Retos y desafíos del sector jurídico para 2022

Tras la incertidumbre vivida durante el año 2020 debido a la crisis sanitaria mundial que ha provocado la Covid-19, 2021 se presentaba como el año de la normalización en el que el tejido empresarial se ha tenido que reinventar para aclimatarse a una nueva coyuntura económica y social. Sin embargo, finalizado el año, las previsiones para 2022 siguen generando incertidumbre, en gran medida por la pervivencia de la pandemia, con la aparición de nuevas variantes del virus, y los efectos derivados de la misma, singularmente la ralentización de la economía que no consigue recuperar los niveles precovid, al menos al ritmo inicialmente previsto.

En esta línea, el sector legal se ha enfrentado en los últimos meses a escenarios imprevistos que, no obstante, ofrecen nuevas oportunidades de negocio. El proceso normativo que ha exigido la crisis sanitaria para regular situaciones inéditas hasta entonces, en todos los ámbitos de nuestras vidas, ofrece sin duda un nuevo nicho de actividad profesional en el que el abogado ha cobrado un importante protagonismo. Pero el impacto de la crisis dentro de los despachos ha provocado también la necesidad de acelerar cambios, particularmente en materia de tecnología y sostenibilidad, ambas relacionadas estrechamente con la digitalización, un proceso en pleno avance. El contexto social actual y un mundo cada vez más globalizado han acrecentado nuevas vías digitales con el objetivo de reforzar el sector jurídico trayendo consigo un panorama totalmente nuevo.

«El impacto de la crisis dentro de los despachos ha provocado también la necesidad de acelerar cambios» (Foto: E&J)

Como decíamos, la crisis del coronavirus ha impuesto un mayor ritmo a la transformación digital y fue un auténtico catalizador de la implantación del teletrabajo en la generalidad de las empresas y particularmente en el sector legal, habiéndose constatado la eficiencia del trabajo en remoto en determinadas circunstancias. Para ello, los despachos se han adaptado al contexto digital para ofrecer unas condiciones de teletrabajo con resultados de productividad semejantes a los presenciales.

Desde otra perspectiva, la flexibilidad que otorga trabajar desde cualquier lugar complementa el gran desafío de la conciliación con otros aspectos de la vida, debiendo tener en cuenta, eso sí, que el teletrabajo puede contribuir a la conciliación familiar, pero no es este su objetivo preferente, en la medida en que tanto la conciliación como la igualdad deben disponer de mecanismos propios e idóneos para su consecución en nuestro ámbito profesional. Si bien aún quedan algunos retos que pulir para que en los despachos se imponga una cultura del trabajo a distancia, 2022 se presenta como el año clave para revisar los esquemas tradicionales dirigiéndolos a otros modelos híbridos y más flexibles, teniendo en cuenta la complementariedad del teletrabajo respecto del presencial, necesario siempre este para fomentar las relaciones personales en el ámbito de la empresa y fortalecer el trabajo en equipo.

Los despachos se han adaptado al contexto digital para ofrecer unas condiciones de teletrabajo con resultados de productividad semejantes a los presenciales

El proceso de digitalización alcanza también a la atención al cliente. Los juristas tenemos por delante el gran reto de valorar las ventajas y desventajas de las nuevas vías digitales para dirigirnos a nuestros grupos de interés, unos colectivos más exigentes cada día, en términos de respuesta inmediata, en tiempo real y de alta calidad, algo que podemos solucionar a través de las herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías y particularmente los nuevos medios de la sociedad de la comunicación. Todo ello trae consigo un reto aparejado: que la atención cara a cara no pierda valor. Combinar presencialidad y digitalización es el desafío supremo en esta nueva etapa que se nos presenta.

Es por eso que, para hacer frente a todo este nuevo ecosistema digital, que ya es presente, los despachos deben apostar progresivamente por la inversión directa en transformación digital potenciando una de sus herramientas habilitadoras más significativas como es la Inteligencia Artificial, una fuente precisa que ayudará al manejo automático de los datos, estableciendo controles sobre aquellos especialmente susceptibles de protección, como son todos los que se encuentran en el ámbito del secreto profesional, que deben ser objeto de un férreo blindaje.

«Los despachos deben apostar progresivamente por la inversión directa en transformación digital» (Foto: E&J)

La digitalización de servicios es también la base sobre la que debe pivotar la modernización de la Administración de Justicia para dirigir nuestro actual sistema judicial hacia otro más accesible amable y eficaz, a través de la inversión en tecnologías que ya son habituales en otras Administraciones y que permitirán procesos más ágiles y eficientes, mejorando el modelo de relación con los ciudadanos, sin olvidar las carencias de quienes están afectados por la brecha digital.

La modernización de servicios a través de las distintas vías que nos ofrece digitalización deberá ser de carácter uniforme para todos los profesionales del Derecho, en un plano de igualdad, respondiendo así a uno de los grandes Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por la ONU en la Agenda 2030. En concreto, el Objetivo número 9 en relación a la innovación y los procesos tecnológicos, donde juega un papel fundamental la sostenibilidad y el desarrollo de acción contra el clima, también recogidos en el Objetivo número 8. Hace ya unos años que la sostenibilidad resulta clave en la organización de los despachos, pero es fundamental que en el sector jurídico se entienda como el sistema necesario del futuro, como una forma de equilibrio entre el crecimiento económico y el cuidado del medioambiente. No es tarea fácil dentro de un marco tan asimétrico, pero cada despacho deberá aportar las herramientas necesarias para el cambio, adaptarlas a sus necesidades y apostar por todas aquellas políticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo que transformen los modelos de negocio actuales. Aunque la aplicación de los criterios ASG está imponiéndose progresivamente, el próximo año será el definitivo para implementar las estrategias relacionadas con la Sostenibilidad para, entre otras cosas, mejorar la competitividad y la eficacia de las entidades legales y abrir así nuevos nichos de mercado. La industria jurídica, y el tejido empresarial español en general, deben asumir e impulsar la conciencia social con respecto al cambio climático, y es responsabilidad nuestra también el desempeño de la profesión respondiendo a legislación reguladora en materia de sostenibilidad donde el sector legal actúa como eje de enganche entre estas mismas nuevas leyes y todo el tejido empresarial restante.

Como decíamos en el inicio de este artículo, las previsiones económicas para 2022 no resultan demasiado halagüeñas si nos atenemos a las previsiones de crecimiento, y pese a que nuestro país sea uno de los que más crecerá de la Unión Europea, pero las nuevas restricciones sociales y de movimientos como consecuencia del aumento de los casos positivos por COVID-19 y la aparición de nuevas variantes pesarán, sin duda, en la evolución de la economía. Además, esas previsiones estarán, sin duda, lastradas por la inflación, que reducirá al poder adquisitivo de los ciudadanos para el año 2022 lo quese traducirá en un importante descenso en los niveles de consumo. No obstante, confiemos en que el incremento de la inflación sea meramente coyuntural y que a lo largo de 2022 retorne a los niveles de los últimos años.

Sin perjuicio de lo expuesto hasta ahora, no debemos olvidar que uno de los instrumentos clave para la competitividad es la calidad y la excelencia en los servicios prestados a nuestros clientes, y estos deben estar soportados en una buena formación y en la especialización y es a estos aspectos a los que deben dirigir la atención los nuevos abogados. Desde Fundación Mutualidad de la Abogacía desarrollamos distintos proyectos para la formación y la búsqueda de los mejores profesionales. Como es el Lab Emprendimiento Jurídico, el programa que hemos desarrollado para fomentar el talento emprendedor y la cultura de la innovación, y que recientemente ha celebrado su segunda edición. Todo un reto para 2022 en el que la prioridad será mantener y, a la vez, atraer a esos talentos.

Como conclusión, en estas circunstancias es de obligada reflexión, como ya hemos comentado, la importancia de que el sector legal se embarque hacia la nueva era digital. Las nuevas tecnologías evolucionan al ritmo que avanza el mundo global, o quizá sea lo contrario, pero la certeza es que necesitamos de una adaptación plena a ellas para que nadie se quede atrás. Los beneficios de la globalización y de los medios digitales pueden llegar a ser enormes si sabemos conciliar el ejercicio de la profesión para con el bien común junto con el desarrollo de una economía sostenible. Sin un fin claro de la crisis del coronavirus, el mayor reto para el sector jurídico en particular, y el tejido empresarial en general, es la resiliencia, una gran capacidad de  adaptación y afrontar los grandes desafíos potenciando la cultura de la digitalización,  la sostenibilidad y la flexibilidad laboral. Y, para ello, se hace fundamental remar juntos y poner en valor los principios que inspiran la economía social, en general, y el mutualismo en particular.