Restricción de la compra de viviendas en Baleares

No hay que echarse a temblar ni refugiarse en las trincheras. Recientemente se han publicado ciertas noticias alarmistas, según las cuales, el Gobierno de las Islas Baleares iba a prohibir la compra de viviendas a los no residentes.

Es cierto que puede resultar preocupante el incremento del precio de los alquileres o de la compra de viviendas, pero para solucionar el problema no se pueden arbitrar medidas contrarias al libre mercado y, además, comprobadamente ineficientes. Y, al tiempo, podríamos, con toda humildad, sugerir a las autoridades de las Islas, que analicen si el incremento de precios no tiene más que ver con la paralización o, al menos, la ralentización de permisos de rehabilitación y construcción en Baleares y con la pasividad total de sus Ayuntamientos en la construcción e impulso de vivienda pública. Todo ello, antes que la compra de viviendas por no residentes. Y, en este caso, la solución está en sus manos.

Sin embargo, entre las medidas no puede estar, por ejemplo, limitar el precio de los alquileres o restringir el precio del acceso a la vivienda a los no residentes. Solo quien no respete la economía de mercado puede proponer medidas de tal calibre, como por ejemplo no la respetaban los Gobiernos de Franco cuando se aprobó la Ley de Arrendamientos Urbanos, que establecía la prórroga forzosa de los alquileres o limitaba el incremento de las rentas a las variaciones del IPC. Y, además, con efectos negativos.

Por ejemplo, la regulación de los alquileres provocó la considerable disminución del mercado de viviendas en alquiler en España, y, en consecuencia, que en nuestro país el índice de viviendas en propiedad sea el más alto de la UE, y ello provoca, al tiempo, restricciones a la movilidad laboral. Pero volvamos al tema y echemos atrás la moviola para hablar de lo sucedido en Baleares.

(Foto: E&J)

El deseo de propiciar una ley

En el mes de diciembre del pasado año, el partido político Podemos presentó una Proposición no de Ley (PNL) en el Parlamento Balear en el que, entre otras medidas se instaba al Gobierno autonómico a promover una ley, en la que se prohibiera a los no residentes la adquisición de viviendas, y, al tiempo, se le pedía que se dirigiera al Gobierno de la Nación instándole a derogar el denominado “visado de oro”. Vayan por delante ciertas aclaraciones. Las PNL son una declaración política sin efecto vinculante.

Por otra parte, el PSOE anunció que iba a votar en contra. Pero (¡vae victis!) en las Baleares hay un Gobierno de coalición encabezado por el PSOE, pero que integra a Podemos. Y tal vez por eso, o por arrastrarse por el populismo y, en tiempos electorales, no dejar en manos de un aliado, y a la vez contrincante, la aparente preocupación por el encarecimiento de los precios de la vivienda, se formuló una transacción, que finalmente se aprobó, que venía a decir que se instaba al Gobierno Balear, en coordinación con el Gobierno de España y la Comisión Europea a propiciar una ley que permita restringir la venta de viviendas a no residentes. Todo un brindis al sol.

Aunque, retrotrayéndonos de nuevo, la propuesta de Podemos, nada más ni nada menos, era contraria a las normas europeas (vulneraba el derecho al libre establecimiento y a la libre circulación y residencia y tantos otros…) si se restringía la compra a ciudadanos de la Unión Europea (UE), a los Tratados de reciprocidad (respecto a ciudadanos de terceros países) y a la propia Constitución Española, por restringir la compra a españoles no residentes en las islas.

Además, esta propuesta es totalmente inútil y generadora de un mercado negro, como ocurría con la norma (nuevamente de tiempos de Franco) que impedía a los extranjeros tener la mayoría en sociedades españolas, o comprar inmuebles en ciertas costas, entre las que creo, estaban incluidas las de las Islas Baleares. Y no es casualidad la coincidencia, nuevamente, de las propuestas de la extrema izquierda con las de Franco, fundamentalmente en los tiempos de la autarquía, ya que ni unos ni otros aceptan, más que a regañadientes, la economía de mercado.

Sede de la Comisión Europea en Bruselas. (Foto: EFEVerde)

Conclusión

Pero ninguna preocupación con el texto aprobado que, insisto, carece da fuerza vinculante. Aunque el Gobierno de la Nación tuviera la tentación de amparar ese despropósito, cosa que Nadia Calviño nunca permitirá, el recorrido terminaría al llegar a la Comisión Europea, en la que, por lo menos, se echarán las manos a la cabeza por tamaña barbaridad que supone restringir la compra de vivienda a ciudadanos de la UE. Aunque lo más seguro es que se partan de risa.

En definitiva, como decía el torero: “Lo que no puede ser, no puede ser, y, además, es imposible”.