Unas inocentes propuestas de sorteo para renovar el CGPJ

El pasado 27 de mayo, en el blog de Hay Derecho, se publicó por sus editores un documento de propuestas que buscan desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (en adelante, CGPJ) mediante un método de selección basado en el sorteo. Estas ideas surgen, tras unas llamativas declaraciones de Vicente Guilarte, en un contexto donde la incapacidad de los políticos para alcanzar un consenso necesario ha llevado a un estancamiento que pone en riesgo la funcionalidad y la legitimidad del sistema judicial español. La iniciativa presentada por Hay Derecho responde a una necesidad urgente de renovación y reforma del CGPJ, como ha sido exigido por la Unión Europea, y pretende ofrecer una solución transitoria que permita salir del actual bloqueo institucional.

El CGPJ es un órgano crucial en el sistema judicial español, encargado de gobernar el Poder Judicial, garantizar la independencia de jueces y magistrados, y de velar por el correcto funcionamiento de la justicia. Sin embargo, su renovación se ha visto obstaculizada por la falta de acuerdo entre los partidos políticos, quienes no han logrado alcanzar las mayorías reforzadas necesarias para proceder con los nombramientos. Esta situación ha generado una parálisis en el CGPJ, que afecta no solo su capacidad de gestión, sino también la confianza pública en la independencia y eficiencia del sistema judicial. En este escenario, la propuesta de los editores de Hay Derecho pretende ofrecer una alternativa neutral y despolitizadora mediante el uso del sorteo para seleccionar a los nuevos miembros del CGPJ.

La propuesta contempla dos alternativas distintas para implementar el sorteo. La primera alternativa se construye sobre un proceso de preselección con descarte y posterior sorteo. En esta opción, se formarían bolsas de candidatos mediante un procedimiento de preselección y descarte parlamentario. Los candidatos serían inicialmente propuestos por los grupos parlamentarios de acuerdo a su representación en las Cortes Generales. Una vez formadas las bolsas, se llevarían a cabo audiencias parlamentarias y votaciones sucesivas para descartar a aquellos candidatos que no sean considerados idóneos. Este proceso culminaría con un sorteo entre los candidatos preseleccionados, garantizando así que el nombramiento final no dependa directamente de ningún partido político.

La segunda alternativa consiste en un proceso más directo, sin descartes previos. En este caso, los grupos parlamentarios presentarían sus candidatos directamente y se realizaría un sorteo entre todos ellos. Cada grupo presentaría un número de candidatos proporcional a su representación parlamentaria, y el sorteo se encargaría de elegir a los miembros finales del CGPJ de entre todos los postulados. Este método, más simplificado, busca evitar la politización del proceso y asegura que los nombramientos no estén controlados por los intereses partidistas.

(Imagen: Poder Judicial)

A pesar de la buena voluntad detrás de la propuesta, existen múltiples razones por las que esta idea podría no ser la mejor solución para el problema actual.

En primer lugar, el uso del azar introduce una dimensión de imprevisibilidad que podría, por pura casualidad, favorecer a un partido político sobre otro. Este resultado sería potencialmente injusto y podría generar percepciones de parcialidad, socavando la legitimidad del proceso y exacerbando las tensiones y desconfianzas ya existentes entre los partidos. En un contexto político tan polarizado como el actual, cualquier percepción de ventaja injusta podría llevar a un agravamiento de los conflictos y a una mayor desconfianza en el sistema.

En segundo lugar, la ciudadanía podría percibir el uso del sorteo como una medida improvisada y poco seria para abordar un asunto de tan gran relevancia como la composición del órgano de gobierno del Poder Judicial. Precisamente, la idea llegaría a ser contraproducente porque la percepción que generaría podría erosionar aún más la confianza pública en el sistema judicial y en las instituciones democráticas en general. La justicia no solo debe ser imparcial, sino también parecerlo, y el uso del sorteo podría ser visto como una solución de emergencia que no refleja una reflexión profunda y bien fundamentada sobre cómo resolver los problemas estructurales del CGPJ.

En tercer lugar, existe el riesgo de que el sorteo resulte en la selección de candidatos menos idóneos o preparados para los puestos. La competencia y la idoneidad de los miembros del CGPJ son cruciales para garantizar una Administración de Justicia eficaz y eficiente. La dependencia del azar no garantiza que los seleccionados sean los más competentes o adecuados, lo que podría comprometer la calidad de la gestión judicial. Si bien el sorteo puede parecer una solución neutral, no asegura que se elijan a los candidatos con la experiencia, conocimiento y habilidades necesarias para desempeñar sus funciones de manera efectiva.

En cuarto lugar, los partidos políticos, que hasta ahora han tenido una influencia significativa en el proceso de selección, podrían mostrar reticencia a aceptar un método que limita su capacidad de control sobre los nombramientos. Esta resistencia política podría dificultar la implementación de la propuesta y generar nuevos conflictos. Los partidos podrían ver el sorteo como una pérdida de poder e influencia, lo que llevaría a una oposición activa y a posibles bloqueos adicionales en el proceso de renovación del CGPJ.

En quinto lugar, aunque el objetivo declarado de la propuesta es despolitizar el CGPJ, el método del sorteo podría no resolver los problemas estructurales subyacentes que han llevado a la politización del órgano. El sorteo puede ser visto como una solución temporal y superficial que no aborda las raíces del problema. La crisis actual del órgano de gobierno de los jueces no solo se debe al bloqueo en los nombramientos, sino también a un sistema de selección que permite una aparentemente desproporcionada influencia política. Por lo tanto, una solución verdaderamente efectiva requeriría una reforma más profunda y estructural del sistema de nombramientos del CGPJ, siguiendo los criterios y recomendaciones de la Unión Europea para asegurar la independencia judicial.

El presidente del CGPJ, Vicente Guilarte. (Imagen: CGPJ)

En sexto y último lugar, es importante considerar el impacto que el método del sorteo podría tener en la percepción pública de la justicia. La justicia debe ser vista como un pilar sólido y fiable de la democracia, y cualquier medida que parezca azarosa o improvisada podría socavar esta percepción. El público necesita confiar en que los miembros del CGPJ son seleccionados en base a sus méritos y capacidades, no por azar. La confianza en el sistema judicial es fundamental para el funcionamiento de la democracia y el estado de derecho, y cualquier medida que la ponga en riesgo debe ser evaluada con extrema cautela.

Ciertamente, aunque la propuesta de Hay Derecho se presenta como una solución innovadora para un problema persistente, los riesgos asociados a la dependencia del azar, la percepción pública, la idoneidad de los seleccionados, el descontento político y el impacto en la independencia judicial sugieren que podría no ser la mejor opción, a pesar de la buena voluntad detrás de la idea. La complejidad del problema requiere soluciones que no solo sean rápidas y prácticas, sino también profundamente reflexionadas y estructuralmente sólidas para asegurar que el CGPJ pueda cumplir con su función de manera independiente y eficaz, manteniendo la confianza pública y cumpliendo con los estándares europeos.

En definitiva, la propuesta de los editores de Hay Derecho, aunque bien intencionada, debe ser analizada cuidadosamente en el contexto de sus posibles implicaciones y efectos a largo plazo. La solución al bloqueo del CGPJ no puede ser una medida temporal y superficial, sino una reforma profunda y estructural que garantice la independencia judicial y la confianza pública en el sistema de justicia. El desafío es grande, pero es crucial abordar este problema con soluciones que fortalezcan, en lugar de debilitar, la integridad y la legitimidad de nuestras instituciones democráticas.