El Supremo rebaja de ocho a seis años la condena al expresidente de Pescanova
Manuel Fernández de Sousa-Faro y la empresa deberán indemnizar con más de 125 millones de euros a los inversores
Manuel Fernández de Sousa-Faro (Foto: El Progreso)
El Supremo rebaja de ocho a seis años la condena al expresidente de Pescanova
Manuel Fernández de Sousa-Faro y la empresa deberán indemnizar con más de 125 millones de euros a los inversores
Manuel Fernández de Sousa-Faro (Foto: El Progreso)
El tribunal Supremo ha dictado sentencia en el conocido como Caso Pescanova y ha rebajado de ocho a seis años la pena de cárcel que la Audiencia Nacional impuso al presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa-Faro. Este cambio se basa en que el ex responsable de la empresa ha sido finalmente absuelto de los delitos de estafa y falsedad documental.
En este caso también le ha sido aplicada la atenuante de dilaciones indebidas. Desde que se inició el procedimiento hasta el dictado de la sentencia de la Audiencia Nacional pasaron aproximadamente siete años.
El Supremo ha ratificado, no obstante, la parte de la sentencia de la Audiencia Nacional en la que se consideraba a Fernández de Sousa-Faro autor de un delito continuado de falsedad en las cuentas anuales en concurso medial con un delito también continuado de falseamiento de información económica y financiera, así como por delito de alzamiento de bienes.
Asimismo, el Alto Tribunal entiende que el exdirectivo, de manera solidaria con la propia Pescanova, tiene que indemnizar con más de 125 millones de euros a los inversores perjudicados, tanto compañías como particulares.
La Audiencia Nacional también condenó a otros 11 miembros de la cúpula directiva con penas que oscilan entre los seis meses a los tres años y medio de prisión al entender que habían cometido delitos de falsedad en las cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, alzamiento de bienes, falsedad en documento mercantil y estafa agravada.
En el auto que se ha conocido hoy, el Supremo confirma en gran parte esta sentencia, si bien los absuelve de los delitos de falsedad en documento mercantil y estafa al entender que no han sido debidamente acreditados. Esto trae consigo una reducción de las penas.
De este modo, en el caso del que fuera director financiero Antonio Taboas, su condena pasa de tres años y seis meses a un año y tres meses. Por otra parte, se mantienen también las condenas, como cooperadores necesarios del delito de falsedad en las cuentas anuales, de varios ejecutivos de la compañía, aunque se les impone menos pena al considerar que en ellos no concurran las condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del autor.
Por otra parte, el Supremo también ha modificado la parte de la sentencia de la Audiencia Nacional en la que se señalaba BDO Auditores, la firma que auditó las cuentas de Pescanova y Mapfre, en su calidad de aseguradora de la auditora, como responsables civiles de la actuación de Pescanova. En ambos casos han sido absueltas.
Sobre la labor del auditor externo, el Supremo señala que la argumentación sobre la “relajación en el ejercicio de sus funciones”, “descuido” o “impericia profesional” no sirve para condenar por un delito, si no existe acreditada una conducta “esencialmente dolosa”.
Un escándalo empresarial
Con la sentencia de hoy se cierra un escándalo que comenzó hace ya diez años y que ha supuesto una de las mayores quiebras empresariales de España. En 2013, Pescanova no presentó las cuentas anuales del ejercicio anterior ante el Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esto provocó que empezaran a conocerse operaciones que no se correspondían con las cuentas presentadas por la compañía.
Entre 2007 y 2013, Pescanova llevó a cabo una serie de inversiones en acuicultura (construcción de granjas marinas para la cría del salmón, langostino y rodaballo) y en compañías en Sudamérica o África, que ascendieron a más de 830 millones de euros. Los proyectos salieron mal y provocaron un gran socavón en las cuentas de la sociedad.
Según quedó reflejado en su día en la sentencia de la Audiencia Nacional, Fernández de Sousa-Faro planeó con un grupo de directivos de la compañía una serie de mecanismos para seguir disfrutando de los créditos externos que tenían por el esfuerzo inversor en años anteriores.
Los gestores de Pescanova manipularon sus cuentas anuales y otros documentos oficiales para reflejar una situación financiera irreal que les permitiera seguir captando nuevos inversores. Además, crearon una serie de empresas ficticias con las que simularon operaciones de compraventa de pescado que les permitió contratar pólizas de crédito. Todas estas operaciones de compraventa inexistentes se plasmaron en la contabilidad de Pescanova sin que la auditora incluyera salvedad alguna en sus informes sobre la cuenta de resultados.