¿Qué España estamos dispuestos a ser?

La judicatura se somete solo a la ley y a la Constitución. Es la independencia judicial, que en el Estado de derecho está encargada de velar por los derechos y las libertades de los ciudadanos, de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado para restituir el daño a estos derechos que sufre la ciudadanía. Eso incomoda a quien, instalado en la política dirigente, se ve tentado de abusar del poder porque los jueces no se someten a su poder político, sino que conviven con él y están obligados a juzgar sus acciones si abusan de él.

Hay algunos cargos políticos ocupantes del poder Ejecutivo y Legislativo que parecen preguntarse sin pausa ¿Cómo doblegar a quien no se puede controlar?

Nuestra sociedad vive cada vez más polarizada (conservador-progresista, derecha- izquierda). El pensamiento crítico languidece en las cámaras de eco surgidas con las redes sociales, allí donde se amplifican las convicciones propias y se evapora la empatía hacia ‘los otros’. El debate sosegado es excepcional y en nuestro parlamento, ya no se recuerda.

El discurso sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces, está sometido a una dualidad aparentemente insuperable: progresistas y conservadores. La interpretación sesgada que se ha hecho de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que fue proscrita por la sentencia del Tribunal Constitucional nada menos que desde 1986, alimenta esa percepción al permitir el reparto de los vocales por los políticos como cromos, lo que va en contra, precisamente, de lo que dispuso entonces el máximo tribunal de garantías. Más de una década lleva el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa) reclamando la necesidad de que la judicatura participe en la elección de parte de los miembros del CGPJ, como prevé la Constitución. Esto afecta a la apariencia de imparcialidad de la carrera judicial.

Oiga, como quien oye llover.

Asumieron sus señorías parlamentarias, diputados y senadores, su nombramiento y debieran haberse responsabilizado por sí solos del cumplimiento de la Constitución y la LOPJ. Pero, con los años, se convirtió en una decisión entre jefe del ejecutivo y líder de la oposición: derecha- izquierda o viceversa, tanto da. Más polarización, menos apariencia de independencia de la judicatura.

El CGPJ lleva más de cinco años sin renovarse con el descrédito que ello supone para la institución. (Imagen: Consejo General del Poder Judicial)

Se agrava la situación si se toma en consideración el plazo de renovación del CGPJ: cinco años. El último que se nombró fue en 2013. Si no le salen las cuentas, es porque no se ha vuelto a renovar desde entonces. Lo curioso del caso es que los partidos querían elegir y ahora no se ponen de acuerdo.

En este pulso político por el control del CGPJ, con más capítulos que Pasión de Gavilanes, afrontamos una nueva temporada. Un juez admite una denuncia y abre diligencias previas, como todos los días en los juzgados, y se arma el revuelo. La razón: es familia del presidente, máximo representante del poder Ejecutivo. La consecuencia: nuevas invectivas a la carrera judicial, como niña incontrolable a la que hay que domesticar.

Se insiste en atribuir la instrucción a la fiscalía. La misma que llevan años denostando con capítulos de otra serie que daría para más temporadas que los Simpson. Así, el control es más fácil: el Fiscal General del Estado es elegido a propuesta del Gobierno. Y, como la fiscalía se somete a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, hagan ustedes las cuentas si no se reforma el Estatuto del ministerio público para darle independencia. Estas sí que cuadran.

Y volvemos al CGPJ. En vez de retornar al modelo anterior, en el que elegían los jueces a 12 de los 20 vocales –los de procedencia judicial-, se sopesa quitar las mayorías para un control mayor. Sin tapujos. Es mejor que no quede duda alguna de que a algunos no les gusta la independencia judicial, ni la separación de poderes, ni el Estado de Derecho.

La fuerza bruta ya no es necesaria. Basta con sembrar la duda sobre las togas, volver al discurso polarizado conservador-progresista. Ellos contra nosotros. El veneno se extiende rápidamente.

Los frutos, espeluznantes.

El precio, la independencia judicial y, por ende, los derechos de la ciudadanía.

El coste, nuestra democracia.

La pregunta es: ¿qué España queremos ser?