Por unas prestaciones de jubilación dignas para la abogacía

Como abogado del Turno de Oficio y ahora como decano del ICAM, he compartido muchas de las preocupaciones que nos afectan en nuestro día a día, y especialmente en lo que respecta a nuestra futura jubilación. En mi condición de mutualista, al igual que otros compañeros de la Junta de Gobierno, es una situación que me afecta y conozco de cerca.
La realidad de las prestaciones de jubilación de la abogacía y la procura va más allá de lo técnico para tocar el corazón mismo de nuestra dignidad profesional y refleja una problemática de justicia social. No es solo un número o un porcentaje lo que está en juego, sino la vida y el bienestar futuro de quienes han dedicado sus carreras a la defensa de los derechos fundamentales. Por ello, necesita ser abordado con urgencia y sensibilidad en esta legislatura como venimos reclamando.

Desde la Junta de Gobierno del ICAM, hemos convocado una sesión informativa extraordinaria, donde discutiremos en común no solo los desafíos, sino también esta solución en las que estamos trabajando. Más pertinentes y necesarias, si cabe, una vez que se ha puesto de manifiesto que a lo que se ha llegado es a una solución fallida con la propuesta que hay sobre la mesa, muy insuficiente, y perjudicial en muchos aspectos, por parte de la ministra de Seguridad Social.

La estructura actual de la Mutualidad de la Abogacía, basada en un sistema de capitalización individual establecido desde el Real Decreto Legislativo 6/2004, plantea desafíos significativos. Estos desafíos no solo afectan a aquellos que han contribuido bajo un régimen anterior, sino también a los nuevos colegiados, quienes encuentran incertidumbre en sus expectativas de jubilación. En respuesta a esto, hemos confiado a María Emilia Casas, una autoridad indiscutible en Derecho del Trabajo, la tarea de elaborar una propuesta normativa que respete los derechos y necesidades de todos los mutualistas.

Porque es importante precisar y destacar una realidad que, por responsabilidad y justicia no podemos pasar por alto: cualquier solución que se adopte debe tener en cuenta la diversa casuística de nuestros colegiados, donde se dan situaciones muy variadas: anteriores a la reforma de 1996 y posteriores; con contribuciones mínimas o más elevadas… buscando amparar a quienes se sienten perjudicados, pero evitando al mismo tiempo cualquier acción que pueda suponer un perjuicio para otros tantos mutualistas. La diversidad de situaciones coexistentes exige un tratamiento respetuoso con los derechos e intereses de todos ellos.

(Creatividad: ICAM)

Estoy personalmente comprometido a garantizar que nuestra respuesta como Junta de Gobierno y como Colegio sea equitativa y global, contemplando todos los supuestos. Así, la propuesta legislativa en la que estamos trabajando busca regular la posibilidad de una transición voluntaria al Régimen de la Seguridad Social para aquellos mutualistas que así lo deseen, reconocimiento de su antigüedad, y la garantía de una pensión mínima. Además, un enfoque fiscal adecuado para la recuperación del ahorro y mejoras en las prestaciones para jubilados parciales son cruciales para asegurar una transición equitativa hacia la jubilación.

Es esencial que el Gobierno y los grupos parlamentarios actúen con decisión para proteger a los profesionales que han dedicado sus vidas a la salvaguarda de los pilares básicos del Estado de Derecho. Como decano del ICAM, he presentado estas preocupaciones en el Congreso y en la Asamblea de Madrid, instando a que se incluyan nuestras propuestas en las políticas de esta legislatura.

Además de nuestras iniciativas legislativas, seguimos comprometidos con la transparencia y el diálogo abierto. Todos los informes y propuestas estarán disponibles en la web del ICAM asegurando que cada colegiado pueda participar de manera informada en nuestra búsqueda colectiva de soluciones.

Quiero aseguraros que cada paso que damos, lo hacemos con un profundo respeto por la profesión y por cada uno de los/as profesionales que la ejercen. La abogacía no es solo una profesión; es un pilar de nuestra sociedad y de nuestro Estado de Derecho. Proteger vuestra seguridad y bienestar en la jubilación es, por ende, no solo una cuestión de justicia para los individuos afectados, sino también un asunto de interés público vital.

En estos momentos, vuestra colaboración y participación son más importantes que nunca. Debemos trabajar hacia un objetivo común: para garantizar que los derechos y la dignidad de todos los abogados y abogadas sean respetados y protegidos en cada etapa de su carrera y en su merecida jubilación. Juntos podemos lograrlo.