Un pacto necesario: a propósito de la renovación del CGPJ
"El CGPJ tiene un reto: purgar pecados ajenos"
Sede del CGPJ. (Imagen: CGPJ)
Un pacto necesario: a propósito de la renovación del CGPJ
"El CGPJ tiene un reto: purgar pecados ajenos"
Sede del CGPJ. (Imagen: CGPJ)
El valor de las instituciones muchas veces no se halla tanto en el contenido funcional de las mismas, sino en lo que podríamos llamar su papel simbólico o icónico dentro del esquema más amplio de funcionamiento del poder que es el sistema al que pertenecen y en el que se desenvuelven. En cierto modo, esto es lo que ocurre con el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de jueces y magistrados y el encargado en último término de preservar y hacer guardar la independencia de los mismos (artículos 122 de la Constitución Española, y 558 y siguientes de Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial)
Lo ocurrido en los últimos años con la renovación del CGPJ, o mejor dicho, con la ausencia de la misma, sólo puede y debe calificarse como una enorme y fatal anomalía en el sistema democrático español, un ejercicio mayúsculo de irresponsabilidad por parte de las dos principales fuerzas políticas (Partido Popular y Partido Socialista) y, también, un acto de imprudencia desde la óptica más extensa que impone el respeto al sistema constitucional, al papel esencial en éste del Poder Judicial, y a la representación que del modelo de legalidad se hacen el conjunto de los ciudadanos.
Con mucha seguridad —y esto debemos lamentarlo— la mayor parte de la ciudadanía ignora qué es realmente el CGPJ, para qué sirve, por qué fue creado con la Constitución de 1978 o cuáles son las razones que han conducido a que los partidos lo estimen como un órgano crítico para sus intereses. Esto es un problema. En España no existe la «pedagogía constitucional», hemos infravalorado el conocimiento de nuestras instituciones y su juego en la democracia, y esto ha conducido inexorablemente a un escenario de ignorancia y desconcierto en el que la opción para la irresponsabilidad está servida. Y así ocurrió. El CGPJ se convirtió, por acción y omisión de unos y otros, en un objeto de deseo político preferente a su posición de órgano constitucional al servicio de la independencia de jueces y magistrados. El triunfo del tacticismo partidista por encima de la debida y exigible responsabilidad constitucional.
Afortunadamente para todos, y sobre todos para quienes trabajamos y desempeñamos nuestras funciones profesionales en el marco de la Administración de Justicia, el pacto alcanzado para la renovación de la composición del CGPJ pondrá punto y final a uno de los episodios más lamentables de nuestra historia democrática y, con él, debe iniciarse un nuevo periodo en la política judicial definido por los objetivos de la defensa del Estado de Derecho, el impulso de un servicio público de justicia eficaz y eficiente y, también, por la recuperación de la vertebradora legitimidad que en todo sistema democrático desempeña el Poder Judicial y su órgano de gobierno.
La crisis de legitimidad vivida por el CGPJ en los últimos años no es imputable a su funcionamiento pese a la caducidad del mandato —como algunos se han esforzado en hacer parecer—. Las instituciones funcionan pese a la ausencia de renovación pues si automáticamente dejaren de hacerlo se provocaría un vacío de poder peligroso y, desde luego, evitable. El origen de la cuestión no es la falta de renovación, sino más bien la transformación de su imagen en un símbolo de codicia para el poder partidista instituido, en un botín, en un premio de conquista, en un trofeo de caza. Y es que cuando el CGPJ —o el Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, etc.— deja de ser una institución y pasa a ser una pieza de persecución política la deslegitimidad es ineludible, incluso cuando la raíz de ese problema vicioso no arranca en los integrantes de la institución sino en quienes desean detentarla.
Muy razonablemente se podrán imputar críticas de variada índole al pacto alcanzado en estos días para la renovación del CGPJ, se podrá poner en cuestión el currículum o idoneidad de algún candidato, la distribución pactada, etc. Sin embargo, con todo, la noticia es muy positiva porque —insistimos— la auténtica y más importante clave de análisis para este tema no es el qué en sentido concreto, sino el cómo en sentido general. ¿Cómo se representarán los ciudadanos ahora al CGPJ? ¿Qué símbolo será digno de simplificación como idea? Esas son las preguntas fundamentales que tenemos que resolver porque la sociedad, como cualquier persona, se mueve y guía por ideas que aglutinan inconscientemente un conjunto de valores. Y ahora el nuevo CGPJ tiene por delante un reto notable: devolver a la ciudadanía la confianza que el CGPJ y la Justicia española nunca debieron perder con ocasión de la irresponsabilidad política y la ambición estratégica de los partidos políticos.
La legitimidad más importante, escribía Weber, no es la que viene dada de origen, sino la que se atesora a través de los actos propios, la coherencia creada y manifestada con los hechos, la ineclipsable cohesión entre la acción y su fundamento matriz. La «legitimidad de ejercicio» es precisamente la que debe ganarse el CGPJ y, por qué no recordarlo, todas y cada una de las instituciones que dan estructura al sistema político español. Todas ellas, sin excepción.
La democracia no es un bien inatacable, la democracia es un bien expuesto a los riesgos propios de los sistemas con los defectos congénitos que genera la disparidad de criterios. ¿Cómo podría ser de otra manera? ¿Qué otro significado tiene la pluralidad? El CGPJ pactado para los próximos cinco años es un CGPJ plural, que podría serlo más (seguramente) pero que, sin duda, ofrece representación de una amplia mayoría parlamentaria. Pero lo crucial no es eso, los inicios sólo duran un segundo, lo que ciertamente perduran son los actos, los hechos, la responsabilidad ejecutada con y para los ciudadanos. Ante sí el CGPJ tiene el reto más difícil que nadie pueda imaginar: purgar pecados ajenos para recuperar una legitimidad propia que sólo podrá ganar con el ejercicio de su poder.
El pacto era necesario, trabajar con rigor, responsabilidad e independencia, ahora mucho más.