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Práctica Jurídica

Modelo de oposición a demanda de desahucio por falta de pago fundado en vulnerabilidad económica y social del arrendatario

La familia ha agotado sus ahorros y no cuenta con apoyo económico externo, lo que ha exacerbado su situación de vulnerabilidad económica

(Imagen: E&J)

Tiempo de lectura: 4 min

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Práctica Jurídica

Modelo de oposición a demanda de desahucio por falta de pago fundado en vulnerabilidad económica y social del arrendatario

La familia ha agotado sus ahorros y no cuenta con apoyo económico externo, lo que ha exacerbado su situación de vulnerabilidad económica

(Imagen: E&J)



AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA [NÚMERO] DE [CIUDAD]

Procedimiento: Juicio de Desahucio por Falta de Pago



Autos Nº: [NÚMERO DE AUTOS]



Demandante: [NOMBRE DEL DEMANDANTE]

Demandado: [NOMBRE DEL DEMANDADO]



D./Dña. [NOMBRE DEL ABOGADO], Procurador de los Tribunales y de D./Dña. [NOMBRE DEL DEMANDADO], según tengo debidamente acreditado en autos, ante este Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que mediante el presente escrito, formulo OPOSICIÓN a la demanda de desahucio interpuesta por D./Dña. [NOMBRE DEL DEMANDANTE], basándome en los siguientes,

HECHOS

1. Identificación del Arrendatario y Contexto Familiar:

    • El arrendatario, [NOMBRE DEL ARRENDATARIO], con NIF [NÚMERO], reside en la vivienda objeto del contrato de arrendamiento desde [FECHA DE INICIO DEL ARRENDAMIENTO]. La vivienda está ubicada en [DIRECCIÓN COMPLETA DE LA VIVIENDA].
    • [NOMBRE DEL ARRENDATARIO] vive junto con su familia, compuesta por su cónyuge [NOMBRE DEL CÓNYUGE] y sus dos hijos menores de edad, [NOMBRE DEL HIJO 1] y [NOMBRE DEL HIJO 2].

2. Situación Económica y Social:

      • Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, [NOMBRE DEL ARRENDATARIO] ha sufrido una significativa reducción de ingresos debido a la pérdida de su empleo en [NOMBRE DE LA EMPRESA], donde trabajaba como [OCUPACIÓN].
      • La familia ha agotado sus ahorros y no cuenta con apoyo económico externo, lo que ha exacerbado su situación de vulnerabilidad económica. Esta situación ha sido certificada por los servicios sociales de [NOMBRE DEL MUNICIPIO], como se evidencia en el informe adjunto al presente escrito.

3. Intentos de Solución y Comunicación con el Arrendador:

        • [NOMBRE DEL ARRENDATARIO] ha intentado en repetidas ocasiones negociar un plan de pago ajustado a su capacidad económica actual con el arrendador, [NOMBRE DEL ARRENDADOR], sin obtener una respuesta favorable.
        • Se han realizado múltiples comunicaciones, tanto por escrito como verbales, en las cuales [NOMBRE DEL ARRENDATARIO] ha explicado detalladamente su situación económica y ha solicitado comprensión y apoyo temporal hasta que pueda estabilizar su situación laboral y económica.

4. Impacto Social y Familiar del Desahucio:

          • El desahucio de [NOMBRE DEL ARRENDATARIO] y su familia tendría un impacto devastador, no solo en términos de vivienda, sino también en la estabilidad emocional y educativa de sus hijos, quienes están escolarizados en instituciones cercanas a su actual residencia.
          • La ejecución del desahucio podría llevar a la familia a una situación de exclusión residencial, sin acceso a una vivienda adecuada, lo que contraviene los principios de protección a la familia y a la infancia recogidos en la normativa nacional e internacional sobre derechos humanos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Derecho a una Vivienda Digna y Adecuada

Conforme a lo establecido en la Constitución Española, se reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Este derecho fundamental debe ser protegido por los poderes públicos, quienes tienen la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, tal como se refleja en el artículo 47 de la Constitución Española.

2. Protección frente a Situaciones de Vulnerabilidad

La normativa vigente contempla medidas de protección para personas en situación de vulnerabilidad económica y social. Según el Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, se establecen procedimientos específicos para la protección de los arrendatarios frente a desahucios, incluyendo la posibilidad de suspensión del procedimiento cuando se acredite una situación de vulnerabilidad social y/o económica.

3. Principio de Proporcionalidad y Tutela Judicial Efectiva

El principio de proporcionalidad, consagrado en el ordenamiento jurídico español, exige que las medidas adoptadas por los poderes públicos no solo sean adecuadas y necesarias, sino también proporcionadas al fin que se pretende alcanzar. En este caso, el desahucio por falta de pago debe ser evaluado en el contexto de la situación de vulnerabilidad del arrendatario, ponderando la posibilidad de ofrecer alternativas que eviten la pérdida de la vivienda.

4. Legislación sobre Arrendamientos Urbanos y Protección de los Derechos de los Arrendatarios

La Ley de Arrendamientos Urbanos establece que, en casos de desahucio por falta de pago, el arrendatario puede evitar el desahucio mediante el pago de las cantidades debidas, siempre que no se haya producido con anterioridad un requerimiento judicial. Este mecanismo, conocido como enervación del desahucio, es una garantía para los arrendatarios que se encuentren en una situación puntual de dificultad económica.

5. Medidas de Emergencia Social y Alternativas Habitacionales

La legislación española contempla diversas medidas de emergencia social destinadas a proporcionar alternativas habitacionales a personas que enfrentan procedimientos de desahucio. Estas medidas están diseñadas para asegurar que, incluso en situaciones de emergencia económica, las personas no se vean privadas de un derecho básico como es el derecho a una vivienda.

6. Jurisprudencia Relativa a la Aplicación de Medidas de Protección en Casos de Desahucio

Aunque actualmente no dispongo de jurisprudencia específica, es importante destacar que los tribunales han aplicado de manera reiterada los principios de protección a personas vulnerables, interpretando las normas de manera que se maximice la protección de los derechos fundamentales de los individuos, especialmente en lo que respecta al derecho a una vivienda digna.

PETICIONES

Por lo expuesto,

SOLICITO AL JUZGADO que, teniendo por presentado este escrito junto con los documentos que se acompañan, se sirva admitirlo, y en méritos a los mismos, acuerde la suspensión del procedimiento de desahucio instado contra mi representado, D./Dña. [NOMBRE DEL DEMANDADO], por encontrarse en situación de vulnerabilidad económica y social, y en su caso, se adopten las medidas necesarias para asegurar una alternativa habitacional adecuada, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.

Es justicia que pido en [CIUDAD], a [FECHA].

Firma: [NOMBRE DEL ABOGADO] [NÚMERO DE COLEGIADO]

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