Una piedra menos que derribar del muro de nuestras lamentaciones

El acuerdo firmado el pasado 11 de noviembre entre los decanos de los colegios de la Abogacía de Madrid y Alcalá, el Colegio de Procuradores y la presidenta de la Comunidad de Madrid marca un hito para el turno de oficio. No es casualidad, sino fruto de una intensa labor de nuestros decanos, quienes se han dejado la piel en esta causa para dignificar una labor que, aunque esencial, suele recibir menos reconocimiento del que merece.

Si bien este acuerdo es sólo un paso y se queda corto, pone de manifiesto el arduo trabajo de los colegios profesionales firmantes, y una realidad tozuda que han llevado a la administración a un punto en el que, sea del color que sea, ya no puede esquivar más la realidad: la situación del turno de oficio es insostenible y, por decirlo suavemente, vergonzosa.

Quiero pensar que este pacto representa un avance que impulsa la valoración de una profesión que trasciende el simple formalismo ante los medios, aportando un compromiso real con la justicia y con las personas a quienes representa. Es una vocación y un servicio público en el que cada caso se convierte, como bien expresa una colega y amiga, en una auténtica «lección de dignidad».

Para alcanzar un verdadero entendimiento con la administración los baremos deberían revalorizarse automáticamente conforme al IPC –sería el éxtasis de la comprensión– en lugar de depender de acuerdos esporádicos. Mientras sigamos sujetos a gestos puntuales de buena voluntad, cada cierto número de años, parece que la administración solo busca acallar nuestras dickensianas voces en tiempos apocalípticos, mientras espera que amaine el temporal, ahora agravado por el jinete de las pensiones indignas.

Entre las mejoras destacadas en el acuerdo, se establece una subida progresiva del 3 % en los baremos para 2025, 2026 y 2027, alcanzando un 13 % acumulado, así como un suplemento adicional para guardias en fechas festivas. Muy bien, es un avance importante, pero sólo un punto de partida.

La abogacía de oficio sigue afrontando una carga monumental de trabajo: defender casos de menores y mayores, nacionales y extranjeros, víctimas de abuso y trata, consumidores frente a grandes entidades financieras, trabajadores reclamando derechos y personas en situación de vulnerabilidad económica o social. Todo ello sin que, hasta ahora, se reconozca adecuadamente su sacrificio personal y profesional.

La presidenta madrileña destacó el día de la firma de este acuerdo la importancia de la Justicia como pilar del Estado de Derecho. (Imagen: CAM)

Es toda una mezcla de lástima, sorpresa e indignación ver que, aun así, la administración parece obviar el trabajo que supone las ejecuciones de las resoluciones. Es como quedarse a medias. Porque, al fin y al cabo, una resolución que no se ejecuta es como un bocadillo de chorizo tras una vitrina: visible, pero fuera de nuestro alcance. Ejecutar implica abrir nuevos procedimientos, gestionar pensiones impagadas o sin actualizar, visitas incumplidas o realizadas a medias, enfrentar oposiciones, acudir a vistas y, sí, tramitar recursos. Pero, para la administración, aparentemente, todo eso no cuenta como trabajo.

La administración parece mantener una visión idealizada, casi romántica, de la abogacía de oficio, a modo de monjes trapenses y ello se refleja en el trato que le dispensa: con la resolución en mano, considera que la misión está cumplida. A partir de ahí, y dado que el roce hace el cariño, el justiciable y su abogado pueden seguir “unidos eternamente”, como Heidi y Pedro corriendo por el prado.

Sin una designación que respalde realmente su labor profesional, pero eso sí, «juntos y felices», sostenidos por un vínculo sagrado —y, tras la sentencia, cada vez más difuso— llamado encargo constitucional, mientras el cuerpo aguante y aguardan pacientemente el día en que la justicia se cumpla. O, mejor aún, que con el pago inicial del procedimiento se dé por hecho un “adelanto universal”, suficiente para cubrir un servicio quasieterno

Este acuerdo también incluye un logro tanto simbólico como práctico: la gestión de plazas de aparcamiento en las sedes judiciales para los abogados de guardia, una petición histórica de la Asociación ALTODO, entre tantas otras. Un pequeño avance que ayuda a desmontar la percepción de la abogacía de oficio como un simple florero constitucional, relegado a lo accesorio, o peor aún, a lo ornamental, dentro del sistema judicial.

Claro, sin la firma del abogado, el documento no está completo; pero facilitar que el profesional cumpla con su cometido sigue siendo un aspecto que parece costar asimilar. Porque, al contrario de lo que algunos imaginan, no vivimos en la habitación de al lado, dar un par de palmadas no hace caer un abogado de oficio ya sea en una comisaría, en Estremera, en la T4 de Barajas, en los juzgados de Navalcarnero.

La presencia de un abogado defensor o acusador nunca es secundaria ni prescindible: la conocida frase “con una fiscal basta, letrada” ignora la importancia de la defensa y acusación equilibradas para una justicia equitativa.

De izda. a derecha: Ángel Llamas, decano del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares; Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid; y Alberto García, presidente del Colegio Madrileño de Procuradores. (Imagen: CAM)

A pesar de los desafíos, las condiciones difíciles y los ceños fruncidos, la abogacía de oficio persiste como un servicio esencial que va mucho más allá de la defensa individual: es un pilar fundamental para garantizar el derecho de acceso a la justicia.

En un sistema burocrático que muchos perciben como distante, monstruoso y con pies de barro, el abogado de oficio se convierte en el único vínculo de muchos ciudadanos con una justicia que, a menudo, resulta inaccesible y deshumanizada. Nuestra labor también cumple una función educativa, orientando a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad sobre sus derechos y deberes, cohesionando y fortaleciendo así el tejido social y empoderando a la ciudadanía.

Formar parte del turno de oficio no es una cuestión de idealismo o voluntarismo ocasional; somos profesionales con experiencia y formación específica. La justicia gratuita garantiza no solo el derecho de defensa, sino también un sistema judicial más robusto y una práctica jurídica más rica. Por eso, exigimos el respeto y reconocimiento que nos corresponde, en condiciones y remuneración, para reflejar el valor social de nuestra labor.

El acuerdo de esta semana marca, posiblemente, un cambio de mentalidad en la administración, y ojalá sea un primer paso hacia un cambio más profundo, a nivel nacional. Aunque parece un avance significativo, el camino hacia el reconocimiento completo de la abogacía de oficio aún es largo. Esta lucha no es solo normativa, sino también por una transformación en la percepción social de nuestro rol. Porque el turno de oficio no es simplemente un servicio: es un pilar fundamental de la justicia, una fuerza que construye ciudadanía y fortalece el Estado de Derecho en nuestro país.

Otro día vendré a hablar de lo bonito que es ser juez o fiscal, pero hoy tocaba hablar de mi libro, con el debido respeto y en estrictos términos de defensa.