Solo «sí a un test y solo sí»: la ruptura de los procesos selectivos en la función pública

Dejadme que empiece esta pequeña intervención con una comparación que, salvando las distancias, me sirva de ejemplo para transmitir lo que pretende hacerse con esto que se ha venido llamando en los últimos dos años “la modernización en los procesos de selección de la Administración pública”.

Estos días hemos conocido cómo las modificaciones operadas con la Ley orgánica 10/2022 (conocida por todos como la Ley de “Sólo sí es sí”), se han traducido en la práctica en algo absolutamente espantoso y que ya venía advirtiéndose por parte de los expertos, pero de los expertos de verdad, no de esos que hablan en tertulias de vecindario y arreglan el mundo con fórmulas mágicas que no han descubierto quienes, curiosamente, han dedicado al estudio y a la práctica de la materia innumerables horas de su vida.

Parece obvio que las consecuencias de adoptar determinadas medidas sin tener en cuenta las opiniones de los expertos pueden ser demoledoras. En este caso, la modificación se centra en algo tan importante para nuestra Administración como es la primera barrera que hay que pasar para formar parte de ella y que son sus procesos de selección. Para ser fieles a la verdad, más que modificar, deberíamos hablar de “romper” de “demoler” o de “dinamitar” todo un sistema que lleva cosechando más éxitos que fracasos durante muchos años para pasar a otro, radicalmente distinto, que tendrá en cuenta (o más bien no) una serie de conocimientos (pocos) que se pondrán de manifiesto a través de un test y que, además de introducir otros nuevos criterios de valoración en las llamada “evaluación por competencias”, valora la “antigüedad” como mérito incuestionable para aquellos que estaban en la Administración y que ascienden a otros puestos de categoría superior.

«Se han traducido en la práctica en algo absolutamente espantoso y que ya venía advirtiéndose por parte de los expertos» (Foto: EP)

En primer lugar, quede dicho de antemano que no pretendo menospreciar la utilización, en determinadas pruebas, del examen tipo test para evaluar conocimientos. Pero sí creo que, si no es estrictamente necesario, los test más bien priman un conocimiento “enlatado” frente al que se pone de manifiesto a través de la comprensión de una determinada materia de forma escrita u oral.

En este ámbito parece obviarse, como en tantas ocasiones, la opinión de los expertos que claman en voz alta contra este tipo de pruebas. Así, frente a la última propuesta del ministerio de Educación y Formación Profesional para la evaluación de la Selectividad, la RAE responde rotunda que con esta modalidad de examen: se pierde el lugar preponderante que hasta hace poco tenían la reflexión y la argumentación lingüística, la capacidad para compendiar y ordenar discursos, así como la interpretación, la valoración y el análisis.

Esta conclusión resulta perfectamente aplicable a la evaluación que se realiza en las oposiciones de la Administración, porque en el ámbito del estudio de las leyes, más allá de su dimensión positiva que ha venido a denominarse doctrinalmente como Ciencia del Derecho, como tal ciencia que es, nunca dos y dos son cuatro y, aunque hay cuestiones claras, hay otras muchas que no lo son tanto, por lo que evaluar conforme a un test sería, sencillamente, un sistema absolutamente simplista.

En segundo lugar, también resulta sorprendente cómo, en estos nuevos procesos selectivos, se utiliza como criterio evaluador complementario el de las denominadas “competencias” que, a día de hoy nadie se atreve a poner en cuestión a riesgo de que le tilden de inmovilista, fascista o negacionista. El debate en este ámbito está zanjado sin que quepa ningún resquicio de discrepancia, no se nos vaya a pasar por la cabeza que tras esa evaluación de “competencias” se ocultan criterios discrecionales que harían peligrar la garantía de la independencia del funcionario público. Aquí, una vez más, como ocurre en otros ámbitos de nuestra sociedad actual, la corrección política constituye una mordaza para todo aquél que no piensa como el rebaño.

Y, en tercer y último lugar, se introduce el criterio de la antigüedad para evaluar a aquellos que ya están dentro de la Administración y buscan, a través de la promoción interna, ocupar un puesto de categoría superior.

Resulta cuanto menos curioso que, si uno de los objetivos fundamentales de la Administración es renovar su plantilla, algo más envejecida que la de la empresa privada, tengamos en cuenta como criterio de mayor peso los años de ejercicio para poder promocionar, lo que deja fuera, de un plumazo, a todos aquellos aspirantes más jóvenes que no quieren esperar y que, además, estarían en la mejor edad para estudiar y, prepararse y, previsiblemente, para obtener mejores resultados. Conforme a los nuevos criterios, estos jóvenes aspirantes no son acreedores del derecho a la promoción, y tendrán que esperar años y años para conseguirlo, con las consecuencias que, desde el punto de vista de las expectativas laborales, ello implica.

Sin duda alguna, los tiempos actuales nos ponen de manifiesto que estamos ante el intento de demolición de las instituciones sobre las que se asienta cualquier Democracia. La Administración, como garante de la prestación de los servicios públicos al ciudadano, está en entredicho y por esa razón los funcionarios debemos estar unidos y comprender que, si se rebaja el nivel y se introducen criterios no objetivos en la forma de selección, todos perdemos porque, en definitiva, todos somos destinatarios de los servicios públicos. Nuestro contraataque no debe centrarse en nosotros como funcionarios, sino en nosotros como ciudadanos y en la defensa de lo PÚBLICO frente al ansia insaciable de unos cuantos políticos por controlarlo absolutamente todo.

No, señores, no lo vamos a permitir, y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para frenar este asalto a lo público y a nuestra sociedad. Por suerte, en democracia, los políticos tienen un tiempo limitado para llevar a cabo sus planes y frente a ellos, la Administración y sus funcionarios siempre permanecen. Es obligación de todos los funcionarios defender lo que ahora toca, si no queremos ser cómplices de la demolición de nuestra consolidada democracia.