Pantomima antidemocrática

Lo que este jueves hemos vivido en Cataluña es un grave acto antidemocrático, protagonizado por quienes ya el 6 y 7 de septiembre rompieron la legalidad democrática en el Parlamento Catalán. Lo que pretendían era suspender la investidura del presidente de la Generalitat simplemente porque el investido no era uno de los suyos.

El propio Presidente del Parlamento había anunciado que procedería a suspender el pleno si era detenido Puigdemont, y este lo que perseguía era tensionar la investidura para suspenderla con la pretensión de ser él el investido, a pesar de haber perdido las elecciones. Estos últimos meses se han repetido las amenazas de los líderes de Junts: si el investido no era Puigdemont, dinamitarían el acto de investidura.

Y, por si todo ello no era suficiente, cuando ya era obvio que Puigdemont no se había presentado al pleno, intentaron conseguir la suspensión alegando que se estaba deteniendo a personas en Barcelona aunque ninguna de ellas era parlamentario, y todo, permitan que lo repita, con el único fin de evitar investir presidente de la Generalitat a quien no era de los suyos.

Si se abre causa judicial ambos agentes detenidos serían citados como investigados por haber incurrido en dos posibles delitos, obstrucción a la Justicia y omisión de la obligación de perseguir delitos, pues su obligación era arrestar a Puigdemont y ponerlo a disposición judicial. (Imagen: RTVE)

Toda esta pantomima antidemocrática se vio complementada con la pasividad de los cuerpos de seguridad del estado y la posible colaboración de algunos miembros de los Mossos de Escuadra, lo que es, siendo suaves, incompatible con un estado democrático. Sorprende también que quien aún tiene la competencia para la vigilancia de fronteras de nuestro país no estableciera ningún operativo para proceder a la detención de quien había anunciado que entraría en España.

El ministro Bolaños ha vuelto a mentir alegando que la competencia era de los Mossos y por ello nada tenía que hacer la Guardia Civil y la Policía Nacional. Esto es radicalmente falso. La Guardia Civil y la Policía Nacional siguen teniendo importantes competencias en Cataluña, y una de ellas es la vigilancia y control de fronteras, incluso de aquellas que corresponden a países del Convenio Schengen, pero además tampoco sabían por donde entraría Puigdemont o si lo haría por otro lugar de España. Lo único constatable era su voluntad de entrar, por lo que lo lógico era que el Ministerio del Interior estuviera en alerta con el correspondiente operativo.

Resulta extremadamente grave que el gobierno de Sánchez se haya mantenido al margen con absoluta pasividad por mero interés político, para no molestar a sus socios de gobierno y de quienes depende la mayoría parlamentaria, y si a ello le sumamos que miembros de un cuerpo policial colaboraron con un fugado de la justicia, quiebran los principios de un estado democrático. Si la administración deja de ejercer sus competencias por simple interés político se quiebran los fundamentos del estado de derecho y la separación de poderes.

Pero, saben, lo más triste de todo es el silencio del PSOE de Sánchez, simplemente porque siguen dependiendo de los siete votos de Junts. Su silencio los convierte en cómplices de unos actos que ponen en cuestión nuestro sistema democrático.