La Gaceta de Madrid publica la aprobación de la ley para regular el proceso penal al presidente de la República

El 8 de abril de 1933, la Gaceta de Madrid publicó la ley aprobada por las Cortes, el día uno del mismo mes, para regular cómo debía de tramitarse el proceso penal para exigir responsabilidad criminal al presidente de la República, por la infracción delictiva de sus obligaciones constitucionales. En aquel momento era presidente el procesalista Niceto Alcalá-Zamora, el Ministro de Justicia era Álvaro de Albornoz y, Liminiana, que había tenido un importante bufete en Oviedo.

La Ley era una consecuencia de lo dispuesto en la Constitución, que daba atribuciones al Pleno del Tribunal de Garantías, para conocer en única instancia las violaciones constitucionales efectuadas por el Presidente de Gobierno de la República. El acusador debía formar una Comisión de Diputados designados por el Congreso. La defensa con el nombre de Comisario lo podía nombrar el acusado.

El proceso era breve, dada la urgencia para, en su caso, declarar la nulidad de los Decretos y Órdenes ministeriales objeto del hecho delictivo que se imputaba, aunque el Tribunal de Garantías podía suspenderlo cautelarmente. La sentencia la ejecutaba el Ministro de Justicia de forma inmediata.

Para cualquier otra acción que pudiera ser punible, distinta de la señalada, habría que esperar a que el presidente terminara su mandato y sería enjuiciado y juzgado por el Tribunal Supremo en Pleno como se había establecido en la Ley Provisional de Organización de los Tribunales de 1870, aunque en ella se incluían Magistrados, Ministros y Presidentes de las Cortes, no se mencionaba al Presidente del Gobierno. En la Ley de 1933 se le dedicó el Titulo 11 de la norma.

En el primer bienio de la Segunda República (1931-1933) se demostró la voluntad de la coalición, formada por socialistas y republicanos de izquierdas, al introducir mejoras para modernizar el país. Los otros bienios terminaron con el levantamiento militar de 1936.

Abril debe ser recordado porque, por vez primera en la historia de España, las mujeres mayores de 23 años pudieron ejercer su derecho al voto y así lo hicieron masivamente en las elecciones del día veintitrés.

Para saber más: Constitución de la República, 9.12.1931 y Ley Defensa República de 21.10.1931