La jubilación del magistrado Miguel Colmenero deja 22 vacantes en el Tribunal Supremo

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy la jubilación del magistrado Miguel Colmenero de la Sala de lo Penal del Supremo, que hasta ahora era la única que en el alto tribunal que se mantenía al completo. Con esta jubilación son ya 22 los puestos que quedan vacantes en el tribunal.

El Ejecutivo modificó en marzo de 2021 la Ley Orgánica del Poder Judicial para impedir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hacer nombramientos mientras esté en funciones, situación en la que se mantiene desde 2018. Esto ha hecho que a las 22 bajas que se han producido en el Supremo haya que sumar 33 en Tribunales Superiores, 24 en Audiencias Provinciales y una en la Audiencia Nacional, lo que eleva a 80 las plazas sin cubrir.

La salida de Colmenero deja la Sala de lo Penal con 14 magistrados. Según recoge la Ley de Demarcación y de Planta Judicial, esta sala debería estar compuesta por 15: un presidente y 14 magistrados. La situación de esta Sala, sin embargo, dista mucho de ser la peor.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo cuenta con 21 de los 33 que debería de tener y en 2023 espera una nueva jubilación; la de lo Social, con ocho de los 13 que le corresponde, la Sala de lo Civil tiene ocho de los 10 magistrados que establece la ley y lo Militar tiene seis de los ocho magistrados que debería tener y en septiembre contará con uno menos.

Tribunal Supremo. (Foto: FA)

Cuatro años en funciones

Lo peor de todo es que, al menos a corto plazo, este problema no tiene visos de solución. El CGPJ lleva en funciones desde 2018 ante la imposibilidad de que los dos principales partidos, PSOE y PP, lleguen a un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces.

Dado que el CGPJ no puede hacer nombramientos en la situación actual, mientras que no haya un acuerdo para la renovación, no pueden ser cubiertas las bajas que se produzcan en los diferentes órganos jurisdiccionales.

Las posibilidades de acuerdo son, además, lejanas, habida cuenta de que a lo largo de ese año hay elecciones municipales y autonómicas el 28 de mayo y generales a final de año, una etapa más propicia para la confrontación política que para el acuerdo.

Como España va a acceder a la presidencia rotaria de la Unión Europea el próximo 1 de julio, se especuló con que el Gobierno haría lo necesario para cerrar un acuerdo y no llegar a ese momento con el CGPJ en funciones, pero finalmente no ha sido así.

Ante la falta de iniciativa por parte de los políticos para solucionar la situación, desde el propio CGPJ se han intentado dar pasos para buscar una salida, pero el acuerdo no ha sido posible.

Pleno del Consejo General del Poder Judicial. (Foto: CGPJ)

Sin acuerdo en el CGPJ

El pasado mes de febrero, el Pleno del CGPJ se reunió en sesión extraordinaria para analizar dos propuestas que abrieran la posibilidad de desbloquear la situación. La reunión tenía por objeto abordar la situación institucional en la que se encuentra el órgano de gobierno de los jueces, así como las disfunciones y consecuencias que ello genera en la cúpula judicial.

La primera de las propuestas en ser debatida y sometida a votación fue la elevada al Pleno por la Comisión Permanente, en la que se proponía remitir al Congreso y al Senado el informe del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo sobre el impacto que para la actividad de cada Sala provoca la imposibilidad legal de efectuar nombramientos discrecionales. Este informe había sido aprobado por la Sala de Gobierno del alto tribunal el 16 de enero; así como el informe de los servicios técnicos del CGPJ en relación con las vacantes existentes en la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales.

El texto instaba al Congreso y al Senado a proveer lo necesario para la inmediata renovación del Consejo y, en caso de no producirse ésta, a devolver al órgano de gobierno de los jueces la competencia para efectuar nombramientos discrecionales.

La segunda de las propuestas, de los vocales Enrique Lucas y Gerardo Martínez Tristán, también instaba al Congreso y al Senado a proceder a la inmediata renovación del Consejo o a la devolución a éste de sus competencias para efectuar nombramientos discrecionales. Sin embargo, introducía un matiz que la diferenciaba de la de la Comisión Permanente: que se habilitara al CGPJ para efectuar los nombramientos discrecionales que permitan cubrir, a propuesta motivada de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, el mínimo de vacantes necesario para garantizar el normal funcionamiento de sus distintas Salas.

Más reciente fue el órdago planteado por el vocal progresista Álvaro Cuesta a sus compañeros de grupo para que dimitieran de sus cargos y forzaran así la renovación del Consejo, pero la propuesta no salió adelante.