Una justicia rota que lastra nuestra democracia

Mucho se ha hablado en estas últimas semanas de la tormenta perfecta que ha estallado en la Administración de Justicia, y que ha llevado a los distintos colectivos que formamos parte de ella a movilizaciones, huelgas o amenazas de huelga (el caso de jueces y fiscales).

Se dice que la justicia va a paso lento, con el consecuente perjuicio que ello supone para la ciudadanía. Se dice que la justicia es impersonal y distante con los usuarios que se pasan por juzgados y otras instancias judiciales. También se dice que los jueces mandan mucho y que, según muchos profesionales, los letrados de la Administración de Justicia los rehúyen y nunca están cuando se pregunta por ellos. Y cómo no, también se señala con frecuencia que como buenos funcionarios que somos estamos curtidos en el arte de no trabajar.

En atención a los dimes y diretes expuestos, a estos tópicos consolidados, ¿se puede explicar qué empuja a cada uno de estos colectivos de “privilegiados” a convocar una huelga en toda la Administración de Justicia? Claro que puede explicarse perfectamente, pero en algunos casos más que en otros, porque en la administración de justicia, como en la vida, no todos somos iguales, y aquí menos aún, si cabe.

Yo voy a presentarlo desde la perspectiva de los 45.000 trabajadores y trabajadoras que formamos parte de los cuerpos generales y especiales, es decir, los curritos de a pie sobre los que recae la mayor parte de la carga de trabajo de esta administración de medios obsoletos y saturada de expedientes/procedimientos. Sencillamente, contando lo que parece ser que sólo sabemos nosotros, porque lo vivimos, experimentamos y padecemos en el día a día.  Como decía una canción de Sabina, “Nos sobran los motivos”.

Si alguien recibe de primera mano el descontento ciudadano y las quejas de abogados y procuradores por el mal funcionamiento de la justicia, somos nosotros. Los que trabajamos con medios obsoletos, aplicaciones informáticas lentas y disfuncionales, somos nosotros.  Las prisas de última hora, las urgencias y los problemas que nos trasladan otros operadores que se relacionan con la administración de justicia (profesionales, fuerzas policiales, etc.) los tenemos que resolver nosotros.

La pérdida de poder adquisitivo desde la crisis de 2008, plasmada en recortes generales y de pagas extra, congelaciones salariales, etc. las hemos sufrido nosotros en nuestras propias carnes. Y ello teniendo en cuenta que somos una de las administraciones públicas donde los sueldos son más bajos, y a pesar del carácter fundamental del servicio que prestamos.

La falta de voluntad de negociación del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Hacienda, a través de Función Pública, incluso la vulneración reiterada al derecho a la negociación colectiva de nuestras condiciones laborales, las sufrimos nosotros.  Es ya una constante introducir grandes reformas legislativas como la LOEO, normalmente a coste «0», e imponérnoslas sin más, no sólo porque no se nos da ni voz ni voto, sino porque ni siquiera se dignan a negociar las condiciones de trabajo que nos afectan con los sindicatos, como es preceptivo por ley.

Ministerio de Justicia.(Foto: MdJ)

En la administración de justicia utilizamos el término servir para referirnos al apoyo y asistencia que los cuerpos generales y especiales damos a jueces, magistrados y fiscales según lo que disponen las leyes que regulan nuestras funciones. Pero lo que debería tomarse solo en un sentido funcional, en esta administración ha devenido durante muchos años en “servilismo”, mediante el cual jueces y magistrados, fiscales y LAJ, no sólo se han situado en un plano jerárquico-moral que los coloca por encima de los demás, sino que han utilizado esto para disponer de nosotros y de nuestro trabajo a su antojo, delegando funciones cuya responsabilidad reside en ellos (en la redacción de resoluciones, en práctica de declaraciones que requieren de la presencia judicial o de la fe pública, etc.) o bien obviando que tenemos derechos laborales escudándose en que gran parte de nuestras tareas son servicios esenciales para la comunidad (causas con preso, menores, derechos fundamentales, etc.).

Esta es una administración impregnada de clasismo y donde los más realizamos las funciones y los menos las cobran.  Aquí, además, se da de forma especialmente acusada algo que es generalizado en toda Administración Pública: la absoluta falta de mecanismos de democracia interna. Con esta huelga estamos pidiendo la clarificación de funciones, y que nos retribuyan aquellas que realmente realizamos.  Pedimos el desarrollo de la carrera profesional que tenemos reconocida desde el año 2018 en la LOPJ, pero sobre todo, pedimos que se respete nuestra dignidad profesional y que nuestra relación con el Ministerio y con nuestros superiores jerárquicos (Jueces, LAJ y Fiscales), no sea de mera sumisión.

El trato que nos han dispensado los LAJ durante su huelga, con presiones y amenazas para obligarnos a no trabajar, así como las declaraciones expresas en las que han minusvalorado nuestro papel y nuestro trabajo en el día a día de los juzgados; jueces y fiscales, han conducido su amenaza de huelga para llegar a un acuerdo con el Ministerio obviando intencionadamente que los cuerpos generales y especiales llevábamos ya semanas luchando por unas demandas justas y se han “colado” a lo grande ante un Ministerio que enseguida les puso la alfombra roja para negociar; abogados y procuradores, quiénes son junto a la ciudadanía los grandes perjudicados de esa sucesión de conflictos que se alargan desde enero, pero que en su gran mayoría arremeten de forma cobarde contra nosotros y nuestra huelga, como no se habían atrevido a hacer con LAJ, jueces y fiscales, en vez de exigir al gobierno que ejerza su responsabilidad y negocie una solución; y en último lugar, el Ministerio de Justicia, que nos ha negado el pan y la sal, sin propiciar un verdadero proceso de negociación en todo el tiempo que dura esta huelga (setenta y pico días, ya), a pesar de que somos más del 93% del personal y le ha “arreglado lo suyo”, en un alarde de clasismo, al restante 7% de la Administración de Justicia que suponen la élite de los que más cobran.

¿Cómo reaccionaría cualquiera que se viera sometido a esa abrumadora muestra de respeto, consideración, trato equitativo y compañerismo que nos han dispensado quiénes trabajan con nosotros en el día a día de los Juzgados?

LAJs protestan durante una manifestación. (Foto: Comité de Huelga)

Y dejándome muchas cosas en el tintero, volvemos al principio, a la “tormenta perfecta”. Porque esta tormenta no va a desaparecer, sino que va a ir a más.  Y eso va a suceder porque en esta larga sucesión de conflictos se ha dado un golpe mortal a la ya por sí maltrecha situación de la Justicia (acumulaciones, retrasos, etc.), se han roto muchos puentes, se han creado tensiones y adoptado posiciones que a día de hoy son irreconciliables entre los diferentes colectivos que trabajamos en la Administración de Justicia.

Y el máximo responsable es el Gobierno, a través de los Ministerios de Justicia y de Hacienda, quien con su inacción y su falta de voluntad de diálogo ha demostrado indiferencia e indolencia hacia los perjuicios que pudiera padecer la ciudadanía. Y es también muy significativo como los partidos de la oposición, especialmente el PP, se están lavando las manos en este asunto que parece no importar a nadie.

Se requiere una negociación ya, una salida que ponga fin a esta huelga y permita volver a poner en funcionamiento con normalidad de Administración de Justicia.

Y sin embargo no será suficiente, porque esta Justicia “rota” va a requerir de otras soluciones más integrales. Los conflictos han estallado en una administración ya muy maltrecha, sumándose a la profundísima y larga crisis institucional provocada por la inoperancia beligerante de los tres poderes de la división de Montesquieu para lograr la renovación de CGPJ. Justicia, ¿quo vadis? ¡Qué gran lastre para nuestra democracia si nadie está dispuesto a arreglar esta Justicia rota!