Referentes: mérito y capacidad

Transcurridos 212 años desde la creación del Tribunal Supremo y casi 46 desde la promulgación de la vigente Constitución, la imagen de quien encarna la cúpula judicial española es ya fiel reflejo, por fin, del incuestionable cambio sociológico que silenciosa, pero imparablemente, ha venido teniendo lugar en la composición de la carrera judicial durante las últimas décadas. Esto da para muchas celebraciones.

La primera razón para celebrar es que, tras más de 10 años de permanencia del mismo Consejo General del Poder Judicial (cuando debe renovarse cada cinco años), este 2024 ha sido, por fin, renovado. De esta forma, se pone fin a una saga que ni el mismísimo George Martin podría haber imaginado (eso sí, ríos de tinta sí que ha generado).

El juego de tronos político sobre el órgano de gobierno de los jueces se ha saldado con un acuerdo. Se podría poner la guinda al pastel si se cumpliera lo que, desde Europa, se exige a España desde hace años y años: que el nombramiento de 12 de los 20 vocales sea directamente realizado por la carrera judicial, alejando así cualquier sospecha de parcialidad política sobre el CGPJ. Para eso, todavía nos queda…

El segundo motivo del alivio judicial radica en que se ha producido la designación de la presidencia del CGPJ y TS (según la Constitución, van juntos, pero ya hemos sido testigos de la posibilidad surrealista de su separación). Con ello, se termina con el bloqueo del CGPJ y con las perniciosas consecuencias que ello ha tenido para miles de asuntos de la ciudadanía española que languidecían ante el Tribunal Supremo por la falta de magistrados en dichas salas. Sin renovación del CGPJ no era legalmente posible la cobertura de esas vacantes.

Es la tercera razón de satisfacción la que llamativamente está resonando con más fuerza: la presidencia ha recaído en una mujer. Eso, a pesar de que nuestra norma fundamental (y demás tratados que han sido ratificados por España), reconoce la igualdad entre varones y mujeres. Es más, se oye decir que flaco favor hace a las mujeres ser elegida por su sexo. Cabría plantearse si semejante cuestionamiento estaba presente cuando la elección recaía exclusivamente en hombres.

Foto emblemática del año judicial: el rey Felipe VI con la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo e Isabel Perelló. (Imagen: Poder Judicial)

Llama la atención tamaña afirmación. María Isabel Perelló Doménech, con independencia de su condición femenina, no es una persona común. De hecho, sus méritos y capacidad se han tomado en consideración no solo para este puesto, sino para los anteriores que ha desempeñado y que precisamente avalan y enriquecen su carrera profesional.

Es de destacar que quien va a ostentar la presidencia del órgano de gobierno de los jueces haya desempeñado su labor en lo que la carrera judicial denomina las trincheras: los juzgados de mixto o pueblo y en la primera instancia, hasta el punto de formar parte del TS desde el año 2009 en su condición de magistrada especialista en el orden contencioso administrativo. Esto, en principio, parece fundamentar su elección para el puesto.

En este momento, tras el iter recorrido por el CGPJ en los últimos años, el mero hecho de que su nombre haya encontrado el consenso de un órgano de gobierno repartido entre dos fuerzas contrarias y, por ende, prácticamente bloqueado, es algo digno de mencionar. Consenso que habrá de seguir buscando en la ardua tarea que le corresponde a la primera presidenta del TS y del CGPJ en la historia.

Es momento de celebrar que en España la mujer ha alcanzado la normalidad en el ámbito judicial, una mujer ostenta la jefatura entre las 3101 juezas que actualmente desempeñan su labor del total de 5416 jueces de toda España (sí, de toda España). Cifras que ilustran que más del 50% de la carrera judicial desde hace muchos años habla en femenino. Se erige en referente para las nuevas generaciones de juristas, con la importancia que ello conlleva para pavimentar el camino a las mujeres, para de verdad, con toda la sociedad, hablar de méritos y capacidad.

Con esto, no significa que la nueva presidenta tenga que representar a todas las mujeres, como se achaca por quien subraya su condición de mujer. La tarea es mucho más complicada: tiene que representar a la ciudadanía española y a la carrera judicial en un momento muy complicado por la falta de medios, sobre todo, tecnológicos, y el aumento de los ataques contra la independencia judicial.

Y su desempeño no dependerá de su sexo, dependerá de todo lo que le haya enseñado esa labor profesional, de su experiencia. De sus méritos y capacidad.

Nada más y nada menos.