pandemia fruto del descontento y del recién sindicato de abogados VENIA, que nace precisamente porque los Colegios de Abogados no han hecho los deberes, ni nos han defendido ni nos han protegido, sindicato al cual no descartarnos adherirnos, pues DEFENDA estaba ya en trámites para su fundación pero por trabas administrativas no ha sido el primero.

Mucho que hacer, mucho por lo que luchar y mucho por lo que  pelear porque como decía Montesquieu “Una cosa no es justa por el hecho de ser Ley. Debe ser ley porque es justa”.