Recuperar el rescate

La paralización, prácticamente total, de la actividad económica en el mundo, pero especialmente en nuestro país, provocada por la pandemia del coronavirus chino que nos ha infectado, va a traer unas consecuencias económicas extraordinariamente gravosas para el Estado que, bien intencionadamente, ha subvencionado entre tanto a los ciudadanos a fondo perdido, pero que para ello se ha endeudado largamente y, tarde o temprano, tendrá que devolver lo pedido y repercutírnoslo después.

La situación no sería tan grave, si no fuera por que España fue millonariamente endeudada ya antes, en el año 2012 y, pese a la devaluación salarial operada desde entonces, el endeudamiento del país no ha dejado de crecer, pasando del 69,9% del PIB en año previo al decreto ley de 31 de agosto de 2012, al 95,8% al año siguiente, hasta llegar casi al 100% a fecha presente.

A diferencia del momento actual, en el que se lleva a cabo un “rescate ciudadano”, entonces se efectuó un rescate bancario. El actual está ética y jurídicamente justificado. El anterior fue injusto e ilícito y, además, ha dejado al país arruinado y sin recursos para hacer frente a esta crisis, de tal modo que se prevé que la deuda llegue al 114,6% del PIB dentro de un año, lo qué supondrá la ruina para una generación entera de españoles, si nada lo remedia o, peor aún, si se desencadena otra crisis global.

Es cierto que no se puede volver atrás, pero también lo es que no se pueden olvidar las lecciones del pasado, ni pasar por alto las responsabilidades en que se ha incurrido con actuaciones ilícitas, incluyendo las derivadas del enriquecimiento injusto.

Está clarísimo que la quiebra de los bancos la deben pagar, como la de cualquier empresa, sus accionistas y bonistas. No los ciudadanos, que ninguna participación tienen en ellas. La resolución del Banco Popular español llevada a cabo por las autoridades europeas, así lo ha puesto de manifiesto en la práctica, por no citar el ejemplo de EEUU, que ha obtenido incluso beneficios para los contribuyentes de la resolución de la crisis bancaria de 2008.

Solo de corruptela puede calificarse la actuación del Gobierno español entonces, rescatando al sistema bancario de las Cajas de ahorro con el dinero de los contribuyentes, con el doble objetivo de tapar las responsabilidades partidistas en la gestión previa de aquéllas, y propiciar la absorción de su negocio, ya saneado o desmantelado, por los bancos privados del país, los cuales ocuparon su lugar y se enriquecieron a costa de tal operación, cuyo coste fue endosado a los no deudores ciudadanos.

De este modo se concluyó en un oligopolio bancario, que no hubiera sido posible en otro caso. Un negocio redondo para la banca, ejemplo de “capitalismo de amiguetes”, en sintonía con la “corrupción legislativa” del gobierno de turno.

En aquel rescate bancario del año 2012, articulado a través de un decreto ley de 31 de agosto, se vulneraron por el gobierno los artículos 31,94 y 86 de la Constitución, al concertar, en garantía de un préstamo multimillonario -del que finalmente se consumieron unos 41.000 millones de euros-, un “memorando” de condiciones draconianas con la llamada “Troika” comunitaria, sin siquiera recibir una quita de la deuda que las Cajas quebradas mantenían con sus bonistas europeos, lo que sí obtuvo, por ejemplo, Grecia, con una quita del 50 %.

Se pusieron, así, todos los recursos del país al servicio de los bancos, nacionales y europeos, sin obtener nada a cambio los terceros pagadores ciudadanos, operándose un traspaso de riqueza sin causa de unos a otros.

La situación fue denunciada a los parlamentarios y al defensor del pueblo y nadie hizo nada para corregir el desaguisado, que vino a ratificar poco después la ley 9/12 de 14 de noviembre, copia literal del decreto ley anterior.

Ahora, que nos enfrentamos a un desafío mucho mayor, pues afecta la crisis a la vida y economía de los propios ciudadanos de nuestro país, es el momento de recuperar el rescate y, para ello, concurriendo los requisitos que la figura del enriquecimiento injusto exige, es decir, el empobrecimiento de uno, el correlativo enriquecimiento de otro y la falta de causa lícita que justifique el desplazamiento patrimonial, dejar constancia de:

41. a) El evidente empobrecimiento de los ciudadanos españoles a través del llamado rescate bancario, traducido en recortes de servicios y derechos esenciales, depreciación de rentas y nivel de vida y aumento de contribuciones e impuestos, al menos en la cifra de los 41.000 millones de euros directamente dispuestos del montante del préstamo qué articulo dicho rescate.
42. b) La ilícita actuación del gobierno de entonces y, por consecuencia, del Estado, en el torpe rescate operado, reconociéndose la deuda indebida de 41.000 millones de euros al menos, en la que ha incurrido respecto de todos los ciudadanos españoles.
43. c) El imperativo de nivelar el enriquecimiento injusto obtenido, al menos en cifra similar, por la banca privada, a costa de los ciudadanos contribuyentes españoles; mediante la imposición estatal de los adecuados gravámenes impositivos a tales entidades, hasta obtener el reintegro total de la cifra expresada y sus intereses.

Solo si las instituciones, especialmente el parlamento, reaccionan noble y vigorosamente en esta línea, podremos reequilibrar la posición del país y volviendo a la “casilla de salida”, como si el ilícito rescate bancario no hubiera ocurrido, acometer ahora el “rescate ciudadano” que nuestro país necesita, sin abocar a la ruina a una generación de españoles.

Sobre el autor: Aquilino Yáñez de Andrés es Abogado