Sobre maldiciones y un baremo justo

La maldición del denominado territorio común sigue campando a sus anchas. La abogacía dependiente del Ministerio de Justicia observa con estupor cómo se pretende subir un 5% lineal de un baremo absolutamente obsoleto y alejado de la realidad del incremento de los precios durante los últimos cinco años.

El nuestro es un sistema de Justicia que castiga a la abogacía de oficio, que condena a uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho a no cobrar trabajos realizados con todo el esfuerzo y dedicación en múltiples supuestos, tales como cuando el defendido no es merecedor del beneficio de justicia gratuita, o cuando se nos designa para la defensa penal de las personas jurídicas (sociedades), y hasta cuando se interviene en ejecuciones, incluidas las hipotecarias, así como en diferentes recursos e incidentes.

Un baremo para el que siguen existiendo los Juicios de Faltas, que desaparecieron de nuestro sistema procesal en el año 2015. Hace solamente casi nueve años. Es todo tan lamentable que si un abogado tuviera un Juicio de Faltas, algo por otro lado imposible en el año 2023, se le abonaría la actuación, pero si tiene una oposición a una ejecución hipotecaria, no. Si no es algo sonrojante, ya me dirán qué podemos entender por vergüenza.

¿Se imaginan a un médico de la Seguridad Social cuyos honorarios fluctuaran en función de si el paciente tiene derecho o no a la prestación recibida? Es más, ¿se imaginan que ese médico cuando tiene que operar a corazón abierto, cuando la vida de su paciente está en sus manos, tenga que investigar si le corresponde o no ese derecho a ser operado a riesgo de no cobrar su trabajo? Pues eso es lo que padecemos día tras día los abogados de oficio. Una falta de respeto casi sistemática e institucionalizada a nuestro trabajo.

Pero no acaba aquí la lista de agravios. Los malditos abogados del territorio común tienen mucho más por lo que clamar. Reivindicamos, como no puede ser de otra manera, la equiparación de retribuciones con otras comunidades autónomas del territorio nacional, en las que el mismo trabajo significa un importe mucho más elevado.

Es imprescindible, por tanto, acabar con esta maldición. Es absolutamente de Justicia. Y la única manera será a través de un nuevo baremo que acabe de una vez con dichas diferencias retributivas.

Por todo ello, desde esta parcela del territorio Ministerio hemos de exigir, una vez más, que se apruebe un nuevo baremo donde se reconozca todos los trabajos realizados por la abogacía de oficio. Un baremo justo que convierta el estupor del anunciado 5 % en reconocimiento, en respeto por y para nuestro trabajo, en dignidad para el Turno de Oficio.