¿Quién elegiría a los magistrados del Tribunal Supremo?

La reciente amenaza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de sustraer al Consejo General del Poder Judicial (en adelante, CGPJ) la facultad de nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo y otros tribunales superiores si el PP no colabora en la renovación de dicho órgano, ha suscitado un debate acalorado y ha puesto de manifiesto las tensiones latentes en el sistema judicial español. Esta propuesta, enmarcada en un contexto de bloqueo que ya ha durado alrededor de 2.000 días, según Sánchez, ha generado una profunda preocupación en diversos sectores de la sociedad, especialmente dentro del ámbito judicial.

El CGPJ es el órgano de gobierno del poder judicial en España, encargado de garantizar la independencia de los jueces y magistrados. Su renovación y funcionamiento son esenciales para el correcto equilibrio de poderes en una democracia. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, el CGPJ tiene la facultad de hacer ciertos nombramientos en la judicatura, incluyendo a los magistrados del Tribunal Supremo, algo lógico por el contenido del artículo 122 de la Constitución. Sin embargo, esta potestad ha sido criticada por ser susceptible de influencias políticas, un problema que se agrava en un escenario de bloqueo como el actual.

La propuesta de Sánchez de sustraer al CGPJ la facultad de nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo ha sido recibida con fuertes críticas. La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura ha calificado la propuesta como un «atropello constitucional», argumentando que privar al CGPJ de su facultad de hacer nombramientos violaría la separación de poderes, un pilar fundamental de la democracia. Desde su perspectiva, la independencia judicial se vería gravemente comprometida si esta competencia fuera transferida a otra entidad sin un proceso transparente y objetivo. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria también ha expresado su rechazo, enfatizando que la renovación del CGPJ debe ser fruto de un acuerdo entre las cortes y no de decisiones unilaterales del ejecutivo.

(Imagen: Moncloa, Borja Puig de la Bellacasa)

Es crucial señalar que los incentivos que Pedro Sánchez atribuye al PP para bloquear la renovación del CGPJ no son exclusivos de este partido. Tanto el PP como el PSOE han demostrado, a lo largo de los años, que sus intereses partidistas influyen en la gestión y las decisiones del CGPJ. Ambos partidos han utilizado su influencia en el CGPJ para asegurar nombramientos favorables que les permitan ejercer un control indirecto sobre el poder judicial. Ello demuestra que el problema de fondo no es la naturaleza de los incentivos del PP, sino la estructura misma del sistema de nombramientos, que permite que los partidos políticos manipulen la justicia a su favor.

Una crítica fundamental a la propuesta de Sánchez es su falta de concreción respecto a cuál sería el órgano o institución que asumiría la responsabilidad de los nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo en caso de retirar esta competencia al CGPJ. La omisión de detalles sobre un plan alternativo revela una falta de visión a largo plazo y una estrategia política más centrada en ejercer presión sobre el PP que en resolver verdaderamente los problemas estructurales del sistema judicial. Esta falta de claridad genera incertidumbre y desconfianza, no solo entre los actores políticos, sino también entre los ciudadanos, que perciben una posible manipulación del poder judicial con fines partidistas.

La idea de sustraer al CGPJ la facultad de nombrar magistrados plantea serias preocupaciones sobre la independencia judicial y el equilibrio de poderes. Si bien es cierto que la actual configuración del CGPJ permite cierto grado de politización, la solución propuesta por Sánchez podría abrir la puerta a formas aún más directas de interferencia política en el poder judicial. Sin un mecanismo claro y transparente para la asignación de estas responsabilidades, cualquier cambio en la estructura actual podría resultar en una mayor concentración de poder en manos del ejecutivo, lo que sería un retroceso significativo para la democracia española.

Además, la retórica de Sánchez parece ignorar las recomendaciones y principios defendidos por diversas instituciones europeas que abogan por una mayor independencia judicial. La falta de un plan concreto y detallado sobre la reestructuración del proceso de nombramientos judiciales sugiere que la propuesta es más una herramienta de presión política que una solución realista y bien pensada. La independencia judicial es un pilar fundamental de cualquier democracia sólida, y cualquier reforma en este ámbito debe ser abordada con la máxima seriedad y con un compromiso real con la transparencia y la objetividad.

El dilema que plantea Pedro Sánchez no es una mera disputa política. Es, en esencia, una cuestión sobre los cimientos mismos del Estado de Derecho. La amenaza de modificar una estructura que, aunque imperfecta, garantiza un nivel de equilibrio y contrapeso entre los poderes del Estado, debe ser considerada con la más profunda reflexión. La premura y la falta de especificidad en la propuesta de Sánchez son alarmantes. La retórica de cambio que utiliza, aunque atractiva para algunos sectores, carece de la sustancia y el detalle necesarios para inspirar confianza en su implementación.

Históricamente, la Administración de Justicia ha sido el bastión contra los abusos del poder. La separación de poderes, conceptuada brillantemente por Montesquieu, no es una mera teoría académica, sino una necesidad práctica para la salvaguarda de las libertades y derechos fundamentales. El CGPJ, con todas sus deficiencias, ha funcionado como un mecanismo esencial para mantener este equilibrio en España. Despojarlo de su facultad de nombrar magistrados, sin una alternativa clara y consensuada, podría debilitar la integridad de este sistema.

(Imagen: E&J)

El hecho de que Sánchez no detalle qué órgano asumiría esta crucial responsabilidad es indicativo de una propuesta más reactiva que proactiva. Se presenta como una respuesta a la intransigencia del PP, pero omite una visión coherente de futuro. Esta falta de planificación no solo refleja una táctica política miope, sino también una potencial erosión de la confianza pública en el sistema judicial. Los ciudadanos, ya escépticos de la politización de la justicia, pueden interpretar esta medida como un movimiento para consolidar el poder del ejecutivo a expensas de la independencia judicial.

La historia política reciente de España está marcada por un uso instrumental del poder judicial por parte de los grandes partidos. Tanto el PP como el PSOE han intentado influir en el CGPJ para asegurar decisiones favorables a sus intereses. Ello no es un secreto y, en este contexto, la propuesta de Sánchez parece más una continuación de esta tradición que una ruptura con ella. Es una ironía que, bajo la apariencia de despolitizar el CGPJ, se esconda una maniobra que puede llevar a una mayor politización del sistema.

En lugar de precipitarse hacia cambios que podrían comprometer aún más la independencia judicial, es crucial que se fomente un diálogo sincero y se busquen soluciones que fortalezcan la democracia y la justicia en España. La renovación del CGPJ debe ser fruto de un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, basado en principios de transparencia, objetividad y meritocracia. Solo de esta manera se puede restaurar la confianza en el sistema judicial y garantizar que los nombramientos reflejen los más altos estándares de profesionalismo y ética.

La independencia judicial no es un lujo ni una concesión. Es la piedra angular de una democracia robusta. Cualquier intento de reformar el sistema de nombramientos debe ser abordado con el más alto grado de responsabilidad y con un profundo respeto por los principios constitucionales. La propuesta de Sánchez, en su forma actual, parece más un ardid político que una solución genuina. La verdadera despolitización del poder judicial requiere un compromiso real con la reforma estructural y un alejamiento de las tácticas partidistas que han socavado la integridad del CGPJ.

En última instancia, el desafío que enfrenta España no es simplemente la renovación del CGPJ, sino la reafirmación de su compromiso con la independencia judicial y el Estado de Derecho. La propuesta de Sánchez, aunque presentada como una solución al bloqueo actual, debe ser vista con cautela. Sin un plan detallado y un consenso amplio, cualquier cambio podría hacer más daño que bien.

La historia nos enseña que la erosión de la independencia judicial es un camino peligroso que puede llevar a la concentración de poder y al debilitamiento de la democracia. Por esa razón, es imperativo que cualquier reforma en este ámbito sea fruto de un debate profundo, informado y plural, que respete y fortalezca los principios sobre los que se construye nuestra sociedad.