Un año después: la reclamación de responsabilidad patrimonial al Estado por el volcán de La Palma

Hace poco más de un año, en el mes de septiembre de 2021, asistíamos atónitos a uno de las mayores catástrofes de la naturaleza en nuestro país, la erupción volcánica en La Palma que arrasó a su paso casas, cultivos e infraestructuras de diversas localidades, obligando a evacuar a miles de personas.

Quien suscribe, publicó entonces una tribuna en este mismo medio, sobre la posible responsabilidad patrimonial por los enormes daños materiales que se estaban produciendo por no haber prevenido y/o previsto las graves consecuencias que se produjeron.

Ya en ese momento, y sin apenas información al respecto (hacía menos de una semana del inicio de la erupción), puse de manifiesto la dificultad de salvar el obstáculo de la fuerza mayor del fenómeno natural, que excluiría la responsabilidad de la Administración.

No obstante, apuntaba que la erupción del volcán de La Palma, no podía ser estimada como un supuesto de fuerza mayor por imprevisible, pues se trataba de un suceso que no era infrecuente en la región y que podía haberse augurado de conformidad con la situación de la zona de las últimas semanas, lo que hubiera posibilitado que se adoptaran las medidas de precautorias oportunas para evitar la producción de daños tan graves o, al menos, mitigar los mismos.

Pues bien, eso fue lo dicho hace poco más de un año, y el tiempo nos ha acabado dando la razón.

En los últimos meses, se han publicado distintas noticias en los medios de comunicación, de personas afectadas por el volcán, que han unido fuerzas para reclamar al Estado la responsabilidad patrimonial por el desastre acaecido.

El Instituto Geográfico Nacional en Canarias, había advertido de una circunstancia devastadora semanas antes

Concretamente, una asociación (“Iniciativa de Apoyo Ciudadano”), interpuso el pasado mes de septiembre (previamente a que se cumpliera el año desde el acontecimiento), una reclamación por responsabilidad patrimonial frente a la totalidad de Administraciones implicadas, por la falta de información a la ciudadanía, previa a la erupción ocurrida el 19 de septiembre de 2021; información que, si se hubiese dado correctamente, habría minimizado los efectos de la catástrofe.

Recordemos que, en las semanas sucesivas a la erupción, se puso de manifiesto que el Instituto Geográfico Nacional en Canarias, había advertido de una circunstancia devastadora semanas antes.

Asimismo, ya desde 2017 se tenía información de enjambres sísmicos en la zona, según información del propio Instituto Geográfico Nacional (los técnicos comenzaron a observar múltiples parámetros, como la ratio H3 / H4, enjambres sísmicos poco usuales, aumento de CO2 en las aguas, entre otros indicadores), claros precursores de una erupción volcánica.

Ese mismo año 2017, la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico (PEVOLCA), convocó al Comité Científico de Evaluación y Seguimiento de Fenómenos Volcánicos.

En 2019, el coordinador de INVOLCAN, afirmó que, “estaban observando unos valores en la vigilancia que no son normales y, si esto continúa en el tiempo, hay que estar preparados porque en un año o año y medio podría haber un episodio volcánico en la isla”.

Asimismo, cuando registraron el enjambre sísmico el 11 de septiembre, días antes de la erupción, los científicos comprobaron que existían claras diferencias respecto a lo que se venían produciendo desde 2017 bajo la dorsal de Cumbre Vieja.

El riesgo, como ya hemos descrito, se vino observando durante los cuatro años previos al momento de la erupción. Desde entonces, tal y como explica el IGN, la única región española, expuesta a riesgo volcánico, era el archipiélago canario, y, dentro de este, La Palma como la isla más activa.

Un coche, cubierto por la ceniza expulsada por el volcán de La Palma. (Foto: EFE)

El propio IGN apunta que el rápido incremento de la población (tanto residente como de visitantes) y la cada vez mayor ocupación del territorio por edificaciones o instalaciones humanas, han supuesto un inevitable aumento del peligro.

Los afectados claman por la necesidad de que, en aquellos puntos de mayor vulnerabilidad ante el riesgo volcánico, se hubiera hecho uso de mapas de peligrosidad, de forma que, quienes decidieran vivir en ese lugar, fueran conscientes de la amenaza de ese entorno.

Y es que, muchos vecinos se instalaron en la zona después de 2017, cuando ya se había detectado el enjambre sísmico, y ninguna autoridad les advirtió del riesgo volcánico cuando se les otorgó la licencia de obras de sus viviendas o la licencia de actividad para sus actividades profesionales o empresariales. Ni se les recomendó que se hicieran un seguro o reaseguro que cubriera el valor de sus propiedades.

La reclamación por responsabilidad patrimonial se sustentaría, por tanto, en que las Administraciones tenían a su disposición información suficiente que advertía del riesgo, y pese a ello, no tomaron las medidas oportunas, desde el punto de vista del urbanismo, para mitigar al menos sus efectos. Tampoco iniciaron los que correspondientes expedientes de restablecimiento de la legalidad, en aquellas edificaciones que incumplían normativa.

Las Administraciones implicadas son varias: Cabildo, Ayuntamientos, Gobierno estatal y Gobierno autonómico, recomendándose discernir el distinto grado de implicación entre las mismas, y no siendo posible, se trataría de una reclamación de responsabilidad concurrente (art. 33 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula la responsabilidad solidaria de varios Organismos públicos cuando no sea posible la determinación de la responsabilidad individual de cada uno de ellas).

El plazo para reclamar que es de 1 año, que finalizó el pasado mes de septiembre

Es precio recordar, por último, que, dado que la erupción comenzó el 19 de septiembre de 2021, el plazo para reclamar que es de 1 año, que finalizó el pasado mes de septiembre. No obstante, y dado que la erupción se prolongó durante semanas, dicho plazo anual podemos computarlo desde la fecha de la causación de los daños a las concretas propiedades que se reclamen.

El procedimiento se iniciará primero en vía administrativa con la oportuna reclamación y transcurridos seis meses sin resolución expresa, podrá acudirse al orden jurisdiccional contencioso administrativo.

Veremos, pues, en los próximos meses el devenir judicial de estas reclamaciones, y constataremos si la Justicia da o no la razón a los que hace un año lo perdieron todo pese a que, en mi opinión, pudo haberse evitado.