Propuestas para frenar la multirreincidencia en nuestro país

Uno de los efectos que inciden directamente no solo en la seguridad ciudadana, sino también en la percepción que el ciudadano tiene de esa sensación de inseguridad, es la multirreincidencia.

La reforma del Código Penal impulsada por el PSOE en el año 2022 ha sido un verdadero fracaso y un ejemplo más de cómo no se debe legislar, prescindiendo de los informes de quien conoce la materia.

De un simple análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo habríamos deducido la ineficacia de la reforma ya que contradecía la jurisprudencia en cuanto al cómputo de las condenas por delitos leves para determinar la reincidencia y, consiguientemente, de igual manera para la multirreincidencia.

Para ser eficaces en la lucha contra la multirreincidencia,  las medidas legislativas son solo una parte y, además, claramente insuficientes. De nada sirve una precisa regulación de la multirreincidencia en el Código Penal, como ha propuesto el Partido Popular en el Congreso, si no va acompañada de toda una serie de medidas complementarias, sin éstas la reforma tendrá poca eficacia.

El colapso en los juzgados y su endémica falta de medios hará ineficaz, con casi toda seguridad, la necesaria reforma penal, si a la vez no dotamos de los recursos adecuados a nuestra abandonada Administración de Justicia.

Sigue sin ser una prioridad para nuestro ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, incrementar la partida presupuestaria de una manera decidida, pero claro nuestro Gobierno ni siquiera presentó un proyecto de presupuestos para 2024, como sería su obligación constitucional y, al parecer, vamos por el mismo camino para los de 2025.

El ministro de Justicia Félix Bolaños. (Imagen: Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes)

Todos estos problemas se agravan en Cataluña donde, a la falta de inversión por el Ministerio en la creación de nuevos órganos judiciales, se añade la paralización en los últimos años de la Generalitat de Cataluña, dedicada más a resucitar el renqueante procés que a servir a los ciudadanos catalanes, lo que ha provocado una grave situación.

Ministerio y Generalitat han abandonado a la Justicia en Cataluña, ninguno de ellos tiene el más mínimo interés en solucionarlo y eso ha provocado el incremento de los actos delictivos, en algunos casos de manera exponencial.

Recientemente, la decana de los juzgados de Barcelona ha denunciado que los juicios rápidos en la ciudad se celebran con un retraso de tres años, cuando la ley establece que deben celebrarse en la fecha más próxima posible y con un máximo de 15 días.

De poco servirá una ley que endurezca las penas por la multirreincidencia si las condenas que deben servir para aplicarla tardan la friolera de tres años. Como pueden comprender, durante estos tres años el delincuente seguirá cometiendo delitos, y con un poco de suerte a los tres o cuatro años de los hechos podremos aplicar la legislación sobre multirreincidencia, lo que la hace prácticamente inaplicable por las dificultades añadidas de localizar al autor de los hechos tres, cuatro o incluso cinco años más tarde.

Además, si la reforma lo que pretende es reducir la multirreincidencia, dada la situación de los jugados, difícilmente podrán notarse sus efectos hasta transcurridos unos cuantos años. Es imprescindible que se amplíen los juzgados de lo penal en aquellas ciudades donde se encuentran colapsados, que por desgracia son la mayoría en Cataluña.

Juzgados de Barcelona. (Imagen: Poder judicial)

Es imprescindible que se creen turnos de guardia también para los juzgados de lo penal, de manera que el detenido puesto a disposición del juzgado de guardia sea juzgado de manera inmediata, pasando directamente al juzgado de lo penal, también de guardia, para ser enjuiciado en aquellos delitos del ámbito del juicio rápido.

Aunque incluso estas medidas son insuficientes, es necesario que quien de manera ilegal ha entrado en España y, por lo tanto, en la Unión Europea, y se dedica a cometer delitos, sea expulsado con todas las garantías, pero de manera rápida y eficaz.

Hemos de fomentar una inmigración legal y regulada. España siempre ha sido tierra de acogida y recibir a quien quiere venir a trabajar y prosperar junto a todos nosotros debe ser una prioridad, pero también debe serlo el ser implacables con quien viene a perturbar nuestra sociedad y a delinquir.

En definitiva, necesitamos de manera urgente reformar nuestro Código Penal para corregir el error de la reforma de 2022, pero necesitamos también que nuestro ministro de Justicia se dedique en exclusiva a la Justicia, y no tengamos un responsable compartido con otras funciones en el Gobierno.

Precisamos al frente de “Justicia” a alguien con la voluntad de escuchar a todos los operadores que llevamos una vida trabajando en ella y para ella, y olvidarse de reformas trasnochadas que no hacen más que dificultar el trabajo en nuestros juzgados.